Fernanda Durán
La LXIV Legislatura cerró su segundo año de ejercicio legal con 357 de las 499 iniciativas presentadas durante el periodo todavía sin procesar, equivalentes al 71.5 por ciento, mientras que las cabezas de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial coincidieron durante la presentación del informe en presumir el diálogo, los consensos y la falta de confrontación entre instituciones como parte de un modelo de gobernabilidad, a pocos meses del proceso electoral de 2027.
De acuerdo con la numeralia del Congreso, con corte al 2 de septiembre, durante el segundo año se presentaron 499 iniciativas y se procesaron 142, es decir, 28.5 por ciento de las propuestas ingresadas en ese lapso. A estas se sumaron 144 iniciativas pendientes desde el primer año que fueron dictaminadas durante el segundo.
En total, por lo tanto, se avanzó en 286 iniciativas, pero prácticamente la mitad de ellas (el 50.3 por ciento) correspondían a asuntos heredados del ejercicio anterior.
Frente a estas cifras, la presidenta de la Directiva, Sara Rocha Medina, sostuvo que la productividad del Congreso no debe evaluarse solamente por el volumen de asuntos resueltos.
“La verdadera eficiencia de un parlamento no puede medirse únicamente por la cantidad de asuntos que resuelve, sino por su capacidad para convertir las diferencias en decisiones útiles y las necesidades sociales en mejores leyes”.
Rocha afirmó que la construcción de acuerdos entre las siete fuerzas políticas representadas en el Congreso no significó la desaparición del debate. Señaló que hubo “debates intensos, coincidencias y desacuerdos”, y sostuvo que durante su presidencia se buscó garantizar condiciones para que las distintas posiciones pudieran expresarse.
En su balance, defendió como signo de “madurez política” la posibilidad de recomponer el diálogo después de las diferencias.
“La buena política es aquella en la que [no] desaparecen las diferencias, sino aquella que sabemos procesarlas con respeto y convencidos que logramos acuerdos. Es poder volver a dialogar después de una diferencia, volver a construir después de una crisis, volver a mirarnos con respeto después de una votación álgida”.
El mismo argumento sobre la coordinación entre poderes fue retomado por el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, quien acudió en representación del gobernador Ricardo Gallardo Cardona y presentó la ausencia de choques institucionales como una característica positiva del actual esquema político.
“Se equivocan quienes se decepcionan de la ausencia de conflicto. No hay. No puede haber encono entre poderes cuando lo que se premia es el interés público”.
Torres Sánchez definió esta relación como “el modelo de gobernanza democrática” asumido por el Ejecutivo estatal y sostuvo que la división de poderes debe entenderse también como una “división de funciones”, en la que cada institución conserva atribuciones distintas pero comparte un mismo objetivo.
La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, coincidió en la utilidad del diálogo institucional, aunque introdujo una precisión sobre los límites de esa coordinación.
“Desde el Poder Judicial creemos en una relación institucional en la que podamos dialogar sin comprometer nuestra independencia”.
Añadió que el intercambio entre quienes elaboran las leyes y quienes deben interpretarlas y aplicarlas puede contribuir a mejorar la legislación, siempre dentro de las responsabilidades constitucionales que corresponden a cada poder.
En términos cuantitativos, entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, el Congreso reportó la expedición de más de 300 decretos durante el periodo y la modificación de 69 leyes, códigos y reglamentos, algunos de ellos en más de una ocasión.
También informó de 72 sesiones plenarias y 16 de la Diputación Permanente, para un total de 88, además de las reuniones de las distintas comisiones, mesas de trabajo y foros.
Durante las sesiones plenarias fueron recibidos 2 mil 335 asuntos de correspondencia, posteriormente turnados a las comisiones correspondientes, y se presentaron 84 puntos de acuerdo.
Dentro de los resultados contabilizados se encuentran ocho minutas federales para avalar modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 18 dictámenes relacionados con reformas a la Constitución local.
Las minutas federales abarcaron temas como extorsión, feminicidio, reducción de la jornada laboral a 40 horas, límites a jubilaciones y pensiones de entidades públicas, reducción de privilegios, nulidad electoral por intervención extranjera, ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional y una modificación a la reforma del Poder Judicial.
En el ámbito estatal, el informe destacó modificaciones relacionadas con personas cuidadoras; derechos de pueblos y comunidades indígenas; protección animal; seguridad pública; salario mínimo para policías municipales; materia electoral; Sistema Estatal Anticorrupción; Poder Judicial; transparencia, y requisitos para la titularidad de la Fiscalía General del Estado.
La coordinación defendida durante los discursos también tuvo una expresión concreta en la agenda legislativa. Torres Sánchez informó que 11 iniciativas enviadas por el Ejecutivo estatal durante el último año fueron aprobadas por el Congreso y se convirtieron en legislación vigente.
Entre ellas mencionó la remuneración mínima para policías municipales, reformas relacionadas con publicidad engañosa en servicios educativos, la entrega de inmuebles para proyectos del IMSS-Bienestar y la Universidad Nacional Rosario Castellanos, así como la creación del distintivo “Hecho en San Luis Potosí”.
El secretario sostuvo que esos resultados demostraban la utilidad de la coordinación entre poderes, mientras que Rocha afirmó que los acuerdos construidos no significaron eliminar las diferencias políticas.
La numeralia, no obstante, deja pendiente una parte considerable de la agenda que llegó al Congreso. Por cada diez iniciativas presentadas durante el segundo año, menos de tres habían sido procesadas al corte del informe y más de siete permanecían pendientes según su numeralia, ya que la gaceta donde se puede corroborar la información no ha sido actualizada desde hace casi tres meses.
El consenso frente al año electoral
La defensa de la coordinación institucional adquirió además un tono político ante la cercanía del proceso electoral de 2027. Torres Sánchez advirtió que San Luis Potosí se encuentra “en el umbral de un año electoral” y pidió a la clase política actuar con prudencia ante el incremento natural de las diferencias partidistas.
“El proceso electoral es un momento de tensión natural en las democracias maduras. Es el momento en que las aspiraciones se aceleran, los ánimos se caldean y las diferencias se vuelven, a veces, más estridentes de lo que el interés público aconseja”.
El secretario señaló que el debate público debe permitir todas las posiciones, incluidas las que cuestionan a la mayoría, pero llamó a evitar que la disputa política genere incertidumbre y división derivadas de decisiones políticas equivocadas y de intereses colocados por encima del bien común.
“Ante ese escenario, la clase política de San Luis Potosí tiene un compromiso con la historia y una responsabilidad moral con la ciudadanía. La obligación de todos quienes tenemos el privilegio de ejercer una función pública es actuar con prudencia política, con responsabilidad social y con un profundo sentido democrático. La incertidumbre política destruye inversiones, divide el desarrollo, divide las sociedades y siembra desconfianza entre los ciudadanos”.
