Por Victoriano Martínez
Lo que mal empieza, lo más probable es que siga mal.
Los fraccionamientos Ojaranza, Fuerte Ventura, Forja Real, Cimera Residencial y Loma Real, entre otros, empezaron con la invasión de una superficie de 650 mil metros cuadrados en la comunidad de San Marcos Carmona, en el municipio de Mexquitic.
No respetaron el territorio de la comunidad que, recientemente, ha sido reconocida como comunidad indígena chichimeca.
No respetaron su hábitat al destruir y contaminar el río Calabacillas que abastece a los habitantes de San Marcos Carmona de agua, incluso para uso doméstico.
No respetaron el medio ambiente al instalar vertederos de aguas negras sobre el mismo río.
No respetaron, con la confabulación de las autoridades estatales, una suspensión de plano en un juicio de amparo promovido por los comuneros.
Ni siquiera fueron capaces de respetar las normas de construcción al iniciar obras sin contar con los permisos correspondientes.
Al menos así quedó exhibido cuando, el 19 de octubre de 2020, ante el reclamo de los comuneros por la construcción de un puente vehicular, a Juan Carlos Guerra, quien dijo estar a cargo de la obra, se le escapó decir que aún esperaban el permiso para construir, pese a que los trabajos ya habían iniciado.
¿No se respetó a la autoridad o se trató de un indicio de una relación de corrupción con ésta en perjuicio de la comunidad de San Marcos Carmona?
El caso es que en los últimos siete años en más de una ocasión ha quedado expuesto el respaldo de las autoridades a los fraccionadores en perjuicio de los derechos de los indígenas de San Marcos Carmona.
Una serie de fraccionamientos que comenzaron con pasar por encima de los habitantes de San Marcos Carmona, incluido el despojo de sus tierras.
“No compren problemas”, advirtieron en julio de 2020 los comuneros de San Marcos Carmona a quienes comenzaban a poblar los fraccionamientos que tenían en su origen un procedimiento violatorio de sus derechos.
¿Qué podría hacer pensar que desarrolladores inmobiliarios y constructores sin escrúpulos confabulados con autoridades irresponsables les garantizaban a los compradores de vivienda –el otro extremo del multimillonario negocio– los servicios básicos a los que tienen derechos?
“El acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano reconocido en el artículo 4.º de la Constitución mexicana. Su garantía no puede quedar sujeta a la falta de coordinación entre empresas inmobiliarias, desarrolladores y autoridades municipales”, hoy los habitantes de los fraccionamientos Fuerteventura, Forja Real y aledaños se ven obligados a reclamar.
Los compradores de buena fe de los fraccionamientos edificados sobre actos de mala fe en perjuicio de los comuneros de San Marcos Carmona enfrentan desde hace tres años lo que podría considerarse la secuencia lógica que una actitud que privilegia la ganancia sobre la legalidad (despojo de tierras) y, ahora, por encima de la garantía de los servicios.
