Fernanda Durán
Con 22 votos a favor y por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley para la Atención y Protección de las Personas con la Condición del Espectro Autista, mediante la cual se creará un Consejo Consultivo Auxiliar que permitirá incorporar a personas autistas y organizaciones de la sociedad civil en la planeación y propuesta de políticas públicas relacionadas con su atención, inclusión y protección de derechos.
El nuevo organismo estará integrado por al menos ocho representantes de organizaciones civiles o personas con autismo, quienes podrán plantear programas, estrategias y acciones en materias como salud, educación, movilidad y accesibilidad, además de participar en las reuniones de la Coordinación Interinstitucional encargada de aplicar la legislación estatal.
Sin embargo, el Consejo tendrá funciones de asesoría y acompañamiento, por lo que no contará con facultades para ejecutar directamente programas gubernamentales ni para tomar decisiones vinculantes sobre las políticas públicas que proponga.
La reforma, impulsada originalmente por Javier López Rodríguez, padre de una menor con autismo de Matehuala cuya familia ha denunciado durante años la falta de atención institucional, incorpora los artículos 10 Bis y 10 Ter a la legislación estatal y elimina el último párrafo del artículo 10, que contemplaba únicamente la participación de dos representantes de organizaciones no gubernamentales como invitados permanentes.
Con la nueva disposición, la representación ciudadana se organizará mediante un Consejo Consultivo que funcionará como órgano auxiliar de la Coordinación Interinstitucional para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, instancia vinculada a la Secretaría de Salud del Estado y conformada por distintas dependencias públicas.
De acuerdo con el decreto aprobado, los integrantes del Consejo serán seleccionados mediante una convocatoria abierta que deberá realizar la propia Coordinación Interinstitucional, considerando la participación de organizaciones de la sociedad civil y representantes de personas autistas.
La intención es incorporar distintas perspectivas sobre las necesidades de esta población en las regiones del estado, particularmente en aquellos ámbitos donde las familias enfrentan dificultades para acceder a servicios especializados, educación inclusiva y apoyos institucionales.
Una vez conformado, el Consejo elegirá por mayoría de votos a su presidente, quien permanecerá en el cargo durante un año bajo un esquema de presidencia rotativa. También designará a una persona responsable de la Secretaría de Actas.
Sus integrantes no recibirán remuneración por desempeñar estas funciones, aunque quienes deban trasladarse desde el interior del estado podrán recibir viáticos para cubrir gastos de transporte y estancia.
El organismo deberá celebrar reuniones ordinarias y podrá convocar sesiones extraordinarias cuando existan asuntos que requieran atención. En estas reuniones participarán también la presidencia y la Secretaría Técnica de la Coordinación Interinstitucional, con la finalidad de mantener comunicación entre las autoridades y los representantes ciudadanos.
Entre sus atribuciones se encuentra asesorar a la Coordinación en asuntos relacionados con el autismo, colaborar en el diseño e implementación de políticas públicas, proponer programas y mecanismos de atención, así como emitir opiniones técnicas cuando sean solicitadas por las autoridades.
También podrá promover la realización de foros, encuentros, conferencias, estudios e investigaciones sobre el espectro autista, con el propósito de aportar información para la elaboración de estrategias institucionales.
Una de las disposiciones establece que la presidencia del Consejo y otros tres de sus integrantes podrán asistir a las sesiones de la Coordinación Interinstitucional, donde tendrán derecho a voz, pero no a voto.
Esto significa que podrán presentar propuestas, expresar observaciones y participar en las discusiones sobre las acciones gubernamentales, aunque las decisiones formales continuarán correspondiendo a los integrantes de la Coordinación.
La iniciativa que dio origen a esta reforma fue presentada el 9 de junio de 2026 por Javier López Rodríguez, padre de Matilde, una menor con autismo cuyo caso fue expuesto ante el Congreso del Estado desde julio de 2024.
En aquella ocasión, Javier y Margarita Carmona Puente denunciaron ante la Comisión de Salud que en Matehuala no existían políticas públicas suficientes para atender a las personas autistas, particularmente en materia de salud y educación.
Los padres señalaron que su hija enfrentaba dificultades para recibir atención médica especializada, obtener medicamentos y acceder a una educación adecuada a sus necesidades, debido a la falta de personal capacitado y de mecanismos efectivos de inclusión.
La familia también promovió el juicio de amparo 469/2022, relacionado con la negativa de distintas autoridades a proporcionar servicios médicos, terapias, medicamentos y traslados para la atención de la menor.
En agosto de 2025, el caso volvió al Congreso mediante un punto de acuerdo presentado por el diputado Tomás Zavala González, quien solicitó al Ayuntamiento de Matehuala, los Servicios de Salud del Estado y el Hospital General de ese municipio cumplir una sentencia judicial favorable a la niña, cuyo incumplimiento fue denunciado en el documento legislativo.
Posteriormente, Javier López presentó una iniciativa para modificar la estructura de participación ciudadana prevista en la legislación estatal sobre autismo, al considerar que los mecanismos institucionales existentes no habían logrado traducirse en políticas públicas efectivas.
En su exposición de motivos sostuvo que la legislación en la materia no había tenido resultados tangibles para la población autista y atribuyó parte del problema a la falta de operatividad de los organismos encargados de coordinar su atención.
Su propuesta original contemplaba otorgar autonomía administrativa a la instancia responsable de estas políticas, incorporar una representación ciudadana por municipio y establecer una mayor participación del Congreso del Estado en su funcionamiento.
No obstante, durante el análisis legislativo, la Comisión de Derechos Humanos determinó mantener la estructura actual de la Coordinación Interinstitucional y crear, en su lugar, un organismo consultivo que complementara sus funciones.
La comisión argumentó que una representación de 59 integrantes resultaría compleja para su funcionamiento, por lo que estableció un mínimo de ocho representantes, seleccionados mediante convocatoria abierta.
Participación ciudadana, pero sin facultades de decisión
Aunque la reforma amplía los mecanismos de participación de las personas autistas y organizaciones civiles, el nuevo Consejo no sustituirá a la Coordinación Interinstitucional ni asumirá sus atribuciones.
Las dependencias estatales conservarán la responsabilidad de diseñar, coordinar y ejecutar las políticas públicas, mientras que el Consejo tendrá la posibilidad de formular propuestas, aportar información sobre las necesidades de la población y participar en el análisis de las acciones gubernamentales.
La modificación tampoco establece la creación obligatoria de centros especializados, la contratación de personal médico o educativo, ni la asignación de un presupuesto específico para programas de atención al autismo.
La reforma incorpora un nuevo mecanismo de consulta y participación ciudadana a la legislación estatal, cuya operación dependerá de la convocatoria para integrar el Consejo, su instalación y la coordinación que mantenga con las instituciones responsables de atender a las personas autistas en San Luis Potosí.
