Fernanda Durán
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) tomaron las instalaciones este lunes 9 de noviembre para exigir atención a un caso de presunta violencia contra una alumna y el cumplimiento de los acuerdos establecidos durante las movilizaciones universitarias de 2025, particularmente aquellos relacionados con la prevención del acoso, la protección de las víctimas y la transparencia de los procedimientos institucionales.
La protesta se desarrolló después de que circulara información en redes sociales sobre la presunta falta de acompañamiento a una estudiante que, desde finales de octubre, había solicitado la intervención de las autoridades universitarias por una situación de violencia ocurrida dentro de la Facultad.
Durante la jornada, los manifestantes colocaron cartulinas en los accesos del plantel con mensajes como “Mucho comunicado, pocas acciones”, “Exigimos transparencia”, “Ha muerto la autonomía” y “La violencia no tiene lugar en nuestra facultad”.
Otros señalamientos estuvieron dirigidos directamente a la dirección de la Facultad, encabezada por Gabriela Palestino, con consignas como “La FCQ encubre y silencia a sus estudiantes”, “La UASLP vende mentiras, no educación” y “FCQ no cumple lo tratado”.
La movilización provocó la interrupción de actividades en el plantel y, de acuerdo con información difundida durante la protesta, surgieron versiones de que personal docente y administrativo permanecía dentro de las instalaciones por indicaciones de la dirección, pese a que los estudiantes habrían solicitado su retiro.
Hasta la tarde de este lunes, algunos estudiantes permanecen en las instalaciones como parte de la protesta.
Estudiantes cuestionan atención a una denuncia presentada en octubre
El caso que detonó los nuevos señalamientos fue retomado por el Comité de Acción y Seguimiento Estudiantil (CASE), organización surgida en el contexto de las movilizaciones universitarias de 2025, que el pasado 7 de noviembre difundió un comunicado para cuestionar el cumplimiento de los compromisos asumidos por la UASLP hace un año.
En el documento, el comité informó que durante octubre una estudiante de Ciencias Químicas atravesó una situación de violencia dentro de las instalaciones universitarias, pero aseguró que no recibió una notificación institucional sobre lo ocurrido ni fue convocado a conocer las medidas de atención y seguimiento adoptadas.
El CASE también hizo público un señalamiento atribuido al testimonio de la estudiante, según el cual una de las respuestas recibidas por parte de la dirección habría sido: “Aléjate del compañero y te sugerimos recibir atención psicológica inmediata”.
El comité cuestionó que una recomendación de esta naturaleza pudiera considerarse suficiente para atender una denuncia de violencia, pues sostuvo que el acompañamiento psicológico debe complementarse con medidas de protección, procedimientos institucionales y seguimiento a los hechos.
Asimismo, recordó que entre los acuerdos establecidos tras las movilizaciones de 2025 se contemplaba la creación de un Registro Único de Casos y Sanciones, con supervisión colegiada y participación del CASE, además de mecanismos para garantizar transparencia en la atención de denuncias sin revictimizar a las personas involucradas.
El comité también reclamó espacios de diálogo, rendición de cuentas y participación estudiantil en la supervisión de los compromisos adquiridos.
Ante la difusión del caso, la dirección de la Facultad de Ciencias Químicas emitió un comunicado en el que aseguró que la estudiante recibió atención institucional desde finales de octubre, cuando acudió a la coordinación de su programa educativo para solicitar orientación.
De acuerdo con la dirección, en ese momento se activó el Protocolo Institucional de Atención (PASE) y comenzó el seguimiento coordinado con la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU).
La Facultad sostuvo que durante el mismo mes se informó a la estudiante sobre las acciones emprendidas, sus alcances y las medidas para protegerla, además de ofrecerle acompañamiento.
Respecto al señalamiento difundido en redes sociales sobre la supuesta recomendación de alejarse del compañero involucrado y recibir atención psicológica, la dirección rechazó haber dado esa instrucción.
También aseguró que las medidas de protección establecidas por la Defensoría continúan vigentes y que la dirección se mantiene pendiente de su cumplimiento.
Sin embargo, el comunicado no detalla cuáles son estas medidas, qué acciones específicas se han realizado ni cuál es la situación académica de las personas involucradas.
La dirección justificó la reserva de esta información en la necesidad de proteger la privacidad y dignidad de la alumna, así como evitar posibles afectaciones derivadas de la difusión de datos sobre su atención individual.
Además, pidió a la comunidad universitaria evitar compartir información no verificada que pueda perjudicar a cualquiera de las personas relacionadas con el procedimiento.
Por separado, la Defensoría de los Derechos Universitarios informó que recibió una solicitud de intervención de la estudiante durante la última semana de octubre, con el propósito de obtener acciones para garantizar sus derechos dentro de la Universidad.
Según el organismo, el caso fue atendido mediante el nuevo Protocolo PASE, aprobado por el Consejo Directivo Universitario en julio de 2026, como parte de los mecanismos de prevención, atención y seguimiento de situaciones de violencia.
La Defensoría precisó que brindó orientación jurídica de primer contacto, dictó medidas de protección a favor de la estudiante y le ofreció atención psicológica.
También aseguró que la alumna fue informada sobre las gestiones realizadas y que la dirección de la Facultad participó en la aplicación de las medidas correspondientes.
Respecto al estado del procedimiento, informó que “el expediente se encuentra en proceso de resolver su conclusión administrativa”, aunque aclaró que las medidas de protección permanecen vigentes y podrán mantenerse mientras subsistan las condiciones que justifican su aplicación.
Aunque no precisa si se ha determinado alguna responsabilidad o si se inició un procedimiento sancionador contra la persona señalada.
Reclaman cumplimiento de compromisos adquiridos desde 2025
La protesta de Ciencias Químicas también retomó las demandas relacionadas con los mecanismos de atención a la violencia universitaria que formaron parte de los pliegos petitorios presentados durante el paro estudiantil del año pasado.
En su pronunciamiento, el CASE sostuvo que, a un año de aquellas movilizaciones, persisten preocupaciones sobre el cumplimiento de los acuerdos para prevenir y atender situaciones de violencia, acoso y hostigamiento.
Entre sus exigencias se encuentran la transparencia de los procedimientos, la aplicación efectiva de los protocolos, el seguimiento de los compromisos institucionales y la existencia de espacios formales de diálogo y rendición de cuentas.
La organización también cuestionó que no se le hubiera informado sobre el caso de Ciencias Químicas, pese a los compromisos de participación estudiantil en los mecanismos de supervisión establecidos anteriormente.
Por su parte, la Defensoría sostuvo que el nuevo Protocolo PASE incorporó propuestas planteadas durante las movilizaciones de 2025 y que establece procedimientos para atender este tipo de situaciones.
