Fernanda Durán
La diputada de Morena, Nancy Jeanine García Martínez, cuestionó desde la tribuna del Congreso del Estado la incongruencia de promover iniciativas ambientales sin respaldar sanciones ni atender las afectaciones denunciadas en la Sierra de San Miguelito. Aunque no mencionó al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), sus críticas se produjeron en una Legislatura donde este partido encabeza la principal fuerza parlamentaria y con quien tuvieron diferencias de votación este martes.
Durante su intervención en asuntos generales, la presidenta de la Comisión del Agua e integrante de la Comisión de Ecología recordó que ha presentado iniciativas para proteger las zonas de recarga hídrica y otros recursos naturales, por lo que consideró necesario pronunciarse ante la incursión de maquinaria pesada en el área protegida, en congruencia con su trabajo legislativo y con la lucha de ejidatarios y colectivos que impulsaron su conservación.
El posicionamiento ocurrió después de que autoridades de Guadalupe Victoria y su Anexo La Cruz denunciaron que Jaguar Ingenieros Constructores abrió un camino sin autorización ejidal en las inmediaciones del Santuario del Desierto, dentro del polígono de la Sierra de San Miguelito.
García Martínez recordó que la declaratoria de Área Natural Protegida, emitida durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue resultado de años de movilización social y lamentó que esa defensa del territorio parezca estar quedando relegada.
“No podemos ser incongruentes a que presentemos propuestas pseudoambientales, pseudoecologistas, si no es con congruencia con la realidad o en la praxis”.
La legisladora también señaló que las propuestas ambientales deben contemplar medidas para sancionar los daños y cuestionó la resistencia que, según afirmó, encuentran estas disposiciones dentro del Congreso.
“Casualmente aquí las iniciativas cuando van con reglamentos, con sanciones, no son muy bien vistas”, expresó.
Asimismo, puso en duda los intereses que podrían estar favoreciendo las intervenciones denunciadas en la Sierra y cuestionó a quiénes se protege mientras continúa la operación de maquinaria pesada en el territorio.
Aunque aclaró que no está en contra del desarrollo, sostuvo que cualquier proyecto debe realizarse con planeación, sustento técnico y participación de los sectores sociales y académicos.
Finalmente, insistió en que su responsabilidad como presidenta de la Comisión del Agua y promotora de iniciativas ambientales le impide guardar silencio ante las afectaciones denunciadas. Sin embargo, su intervención no incluyó un exhorto específico a las autoridades, una propuesta para detener las obras ni el anuncio de nuevas acciones legislativas.
Por su parte, Guardianes de la Sierra de San Miguelito y las autoridades ejidales han solicitado la intervención de instancias federales para frenar los trabajos y prevenir posibles enfrentamientos derivados de las disputas territoriales.
