María Ruiz
La extorsión se colocó como el principal delito que afecta a las unidades económicas de San Luis Potosí durante 2025, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que también estimó en 45 mil 018 pesos el costo promedio del delito por establecimiento en la entidad.
El panorama contrasta con los registros que reporta la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, cuyo titular, Juan Antonio Villa Gutiérrez, aseguró que la corporación no tiene denuncias formales por extorsión directa o cobro de piso contra establecimientos comerciales, pese a mantener comunicación con pequeños y grandes negocios.
Ante estos resultados, Villa Gutiérrez sostuvo que, en el ámbito municipal, las atenciones relacionadas con extorsión se concentran principalmente en llamadas telefónicas y no en exigencias directas de dinero a comerciantes. El funcionario explicó que la corporación mantiene contacto con las áreas de comercio para conocer posibles situaciones de riesgo.
Como parte de las acciones para identificar este delito, indicó que la SSPC cuenta con un registro de cerca de cinco mil números telefónicos a nivel nacional relacionados con actividades de extorsión. Esta información se alimenta mediante una aplicación que utiliza la corporación y que, según el secretario, permite incorporar nuevos números conforme son identificados.
El funcionario señaló que los registros se actualizan constantemente y que la detección de estos teléfonos no se limita a operativos específicos:
“Todos los días hay un teléfono nuevo que es identificado como un teléfono de extorsión”.
Villa Gutiérrez también detalló que una de las modalidades que atiende la Policía Cibernética son los secuestros virtuales, en los que los delincuentes realizan llamadas para mantener incomunicadas a las víctimas y posteriormente contactar a sus familiares para exigirles dinero.
Explicó que, mediante llamadas telefónicas, los responsables bloquean las posibilidades de comunicación entre las personas involucradas, lo que genera temor entre sus familiares, quienes reciben exigencias económicas bajo el argumento de que su familiar está privado de la libertad.
El secretario aseguró que la Policía Cibernética ha intervenido en estos casos y ha conseguido localizar a jóvenes y rescatar a familias completas antes de que se concrete la entrega de dinero.
Sobre el origen de las llamadas, explicó que algunas anteriormente se realizaban desde centros penitenciarios de otras entidades, aunque también existen números que son utilizados durante periodos cortos y posteriormente sustituidos por otros.
Respecto al impacto económico de estas prácticas, reconoció que sí han atendido situaciones en las que las víctimas llegaron a realizar depósitos antes de recibir ayuda policial. Precisó que tienen identificados aproximadamente dos casos en los que las cantidades entregadas oscilaron entre tres mil y cinco mil pesos.
El funcionario aseguró que, en los casos de secuestro virtual que han atendido, las intervenciones han permitido evitar afectaciones económicas a las familias, particularmente cuando los delincuentes todavía no consiguen que se realicen los depósitos.
Finalmente, indicó que las personas que reciban llamadas de extorsión pueden solicitar apoyo a través del 911, mientras que quienes ya hayan sido víctimas de este delito deben acudir a la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia correspondiente.
