Por Victoriano Martínez
La gravedad del atentado al Área Natural Protegida Sierra de San Miguelito en territorio de los ejidos Escalerillas y Guadalupe Victoria y su anexo La Cruz ha resultado evidente por la reacción de quienes, de una forma u otra, están involucrados: todos tratan de deslindarse y evadir su responsabilidad, incluso con aclaraciones a modo.
“Nosotros tenemos que darle seguimiento solamente”, aseguró el gobernador Ricardo Gallardo Cardona tras señalar que son las autoridades competentes federales las que deben hacerse cargo de las investigaciones sobre los daños provocados a la ANP, que los ejidatarios atribuyen a la empresa Jaguar Ingenieros Constructores.
Antes de que las obras fueran clausuradas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Gallardo Cardona aseguró desconocer los hechos, al tiempo que señaló que la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental estaba al tanto de todo, revisando la situación para emitir una postura hasta que contara con información confirmada.
La reacción de la autoridad federal, más acorde con la gravedad del caso al clausurar y abrir una investigación por parte de la Fiscalía General de la República, contrasta con la pasiva postura de sólo darle seguimiento por parte de quien debe velar por la integridad del territorio potosino y los derechos de sus habitantes que, además, se ostenta como un gobierno ecologista.
Una postura que finge una neutralidad que, en los hechos, se vuelve en una toma de postura a favor de los depredadores ambientales por tratarse de evidentes daños ecológicos que perjudican a toda la población que Gallardo Cardona representa y ante lo que debería ser parte de quienes demandan mayor protección para la ANP y sanciones a los responsables, pero abandona a los ejidatarios directamente afectados.
Los daños ecológicos suelen dejar constancia en la modificación del paisaje afectado que, si no existe estudio técnico que lo justifique y una autorización que se denomina Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), queda confirmada la violación a derechos ambientales que involucra a las instancias involucradas en las obras con esas características.
Considerar que es irresponsable y no es legítimo señalar colusión de autoridades de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) como argumenta para deslindarse de acciones que han atentado contra la Sierra de San Miguelito como lo hizo Elí Cervantes Rojas, coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena y extitular del Centro San Luis Potosí de esa dependencia, resulta insuficiente.
Un caso. La construcción de la Vía Alterna a la Zona Industrial se construye, tanto en su primera etapa ya concluida como en la segunda, sin contar con la MIA y aún así la SICT emitió los permisos que le correspondían, el segundo durante el periodo de Cervantes Rojas en la dependencia. ¿No debió advertirlo y tratar de evitarlo o también se saltan esa autorización?
La empresa Jaguar Ingenieros Constructores emite una aclaración, publicada por Astrolabio Diario Digital en cumplimiento del derecho de réplica, con imprecisiones y omisiones a conveniencia que limitan la solidez del argumento.
Si bien los señalamientos sobre la intervención de la empresa en los daños en la ANP fueron hechos por los ejidatarios que dan testimonio de personal con chalecos que la identifican, es sobre lo que se ha informado en diversos medios a los que Jaguar Ingenieros Constructores envió su aclaración, también forman parte de la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República por autoridades ambientales federales.
“Cualquier mención sobre indumentaria, chalecos o logotipos relacionados con nuestra marca en el sitio denunciado es completamente ajena a la compañía, tratándose de una atribución errónea, infundada, confusión o de un uso indebido e ilegal de c”, señala la empresa en su texto.
Justo esa es la cuestión que se tendrá que aclarar en la investigación de la FGR, pero si ellos consideran que se puede tratar de “un uso indebido e ilegal de nuestra identidad corporativa por terceros ajenos”, ¿no habría sido prudente que lo denunciaran? ¿Y si no sólo en el Santuario del Desierto es donde tratan de usurpar su identidad?
“Jamás hemos vulnerado ni vulneraremos el patrimonio ecológico y cultural de México”, es una afirmación que incluyen en su réplica que una reciente diligencia de la PROFEPA realizada en el Ejido Cerro Gordo del municipio de Zaragoza desmiente documentalmente, apenas el pasado 19 de agosto.
En el acta se hace constar que José Carlos Rodríguez Jaime se presentó como supervisor ambiental de la empresa denominada “Jaguar Ingenieros Constructores S.A De C.V”.
En la inspección se detectó “un caso de: Cambio de uso del suelo de áreas forestales a cualquier otro uso o cambio de uso del suelo en terrenos o áreas con uso de suelo forestal o por la extracción de recursos forestales” sin contar con una autorización en materia de impacto ambiental. Una vulneración al patrimonio ecológico.
Así las reacciones de quienes pretenden que no se les señale ninguna responsabilidad en el evidente atentado contra la ANP Sierra de San Miguelito. Hoy seguramente aparecerá una aclaración más: la del alcalde Enrique Galindo Ceballos tras el señalamiento de que el ayuntamiento también podría estar involucrado por la participación maquinaria con el distintivo “Vialidades Potosinas 2.0”, desarrollado en la ciudad.
