Estela Ambriz Delgado
El Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM) considera que la crisis de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) es parte de una estrategia de control político con el fin de no rendir cuentas, hacer que los abusos de las autoridades queden invisibilizados y desactivar la resistencia organizada, por lo que la exigencia de la remoción de su titular es una urgencia democrática.
El integrante del OIM, Juan Felipe Cisneros Sánchez, fijó la postura del organismo en relación con el pronunciamiento de las y los consejeros nahua y tének en el Congreso Nacional Indígena (CNI) sobre la crisis institucional, el rezago sistemático y la inactividad de la CEDH, así como la exigencia al Congreso del Estado de un proceso de remoción de la titular Giovanna Itzel Argüelles Moreno.
Puntualizó que la crisis del organismo estatal no es un accidente administrativo, sino una estrategia de control político por omisión, pues al mantener a una ombudsperson inactiva y subordinada, el poder institucionalizado logra una triple ventaja perversa: no rinde cuentas, invisibiliza el abuso y desactiva la resistencia organizada de la sociedad civil y de los pueblos indígenas.
Por ello, la exigencia de la remoción de la titular a través del Congreso no es caprichosa, sino una urgencia democrática para rescatar la dignidad y la función social de la única institución diseñada para proteger al ciudadano del abuso del poder.
En este sentido, precisó que la Constitución dota a la CEDH de autonomía justamente para que actúe como un freno ético y técnico frente a los abusos de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y de los ayuntamientos.
“Cuando la titularidad de la CEDH responde a consignas políticas, el organismo se convierte en una ventanilla de simulación; en lugar de incomodar al poder, lo blinda. Un ejemplo claro fue la emisión exprés de una recomendación a favor de un actor político mientras miles de expedientes de víctimas reales y comunidades indígenas se acumulan en el rezago. Esto destruye la confianza pública en la justicia no jurisdiccional”.
El activista subrayó también que los sectores más marginados (como las madres buscadoras, los pueblos indígenas tének y nahua, los jornaleros agrícolas migrantes y las personas con discapacidad) no tienen recursos económicos para pagar abogados particulares ni acceso sencillo a los tribunales locales o federales, por lo cual, para estos sectores, la CEDH es literalmente su última línea de defensa.
“La inactividad de la Comisión los condena a una doble marginación: la pobreza o vulnerabilidad en la que viven, y el abandono institucional del Estado que debería protegerlos”.
Ratificó lo denunciado por las y los consejeros nacionales sobre la falta de presencia del organismo en las regiones indígenas, con lo que se violenta el artículo 64 de su propia ley y se deja a los pueblos originarios a merced de despojos, abusos laborales y violaciones a sus derechos de autonomía.
Cisneros Sánchez añadió que el silencio e inacción de la CEDH tras la toma de sus instalaciones en protesta crea un caldo de cultivo para la criminalización de la protesta social, donde las autoridades prefieren ignorar el reclamo legítimo o intimidar a quienes alzan la voz, por lo que se deja a los manifestantes sin un blindaje institucional que resguarde su integridad física y moral.
“Si la CEDH no investiga, no integra expedientes o simula resoluciones débiles, le quita a las víctimas herramientas jurídicas clave para castigar a los responsables en la vía administrativa o penal. La inactividad de la Comisión se traduce directamente en impunidad en los tribunales”.
De igual forma, el activista indicó que un organismo de derechos humanos activo no solo resuelve casos individuales, sino que registra, documenta y tipifica patrones sistemáticos de abuso, por lo cual, al estar inactivo y, más aún, al suspender plazos legales de manera indefinida, se borra el rastro de la represión, de las negligencias médicas, de los abusos policiales y de la violencia institucional.
“Sin expedientes abiertos ni recomendaciones firmes, oficialmente no pasa nada; la impunidad se vuelve invisible porque no hay registros públicos que la contradigan. Es por eso que el poder sale a la defensa de lo indefendible, colocando a la titular omisa como víctima y a las víctimas como verdugos”.
