Por Victoriano Martínez
Independientemente de que esté justificada o no la recomendación 10/26 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), su atípica emisión es la que genera un agravio para todas las víctimas que llevan años en espera de una resolución a sus quejas, especialmente las que reclaman una violación similar, por discriminación.
Un agravio que adquiere dimensionas aún mayores si se combina la rapidez de la resolución (186 días) con las características de la víctima a proteger (un integrante del Poder Legislativo, que es el encargado de nombrar a los consejeros de la CEDH y a su presidenta) y el presunto derecho vulnerado (a la no discriminación).
¿Cuántas, de los cientos de quejas que tiene pendientes de resolución la CEDH, tienen que ver con violaciones al derecho a la igualdad y la no discriminación y al trato digno, que son las dos causas por las que se emitió la recomendación a favor del diputado Héctor Serrano Cortés?
La recomendación 10/26 se ha vuelto un monumento a la vulneración del derecho a la igualdad y la no discriminación por parte de la propia CEDH en contra de los cientos de víctimas que no ven iguales avances en sus expedientes y, para colmo, se les viola su derecho a un trato digno al verse obligadas a la protesta para exigirlo.
Una recomendación que representa el enésimo agravio en contra de las víctimas a tal extremo que no es desproporcionada su exigencia de la renuncia de Giovana Argüelles Morena a la presidencia del organismo y de otros funcionarios de la institución.
Si el trato de por sí resulta desigual para las quejas y cada vez son menos las que alcanzan la emisión de una recomendación, está más que justificado que las víctimas sientan que quienes hoy encabeza la CEDH las ha abandonado y urge un reemplazo que recupere la razón de ser de la Comisión.
Claro, la urgencia es para quien tiene y siente la necesidad de que se le haga justicia, porque del otro lado, quienes de algún modo ven en quien dirige la CEDH una especie de aliado (no se diga el diputado Serrano Cortés) las víctimas tienen que armarse de paciencia y permitirles dejar correr los días… o desistir de sus reclamos.
Si, para los diputados no hay ninguna prisa por atender el conflicto que hoy tiene las instalaciones de la CEDH con la ocupación por parte de un colectivo defensor de víctimas (Vozes) que advierte que no se retirará hasta que haya renunciado Argüelles Moreno.
En reunión con los representantes de las comunidades indígenas mixteca baja, mazahua y otomí, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado les informaron que se ha propuesta convocar a la presidenta de la CEDH hasta el 23 de noviembre, aunque todavía deberá acordarse formalmente.
Es decir, no hay prisa. Que las víctimas se desgasten con su protesta o que desistan. ¿Así o más a favor de la permanencia de Argüelles Moreno y de ignorar la larga cadena de agravios en contra de las víctimas que son del conocimiento público?
El diputado Marcó Antonio Gama Basarte, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, documentar las omisiones de la CEDH antes de revisar posible destitución de Argüelles Moreno. ¿Y si le llovieran sobre su escritorio las quejas que no ha tramitado la CEDH las revisaría? ¿Por qué no va a darles una repasada en los archivos de la propia CEDH?
Las víctimas llevan años en espera de justicia, si no, no realizarían sus protestas. Los diputados —como la CEDH— han sido omiso a escucharlas y atenderlas y actúan como si hasta ahora hubieran surgido y se hablara de las fallas en la Comisión y —también como la CEDH— pretende burocratizar el proceso de atención.
Lejos de buscar una rápida respuesta ante los agravios que le denuncian, Gama Basarte —a nombre del Congreso del Estado— le suma un agravio más con la dilación burocrática y negligente que protege a Argüelles Moreno… y abona a la complacencia de Serrano Cortés.
