Fernanda Durán
Después de cuatro años de la creación del Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas en San Luis Potosí, las comisiones unidas del Congreso del Estado aprobaron este martes 17 de noviembre un dictamen para hacer pública la información de quienes incumplen con el pago de pensiones alimenticias y establecer consecuencias administrativas para las personas inscritas.
La modificación no consiste en crear un nuevo registro, pues este existe desde noviembre de 2022, sino en ampliar sus efectos legales, establecer mecanismos para su consulta pública y vincularlo con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, creado mediante una reforma federal de 2023.
El dictamen reúne siete iniciativas presentadas entre 2024 y 2026, tanto por legisladoras de la anterior y actual Legislatura como por ciudadanos. Fue aprobado por unanimidad en las comisiones Segunda de Justicia; Movilidad, Comunicaciones y Transportes y Régimen Interno y Asuntos Electorales, aunque todavía deberá ser sometido a votación del Pleno.
La diputada Gabriela López Torres, presidenta de la Comisión Segunda de Justicia, explicó que las propuestas coincidían en la necesidad de hacer público el padrón y fortalecer las medidas para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir alimentos.
¿Qué cambia respecto al padrón que ya existía?
El padrón estatal fue creado mediante una reforma publicada el 22 de noviembre de 2022 y quedó bajo responsabilidad del Poder Judicial. Sin embargo, su funcionamiento ha sido cuestionado por la falta de acceso público a la información, las dificultades para inscribir a personas deudoras y sus efectos limitados para conseguir el pago de las pensiones.
La nueva propuesta establece expresamente en el artículo 167 Bis del Código Familiar que el padrón será público, conforme a las disposiciones de protección de datos personales. Su administración permanecerá a cargo del Supremo Tribunal de Justicia, a través de la Secretaría General, responsable de integrar, actualizar y resguardar la información.
También se establece que el registro deberá actualizarse mensualmente y compartir información con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias mediante los sistemas tecnológicos del DIF. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Estatal DIF tendrá acceso completo a sus bases de datos.
Otra modificación importante es la reducción del plazo para considerar a una persona deudora alimentaria morosa. El artículo 167 Bis propone que esta condición se configure cuando una persona deje de pagar durante más de 30 días ininterrumpidos una pensión ordenada judicialmente o establecida mediante convenio judicial, en lugar del plazo de 60 días previsto en la legislación anterior.
El dictamen también modifica el artículo 152 para establecer que, ante un incumplimiento de 30 días naturales ininterrumpidos, la persona juzgadora podrá ordenar la inscripción a petición de parte.
Además, se contempla la expedición gratuita y automática, mediante un sitio institucional de internet, de certificados de no inscripción en el padrón, los cuales podrán ser solicitados por las personas interesadas.
Licencias, matrimonios y candidaturas: los nuevos efectos
Uno de los cambios más relevantes es que la inscripción en el padrón dejaría de tener únicamente efectos relacionados con los procedimientos judiciales y el cobro de adeudos, para convertirse también en un elemento que condiciona determinados trámites.
La reforma a la Ley de Tránsito establece que las personas solicitantes deberán acreditar, mediante certificados con una antigüedad no mayor a 30 días, que no están inscritas en los registros estatal y nacional de deudores alimentarios. Asimismo, contempla la inscripción como una causa para negar la expedición de licencias de conducir.
En materia de matrimonio, se propone modificar el Código Familiar para exigir que las personas contrayentes adjunten certificados de no inscripción en ambos registros, mientras que el Registro Civil deberá consultar los padrones e informar si alguna de ellas tiene obligaciones alimentarias incumplidas.
Para las operaciones inmobiliarias, los notarios deberán solicitar los certificados cuando intervengan personas físicas en compraventas o transmisión de derechos sobre inmuebles. Si alguna aparece inscrita, deberán dejar constancia y notificar a la autoridad judicial que ordenó el registro.
En este último caso, el dictamen no establece expresamente que la inscripción como deudor impida realizar la operación. Incluso señala que la omisión de la referencia al certificado no será motivo para negar la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad.
En el ámbito electoral, las modificaciones incluyen requisitos relacionados con la inscripción en los padrones para candidaturas independientes, candidaturas de partidos políticos y la titularidad del órgano interno de control del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).
No obstante, estas disposiciones electorales no se aplicarían en las elecciones de 2027, pues el propio dictamen establece que entrarían en operación a partir del proceso electoral local de 2030.
López Torres sostuvo que la aprobación del dictamen responde a las demandas de mujeres que han denunciado las dificultades para conseguir que los padres de sus hijos cumplan con las pensiones alimenticias, incluso cuando existen resoluciones judiciales.
La legisladora reconoció que, aunque la obligación alimentaria corresponde tanto a madres como a padres, los incumplimientos afectan principalmente a mujeres que asumen solas la crianza y manutención de sus hijos.
Sobre la publicidad del registro, afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado respecto a la posibilidad de difundir la condición de persona deudora alimentaria sin que ello represente necesariamente una vulneración de sus derechos.
En ese sentido, aseguró que la información deberá manejarse bajo criterios estrictos de protección de datos personales, especialmente para evitar que se exponga la identidad de niñas, niños y adolescentes involucrados en los procedimientos.
El dictamen reúne propuestas de las exdiputadas Liliana Guadalupe Flores Almazán y Lidia Nayelli Vargas Hernández, presentadas en 2024; de Roxanna Hernández Ramírez, Jessica Gabriela López Torres y Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez, así como dos iniciativas ciudadanas promovidas por José Mario de la Garza Marroquín y Luis González Lozano.
López Torres explicó que las comisiones optaron por acumularlas debido a que perseguían objetivos similares, aunque fue necesario modificar sus contenidos para elaborar un solo proyecto legislativo.
De aprobarse en el Pleno y publicarse en el Periódico Oficial del Estado, el decreto entraría en vigor al día siguiente. Sin embargo, se concedería un plazo de 180 días naturales para que el DIF estatal y el Poder Judicial implementen la interconexión de los registros y la plataforma electrónica de certificados gratuitos.
En ese mismo periodo, el Supremo Tribunal de Justicia tendría que realizar las adecuaciones administrativas y tecnológicas necesarias, así como emitir los lineamientos para el funcionamiento del padrón.





