Fernanda Durán
Los diagnósticos que pueden tardar hasta seis años, la falta de medicamentos, los gastos que deben asumir las familias y la discriminación en espacios laborales y educativos forman parte de las dificultades que enfrentan las personas con lupus y otras enfermedades autoinmunes en San Luis Potosí; ante esta problemática, integrantes de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado se comprometieron a impulsar una iniciativa de reforma que reconozca estos padecimientos como un problema prioritario de salud pública.
Durante una reunión celebrada este miércoles 18 de noviembre, representantes del Centro de Estudios Transdisciplinarios Athié-Calleja por los Derechos de las Personas con Lupus (Cetlu) y del Centro de Apoyo e Intervención a Pacientes con Lupus y Fibromialgia (CAIPAL) expusieron las deficiencias en la atención institucional y las consecuencias económicas y sociales de vivir con enfermedades que, además de afectar distintos órganos, presentan síntomas que frecuentemente son incomprendidos.
La presidenta de Cetlu, Laura Athié, explicó que uno de los principales problemas es el diagnóstico tardío, que en México puede tomar desde 18 meses hasta seis u ocho años, periodo durante el cual las enfermedades pueden avanzar hasta provocar daños orgánicos irreversibles. A ello se suma la escasez de especialistas y la inexistencia de un registro oficial que permita conocer cuántas personas viven con estos padecimientos, dónde se encuentran y cuáles son sus necesidades médicas.
De acuerdo con los resultados del Diagnóstico Social Nacional de Lupus y Otras Enfermedades Autoinmunes presentados por la asociación, el 65 por ciento de las personas participantes reportó haber sufrido discriminación, violencia o señalamientos relacionados con su condición de salud, mientras que el 93 por ciento identificó la escasez de al menos uno de los medicamentos que requiere.
En el caso de San Luis Potosí, el estudio incluyó las respuestas de 28 mujeres, de las cuales el 64 por ciento manifestó haber enfrentado discriminación y el 75 por ciento señaló haber requerido hospitalización. Además, el 71 por ciento reportó gastos mensuales de al menos mil pesos en medicamentos y tratamientos.
Entre los medicamentos cuya escasez fue reportada se encuentran la hidroxicloroquina, el micofenolato y el metotrexato, utilizados en el tratamiento y control de distintas enfermedades autoinmunes.
Athié también advirtió sobre las limitaciones para recibir atención especializada. Según los datos expuestos, San Luis Potosí cuenta con 25 reumatólogos con certificación vigente, equivalentes a 0.89 por cada 100 mil habitantes; sin embargo, solamente uno corresponde a la especialidad pediátrica para atender a niñas, niños y adolescentes de toda la entidad.
La investigadora, quien compartió que lleva 36 años viviendo con lupus y otras tres enfermedades autoinmunes, explicó que los síntomas pueden impedir actividades cotidianas como subir escaleras, escribir en una computadora o abrir una botella, además de provocar agotamiento constante y alteraciones cognitivas.
Estas manifestaciones, señaló, también ocasionan exclusión en el ámbito educativo, donde estudiantes de secundaria, bachillerato y hasta doctorado han tenido que abandonar sus estudios ante la falta de comprensión de sus condiciones de salud.
La problemática fue respaldada por las representantes de CAIPAL, Lorena Nayeli de Santiago Parra y María de los Ángeles Tovar Hernández, quienes explicaron que la asociación lleva 11 años brindando acompañamiento a personas con lupus, fibromialgia y otros padecimientos reumatológicos en San Luis Potosí.
Detallaron que actualmente atienden a alrededor de 38 a 40 pacientes mediante actividades de orientación, acompañamiento y servicios proporcionados por especialistas que colaboran voluntariamente. Y mantienen una farmacia solidaria a través de donaciones de muestras médicas, con las cuales buscan apoyar parcialmente a quienes no pueden cubrir sus tratamientos.
No obstante, reconocieron que estos esfuerzos no sustituyen la atención médica especializada que corresponde a las instituciones de salud, particularmente porque las necesidades se extienden a otros municipios donde la organización tiene menor capacidad de intervención.
Tras escuchar las exposiciones, la diputada Frinné Azuara Yarzábal, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, informó que los integrantes del órgano legislativo habían firmado la propuesta presentada por las asociaciones, luego de que sus asesores realizaran una revisión y plantearan algunas modificaciones.
La legisladora manifestó su intención de que la iniciativa sea presentada formalmente por la comisión antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones.
El compromiso representa un primer paso en el procedimiento legislativo, aunque la propuesta todavía deberá presentarse formalmente, ser turnada para su análisis y obtener la aprobación correspondiente para convertirse en ley.
¿Qué propone la Ley Lupus y Autoinmunes?
La iniciativa contempla modificaciones a la Ley de Salud del Estado y a la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación, con el propósito de incorporar obligaciones institucionales para la detección temprana, la atención integral y la protección de los derechos de las personas con enfermedades autoinmunes.
Entre sus principales planteamientos se encuentra la creación de un Registro Estatal de Personas con Lupus y otras Enfermedades Autoinmunes, a cargo de los Servicios de Salud, que permita reunir información sobre diagnósticos, municipios de residencia e instituciones donde reciben atención.
También se plantea fortalecer la capacitación del personal médico, especialmente en el primer nivel de atención, para identificar oportunamente síntomas y canalizar a los pacientes con especialistas, tanto de adultos como pediátricos. La propuesta incluye dar prioridad a los municipios con mayores condiciones de pobreza, marginación y dispersión poblacional.
En materia de medicamentos, se busca establecer mecanismos de coordinación entre las instituciones públicas de salud para promover el abasto oportuno y la continuidad de los tratamientos, así como el acceso a estudios necesarios para el diagnóstico y seguimiento de estas enfermedades.
La atención integral también contemplaría acompañamiento psicológico desde el diagnóstico, además de acciones de detección de depresión y prevención del suicidio.
Otro de los puntos centrales consiste en ampliar las disposiciones contra la discriminación para impedir que las personas sean excluidas de escuelas o empleos debido a sus diagnósticos, recaídas, consultas médicas o incapacidades.
En el ámbito educativo se propone prohibir que se niegue o condicione injustificadamente el acceso o la permanencia de estudiantes por ausencias relacionadas con su atención médica. En el laboral, se busca evitar restricciones para la contratación, permanencia y ascenso, así como presiones para renunciar debido a las manifestaciones de estas enfermedades.
Las reformas también contemplan ajustes como flexibilidad de horarios para acudir a tratamientos y adecuaciones de espacios para evitar factores que agraven las condiciones de salud.
Finalmente, se propone establecer la segunda semana de mayo de cada año como la Semana Estatal de Concientización sobre el Lupus y Otras Enfermedades Autoinmunes, mediante actividades de divulgación, información y sensibilización.
No obstante, el proyecto establece que diversas medidas estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria y que su implementación se financiará con los recursos aprobados a las dependencias responsables, sin prever expresamente una partida adicional.
El director de Cetlu, Efrén Calleja Macedo, explicó que la iniciativa forma parte de un movimiento nacional que busca incorporar estas enfermedades a las políticas públicas de salud y protección social.
De acuerdo con la información presentada, propuestas similares se han llevado a 24 congresos estatales y seis entidades ya contaban con legislación aprobada al momento del reporte de las organizaciones.
En San Luis Potosí, la iniciativa reunió 456 firmas de respaldo hasta el 13 de noviembre, de las cuales 184 corresponden a personas que afirmaron vivir con lupus, mientras que el resto incluye familiares, amistades y personas con otros padecimientos.
Calleja Macedo destacó que la atención de estas enfermedades no puede limitarse al aspecto clínico, pues las consecuencias también alcanzan la economía familiar, la educación y las posibilidades de empleo.
La propuesta busca que las necesidades expuestas por pacientes y familiares dejen de depender únicamente del trabajo de asociaciones civiles y sean incorporadas a las responsabilidades de las instituciones públicas de salud, educación y protección contra la discriminación.





