Sacristán presentó renuncia tras denuncias de abuso sexual contra dos menores en SLP

Desiree Madrid

Un trabajador laico de una capilla en San Luis Potosí presentó su renuncia voluntaria luego de que dos madres de familia denunciaran presuntos actos de abuso sexual contra sus hijas menores de edad. La Arquidiócesis informó que el trabajador, identificado por las madres como José N., dejó de laborar en el recinto desde el viernes pasado y que notificó a la Fiscalía General del Estado sobre los señalamientos para colaborar en el esclarecimiento de los hechos.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el vocero de la Arquidiócesis, Tomás Cruz Perales, y representantes de la Comisión Diocesana de Protección a Menores y Personas Vulnerables explicaron que las madres acudieron a la Oficina de Recepción de Denuncias para reportar lo ocurrido. De acuerdo con la información proporcionada, ambas tuvieron conocimiento de los hechos el pasado 10 de noviembre, cuando sus hijas les relataron las presuntas agresiones.

El caso se suma a los antecedentes de denuncias por abuso sexual infantil contra integrantes de la Iglesia católica en San Luis Potosí, entre ellos el del sacerdote Eduardo Córdova Bautista, acusado de agredir sexualmente a menores y quien permanece prófugo desde 2014.

Lucila Gonsedura, integrante de la comisión y encargada de la Oficina de Recepción de Denuncias, explicó que el personal de la Arquidiócesis no interroga directamente a los menores para evitar una posible revictimización. Señaló que corresponde exclusivamente a las autoridades ministeriales realizar las evaluaciones y peritajes necesarios para investigar los hechos. También confirmó que las madres presentaron una denuncia directamente ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas, ubicada en la calle 5 de Mayo número 1475.

Gonsedura detalló que, en cumplimiento del artículo 12 bis de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la Arquidiócesis notificó formalmente a la Fiscalía sobre el probable delito. Aclaró que la institución religiosa no tiene personalidad jurídica para presentar una denuncia penal en representación de las víctimas, pero sí tiene la obligación de colaborar con las autoridades mediante la entrega de expedientes, información sobre el excolaborador y el acceso a las instalaciones de la capilla para las diligencias correspondientes.

La integrante de la comisión indicó que los datos de las familias y los detalles de las denuncias se mantienen bajo reserva para proteger a las menores. Asimismo, hizo un llamado a quienes pudieran haber sido víctimas de conductas similares en esa capilla para que sus padres o tutores acudan ante las autoridades civiles y la oficina diocesana. La intención, explicó, es que cualquier otro posible caso pueda ser conocido e investigado.

Sobre las versiones difundidas en redes sociales respecto a que el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe se habría negado a recibir a las madres, Gonsedura rechazó esa versión. Explicó que el religioso se encontraba fuera de la ciudad y que desconocía que las mujeres acudirían ese día, pues no habían confirmado un horario ni proporcionado su identidad por motivos de seguridad. Aseguró que el arzobispo tiene disposición para reunirse personalmente con ambas una vez que se concrete la cita.

Por su parte, el vocero Tomás Cruz Perales reiteró la disposición de la Iglesia potosina para escuchar y atender a las familias afectadas. Señaló que existe un equipo especializado para recibir este tipo de denuncias y brindar acompañamiento a quienes lo soliciten.

En tanto, la psicóloga Carolina Téllez Estrada, secretaria de la Oficina de Recepción de Denuncias, explicó que la Comisión de Protección a Menores fue creada en 2019 y que desde hace poco más de un año opera una oficina de atención directa. Indicó que los protocolos institucionales se sustentan en la política de “tolerancia cero” impulsada por el Papa Francisco y en las reformas al Libro VI del Código de Derecho Canónico, que contemplan sanciones tanto para sacerdotes y religiosos como para personas laicas que desempeñan alguna función dentro de la Iglesia.

Téllez Estrada añadió que la Arquidiócesis ofrece atención psicológica especializada y acompañamiento legal a las víctimas, con el propósito de contribuir a la reparación del daño. También informó que durante este año se han impartido alrededor de 20 cursos de capacitación y sensibilización dirigidos a sacerdotes, agentes de pastoral y trabajadores del Obispado para identificar señales de alerta y prevenir situaciones de abuso físico o verbal.