Estela Ambriz Delgado
El titular de la Procuraduría Agraria (PA) a nivel federal, Víctor Suárez Carrera, rindió su Segundo Informe de Rendición de Cuentas al frente de la dependencia, en el que destacó el cambio de modelo al que se ha sometido la institución para frenar el despojo y la privatización de tierras ejidales, así como la reivindicación de la mujer como sujeto agrario.
El 19 de noviembre, en la explanada del Centro Nacional de Atención Agraria, el procurador rindió su informe acompañado por las titulares de las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel; de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Columba Yasmín; la directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González; y la presidenta municipal de Temoaya, Estado de México, Berenice Carrillo Macario.

Suárez Carrera destacó que actualmente la mitad del país se encuentra en manos campesinas e indígenas, pues de 196.4 millones de hectáreas de superficie nacional, 99.7 millones (50.8 por ciento) son de propiedad social, distribuidas en 29 mil 853 ejidos y 2 mil 427 comunidades.
Indicó que esto es resultado de las resistencias indígenas y de la Revolución Mexicana, así como de la lucha campesina de Emiliano Zapata y su Plan de Ayala, que hizo posible la recuperación de las tierras ancestrales en la Constitución de 1917, con lo cual se terminó el sistema de haciendas y el latifundismo, y se dio paso a la creación de los ejidos para dotar de tierra a los campesinos.
Asimismo, señaló que este proceso se vio interrumpido con el neoliberalismo del expresidente Carlos Salinas de Gortari y la modificación al artículo 27 constitucional para que la tierra pasara a manos privadas y fuera sujeta al mercado, lo que derivó en que 4 millones de hectáreas pasaran a propiedad privada.
El procurador detalló que se privatizaron las mejores tierras agrícolas y ganaderas, ejidos con playas y zonas turísticas, ejidos presionados por cárteles inmobiliarios y otros destinados a la expansión de la frontera agrícola, lo que provocó un alto rentismo en ejidos con riego y buen temporal, cambios de destino de tierras de uso común hacia deforestación y usos habitacionales, así como el acaparamiento de parcelas ejidales y solares urbanos.
Mencionó que entre los acaparadores figuran dos de los hombres más ricos del país que aparecen como ejidatarios, además de exgobernadores, exsenadores, exdiputados, grandes capitales y mafias agrarias, lo que ha dejado como saldo alta marginación en comunidades y ejidos pese a la riqueza de sus territorios, junto con un gran rezago agrario, burocracia y corrupción en el sector.
Por ello, Suárez Carrera destacó el cambio de modelo impulsado desde 2018 con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y desde 2024 con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el que, afirmó, se priorizan la propiedad social, la justicia agraria, la igualdad sustantiva y el combate a la corrupción, además del acompañamiento a ejidos y comunidades.
De igual manera, informó que la institución cuenta con mil 77 Centros de Atención Agraria (CDAA), frente a las 148 oficinas de su estructura anterior, para acercar servicios gratuitos al territorio, entre los cuales San Luis Potosí forma parte de los estados donde ya operan.
Además, destacó el reconocimiento de derechos agrarios plenos a 25 mil 483 mujeres, principalmente indígenas, mediante juicios sucesorios, acciones jurisdiccionales y el cambio de posesionaria a ejidataria. Señaló que solamente 28 por ciento de los sujetos agrarios son mujeres (alrededor de 1.5 millones), por lo que la meta al final del sexenio es entregar 250 mil títulos para mujeres.
Reportó también la atención de 13 asuntos de conciliación en nueve entidades y, como parte de la estrategia anticorrupción, el inicio de 172 expedientes contra personas servidoras públicas por presuntas responsabilidades administrativas.
Respecto al trabajo específico realizado en cada estado, el procurador adelantó que en próximos días los representantes de la PA en cada entidad rendirán igualmente su informe.
En el caso de San Luis Potosí, durante la conferencia que ofreció recientemente en el Congreso del Estado, mencionó que se brindaron 2 mil 992 servicios de procuración de justicia y organización agraria, mil 952 asesorías y representaciones legales, así como 31 asambleas de formalidades especiales.
Añadió que también se intervino en casos relevantes como la defensa del Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Sierra de San Miguelito, los ejidos Corcovada, en el municipio de Villa Hidalgo, y Peyote, en Guadalcázar, así como el ejido Las Margaritas, en Catorce, y La Peña, en Tampamolón Corona.





