Abren nuevo procedimiento administrativo contra Mónica Rangel; la citan por edicto al no localizarla

Fernanda Durán

La exdirectora general de los Servicios de Salud Estatales, Mónica Liliana Rangel Martínez, enfrenta un nuevo procedimiento de responsabilidad administrativa iniciado por el Órgano Interno de Control de la dependencia (hasta el momento considerada como una falta no grave) que ordenó citarla mediante edicto ante la imposibilidad de notificarla en los domicilios registrados dentro del expediente.

El aviso, publicado por la Contraloría General del Estado, corresponde al procedimiento CGE/OIC-SSSLP/EPRA/001/2026 y señala que la Autoridad Substanciadora del Órgano Interno de Control presume responsabilidad administrativa por parte de la exfuncionaria.

El documento informa que a través del acuerdo del 1 de julio de 2026 se ordenó notificar y emplazar a Rangel Martínez; sin embargo, la diligencia no pudo realizarse personalmente, por lo que se recurrió a la publicación del edicto con fundamento en el Código Procesal Administrativo del Estado.

La exfuncionaria fue citada para comparecer el próximo 13 de octubre de 2026, a las 10:00 horas, ante la Autoridad Substanciadora del Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud, donde deberá presentarse a la audiencia inicial prevista en el artículo 207, fracción II, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado. Dicho artículo establece el procedimiento aplicable específicamente a las faltas administrativas no graves.

En esa audiencia podrá ofrecer las pruebas que considere necesarias para su defensa, siempre que estén relacionadas con los hechos o actos controvertidos, así como comparecer personalmente, por medio de un defensor o nombrar a un representante para consultar el expediente y recibir copias.

El edicto advierte que, si Rangel Martínez no comparece en la fecha y hora señaladas sin causa justificada, “se le tendrá por perdido el derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma” y después se emitirá la resolución correspondiente.

También deberá señalar un domicilio en la capital potosina para recibir notificaciones durante el procedimiento. En caso contrario, las posteriores comunicaciones, incluso aquellas que normalmente deban realizarse de manera personal, podrán practicarse mediante lista fijada en los estrados del Órgano Interno de Control.

El edicto ordena además su publicación durante tres días consecutivos, los días 21, 22 y 23 de septiembre de 2026.

El nuevo procedimiento aparece cuatro años después del proceso penal seguido contra Rangel Martínez por hechos relacionados con su gestión al frente de los Servicios de Salud.

En abril de 2022 fue detenida y vinculada a proceso por hechos relacionados con una operación por más de 22 millones de pesos. Luego recurrió a un procedimiento abreviado y aceptó responsabilidad por los delitos de uso abusivo de la función pública y asociación delictuosa. Un juez le impuso una pena de cuatro años y 11 meses de prisión.

Como parte de aquella causa penal, pagó 22 millones 42 mil pesos como reparación del daño a los Servicios de Salud, además de 20 mil pesos como garantía para acceder al beneficio concedido y 63 mil pesos de sanción pecuniaria. Debido a que la pena impuesta era menor a cinco años, obtuvo la suspensión condicional de la pena y recuperó su libertad en mayo de 2022.

Rangel Martínez encabezó los Servicios de Salud durante el gobierno de Juan Manuel Carreras López y posteriormente fue candidata de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí en 2021.

El nuevo procedimiento administrativo surge además en un momento en que nuevamente se ha discutido la actuación de las autoridades en las investigaciones relacionadas con la administración anterior de los Servicios de Salud.

En junio de este año, Miguel Ángel Lutzow Steiner, quien también ocupó la titularidad de la dependencia y había sido procesado por hechos distintos relacionados con un presunto daño de más de 32 millones de pesos, fue absuelto después de la intervención de la justicia federal. Asimismo, la Fiscalía General del Estado reconoció que analizaba si todavía era jurídicamente posible continuar la investigación o se daría por concluido.