Marcela Del Muro
El Premio Estatal de Derechos Humanos de este año estuvo dirigido a reconocer a una persona joven, de entre 18 y 29 años, por su labor en la promoción y defensa de los derechos humanos en San Luis Potosí. La convocatoria se publicó el 8 de octubre en las redes sociales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y establecía que el resultado se haría público a más tardar el 6 de diciembre de 2025 en la página oficial y medios de comunicación. Sin embargo, la fecha pasó inadvertida: ni el resultado ni la ceremonia de entrega fueron públicos.
El reconocimiento y los 20 mil pesos del apoyo económico fueron entregados a la licenciada Alexia Tolentino Carrillo, presidenta de la asociación Fe y Esperanza para Víctimas del Delito Christian, el pasado 9 de diciembre. De acuerdo con un boletín informativo de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el premio fue entregado en sus oficinas, en presencia del equipo de abogadas y abogados, víctimas, familiares y amigos de la seleccionada.
El artículo 13 de los lineamientos generales para la entrega del premio establece que el reconocimiento “se realizará en una ceremonia solemne en la zona del Estado en que resida la persona, organización de la sociedad civil o colectivo ganador”.
Un día después de la discreta premiación, Frida Viramontes Cruz, postulante al Premio, escribió para preguntar sobre los resultados. La CEDH respondió que “por el momento, el proceso de evaluación continua en curso y, en cuanto se cuente con los resultados oficiales, serán notificados de manera inmediata”.
“Llama profundamente la atención que no se haya realizado ningún evento público que respaldara la entrega del premio, como históricamente se ha hecho, y que no se haya reconocido el trabajo de las personas que participamos en el proceso, particularmente en un contexto donde personas jóvenes estamos impulsando agendas de derechos humanos desde distintos territorios y trincheras”, señala la activista Fátima Velázquez, también participante del Premio, en sus redes sociales.
Tras la publicación de Fátima, la CEDH se comunicó con ella para justificar que “el evento no se había llevado a cabo por cuestiones de la agenda de la Titular”, Giovanna Itzel Argüelles Moreno. Además, señalaron que la Comisión cumplió “en tiempo y forma con la convocatoria porque el premio se había entregado el día nueve y que pues me estaban avisando hasta ahorita quién ganó y en enero se va a llevar a cabo el evento, dentro de las dos primeras semanas”.
Para Frida, el proceso fue opaco e injusto para las y los participantes, quienes confiaron en que la convocatoria se desarrollaría con transparencia y respeto. La activista y defensora de familiares de víctimas de feminicidio también denuncia que no se les notificó oportunamente sobre la integración del jurado encargado de determinar el resultado.
Los jurados fueron elegidos en la 7ma Sesión del Consejo Ciudadano de la CEDH, celebrada el pasado 30 de octubre y quedó conformado por Sayuri Vidales Estrada, Luis Eduardo Piña Olavide y Roxana C. Dimas, como integrantes del Consejo; Jaime Alejandro Oliva Ramírez y Jorge López, como integrantes de sociedad civil; Verónica Félix Castañón y Maribel Cruz Ortiz, como integrantes de la academia.
“Es una total falta de respeto que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí siga reproduciendo las malas prácticas de mantener todo ‘bajo el agua’, en el argumento de que la Comisionada tiene una agenda llena, sin contemplar que tenemos derecho a un proceso público. Esto no es con el fin de agraviar a la persona que recibió el Premio, pero sí con el fin de denotar la inconformidad de todas y todos nosotros como postulantes”, señala Frida.
Fátima también expresó su preocupación por la falta de transparencia en el proceso que debería de realizarse de forma ejemplar. “Las convocatorias en materia de derechos humanos no pueden convertirse en simulaciones para cumplir requisitos ni reproducir lógicas políticas que invisibilicen trayectorias y esfuerzos colectivos”.
