Alejandro Rubín de Celis

 

Al declararse a favor de la coalición electoral Sí por México y en contra de Morena para las elecciones de 2021, el vocero del Arzobispado, Juan Jesús Priego Rivera atravesó claramente la línea entre el derecho individual a tener una preferencia electoral y el de un ministro de culto que tiene prohibido hacer proselitismo a favor de un actor político y atacar a otro que no es de su agrado.

En pleno proceso electoral, con expresiones como “Morena ha cometido muchos pecados diríamos de soberbia, se creyó indestructible, se cree todopoderoso”, y, “creo yo que si de lo que se trata es de arrebatarle el Congreso… quitarle el Congreso, están en todo su derecho, sobre todo porque esto hace bien a la democracia”, el presbítero violenta artículos de la Constitución y de leyes reglamentarias que se lo prohíben expresamente.

De entrada, el artículo 130 de la Constitución General de la República deja bien claro que no está permitido a un ministro de culto hacer propaganda a favor de un actor político, en este caso una coalición electoral. Dice el inciso “e” del artículo en cuestión: “Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna…”.

El artículo 24 de la propia Carta Magna establece otra prohibición al respecto, dice: “Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo… Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política”.

Por su parte, el párrafo segundo de artículo 14 de La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establece que “Tampoco podrán los ministros de culto asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna”. Y el artículo 29 del mismo ordenamiento lo refuerza: “Constituyen infracciones a la presente ley, por parte de los sujetos a que la misma se refiere: I. Asociarse con fines políticos, así como realizar proselitismo o propaganda de cualquier tipo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política algunos;”.

Otra norma que violenta el vocero del Arzobispado es el artículo 455 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) que en su punto número 1, señala: “Constituyen infracciones a la presente Ley de los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión: a) La inducción a la abstención, a votar por un candidato o partido político, o a no hacerlo por cualquiera de ellos, en los lugares destinados al culto, en locales de uso público o en los medios de comunicación;”: Y el artículo 16 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGDE) establece una sanción: “Se impondrán de cien hasta quinientos días multa a los ministros de culto religioso que, en el desarrollo de actos propios de su ministerio, o a quien en el ejercicio del culto religioso, presionen el sentido del voto o induzcan expresamente al electorado a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición”.

Aunque las disposiciones de la LGIPE y de la LGDE se refieren a la inducción o presión para votar a favor o en contra de un candidato, partido o coalición, está implícito en las expresiones de Priego Rivera que él está a favor de una alianza electoral y en contra de un partido político en medio de un proceso electoral muy delicado y complejo, y eso, viniendo de un sacerdote católico, por supuesto que influye en el ánimo de los electores que profesan esa religión, que todavía son la mayoría.

No importa si en este caso las expresiones fueron a favor de la coalición Sí por México y en contra de Morena. Si otro ministro de culto lo hubiera hecho a favor de Morena o de una alianza integrada por ese partido, y en contra de la coalición de marras, estaría incurriendo en las mismas faltas. No se trata de si es contra la izquierda o la derecha sino de la violación a la Constitución y las leyes.

Tanto la Secretaría de Gobernación ─como encargada de vigilar el cumplimiento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público­─ como el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, deben perseguir de oficio esta clase de delitos. ¿Asumirán la responsabilidad que les corresponde?, ¿aplicarán las disposiciones que sobre el particular contienen la Constitución y las leyes?, o, por no entrar en conflicto con la jerarquía católica y su feligresía, ¿optarán por una decisión política y perdonarán a Priego Rivera que es nada menos que el vocero de la Arquidiócesis potosina?

Para tener mayor certeza de que se apliquen las sanciones al presbítero, lo más conveniente es que se presente denuncia ante cada una de esas instancias, a efecto de ejercer presión y que abran carpetas de investigación sobre las desafortunadas declaraciones del sacerdote.

Dejar pasar estos delicados pronunciamientos de Juan Jesús Priego Rivera abriría la puerta para que otros ministros de culto, no sólo en San Luis Potosí sino en otros estados de la República, busquen influir en el electorado para favorecer a un candidato, partido o coalición y eso contribuiría a una contienda inequitativa en la que se hace uso de la manipulación y no de una libre elección razonada e informada de los electores.

El asunto es tan grave ─además de su pública animadversión hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador─ que, al margen de la sanción legal a que se haga acreedor, el Arzobispo Carlos Cabrero debería considerar seriamente removerlo como vocero de la arquidiócesis.

Gallardo Cardona: entre la ambición y la desesperación

La ambición de Ricardo Gallardo Cardona por llegar a la gubernatura de San Luis Potosí parece no tener límites. Con tal de obtener el apoyo del Partido del Trabajo (PT) le ha ofrecido las perlas de la virgen: 50 por ciento de diputaciones locales, 50 por ciento de alcaldías y 50 por ciento de las carteras de la administración pública estatal. Y es que, sabe bien que, en caso de alcanzar la gubernatura será el mandamás de todos los funcionarios, independientemente del partido que vengan y, como lo han hecho todos los gobernadores, controlaría al Congreso del Estado y una parte de los alcaldes.

Gallardo Sabe que al no contar con el apoyo de  Morena en San Luis Potosí ─aunque sí lo tenga por parte del dirigente nacional de ese partido, Mario Delgado─ sus posibilidades de triunfo se reducen, pues está claro que en lugar de haber dos candidatos fuertes habrá tres: el que salga de la coalición Sí por San Luis ─compuesta por PAN, PRI, PRD y PCP─, el abanderado de Morena, y él.

En el fondo, el diputado federal con licencia tiene claro que aún cuando las encuestas le favorezcan en este momento, todavía faltan cinco meses para la jornada electoral, tiempo durante el cual las campañas de sus oponentes seguramente los pondrán en mejores condiciones de competencia y más teniendo tantos elementos para acabar de desprestigiarlo dados sus antecedentes de corrupción ─entre ellos el desvió de 209 millones de pesos de la alcaldía de Soledad─, su ya conocida estrategia de comprar votos, la sanción que le ha impuesto el tribunal electoral federal por promoción personalizada en tiempos de pandemia, las dos denuncias que pesan sobre él ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, y dado el enorme desprestigio que se ganó a pulso su padre, Ricardo Gallardo Juárez, como alcalde de la capital.

Todos esos elementos y más serán usados en campaña por sus oponentes y seguramente le provocarán un gran desgaste que se traducirá en menos votos para su causa y en una competencia más cerrada.

Ya confirmado por la diputada local del PT, Paola Arreola, la dirigencia nacional de su partido ha amarrado la alianza con el Partido Verde y con Gallardo para ir juntos por la gubernatura del Estado.

Nada menos que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, fue quien operó ─vergonzosamente para los militantes y simpatizantes de ese partido─,  para que al menos el  Partido Nueva Alianza (Panal) y el PT se aliaran con el Partido Verde, pero seguramente ni así le alcanzará al pollo Gallardo, pues además el Panal acaba de abandonar la coalición tripartita que se había acordado.