Por Victoriano Martínez
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública debió desaparecer desde el año pasado, pero su existencia es posible por la negligencia del Congreso del Estado que, por ignorancia o por perversidad o por ambas, incumplió con la armonización de la legislación local con la reforma constitucional federal en materia de transparencia.
La diputada Diana Ruelas Gaitán, presidenta de la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado, exhibió una monumental ignorancia sobre la Ley que debe hacer valer al interior del Congreso del Estado cuando tres meses después de que el INAI ya había desaparecido declaró que esperaba saber lo que ocurriría con el organismo garante nacional para determinar lo que ocurriría con la CEGAIP.
No sólo omitió avanzar sobre la actualización de la legislación, para la que existen tres iniciativas que plantean la desaparición de la CEGAIP, sino que –ante la permanencia del organismo garante– llevó al Congreso del Estado a también incumplir la Ley al omitir nombrar a un comisionado numerario que debió entrar en funciones el 1 de julio.
Ignorancia real o fingida (un generoso beneficio de la duda para abrir la sospecha de una acción perversa), exhibe una presunta poca importancia que se le da al organismo garante del derecho de acceso a la información pública que esconde la verdadera intención de mantener “viva” a la CEGAIP: su nulidad es el mejor camuflaje para aparentar transparencia.
La paradoja: se mantiene viva una inútil CEGAIP porque resulta ser el principal instrumento para matar a la transparencia en el Estado. Siempre inútil, la CEGAIP permitió que cada vez se le perdiera más el respeto a la Ley de Transparencia hasta que en este sexenio esa norma es letra muerta.
El cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley es de apenas tres cuartas partes, y la mayor parte de la información que sí se presenta está incompleta, no corresponde o de plano se publica en formatos vacíos. Una burla a la Ley, pero también una falta de respeto al derecho de toda la población.
El ocultamiento de la información contable de la FENAPO y de los contratos con los 22 artistas participantes en la edición 2025 de la Feria con ilegales acuerdos de reserva es sólo una muestra más de la forma en la que en la Plataforma Estatal de Transparencia se simula el cumplimiento de la Ley.
La exhibición de la poca voluntad para cumplir con el derecho de acceso a la información pública como acto de ofensiva simulación de transparencia muestra además los temas en los que tienen interés especial en el ocultamiento como una forma de protegerse de que se conozcan situaciones en las que ellos mismos perciben como irregulares.
El 20 de noviembre del año pasado, el Comité de Transparencia de la CEGAIP aprobó el acuerdo CT-SE-024/11/2025 para reservar completo el expediente del Programa “Sistema Acércate: Programas y Servicios Públicos Para Ti”, proyecto que se ejecutó del 11 de diciembre de 2015 al 28 de febrero de 2019, con financiamiento de la Unión Europea.
La CEGAIP reserva por cinco años la información de un proyecto que concluyó 6 años 9 meses antes de acordar su ocultamiento. ¿Conocer el proyecto pone en riesgo su realización? Ridículo. No, lo que se quiere ocultar es que la Unión Europea auditó los trabajos y determinó la devolución de su aportación, lo que no ha hecho la CEGAIP.
Desde 2022, la Unión Europea inició el recobro de 31 mil 943.59 euros equivalentes entonces a 621 mil 622.26 pesos más los intereses que se acumulen hasta que se realice la totalidad del pago. Una situación bastante irregular que es la que explica por qué la CEGAIP reserva un expediente un proyecto 6 años 9 meses de que concluyó.
Si la propia CEGAIP, obligada a garantizar la transparencia, recurre a los acuerdos de reserva para encubrirse, ¿qué se puede esperar del resto de los sujetos obligados?
Los acuerdos de reserva injustificados que la FENAPO reporta en la Plataforma Estatal de Transparencia más los no reportados en ese listado son una muestra más de actos de auto encubrimiento que difícilmente pueden ser revisados y revocados por una CEGAIP que utiliza el mismo recurso para ocultar información que le resulta inconveniente.
