Estela Ambriz Delgado
Integrantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas informaron que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa admitió sus amparos contra la imposición del representante de la oficina estatal del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Mario Godoy Ramos, además de que presentarán otros recursos por actos de violencia institucional que atentan contra sus derechos humanos y sus derechos como pueblos originarios, por parte de la Secretaría del Bienestar.
Las y los consejeros manifestaron que, con base en los acuerdos tomados el pasado 15 de abril en su reunión regional de autoridades y representantes de los pueblos y comunidades tének, náhuatl y xi’ui en el municipio de Tancanhuitz, presentaron amparos contra la imposición de Mario Godoy Ramos, puesto que se ha demostrado su incompetencia y omisión. A esto se suma que no cumple con los criterios necesarios para el cargo de representante, los cuales fueron admitidos con el número de expediente 498/2025, con audiencia programada para el próximo 26 de mayo.
Asimismo, puntualizaron que presentarán amparos por violencia institucional ejercida por la Secretaría del Bienestar, que ha violentado sus derechos humanos e indígenas al vulnerar la personalidad jurídica de la comunidad, su autonomía, libre determinación, así como sus usos y costumbres para celebrar una asamblea comunitaria.
Sobre los actos de discriminación, exclusión y omisión en las asambleas comunitarias indígenas, hicieron mención que personal adscrito a la Secretaría las ha convocado irregularmente, las presidieron al hacer a un lado a las autoridades comunitarias, además de intervenir indebidamente en la integración de los comités; determinaron obras y recortaron los presupuestos de las comunidades injustificadamente, además de que hacen proselitismo político con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
“Queda claro que Bienestar e INPI no están a la altura del reto de respetar la transferencia de recursos directos hacia la comunidad, y menos el marco constitucional de los derechos indígenas”.
Finalmente, las y los consejeros informaron que, dado que en más de seis años no ha sido atendida su solicitud de reunión con el director general del INPI, Adelfo Regino Montes, si se continúa con la negación del derecho de audiencia, se harán presentes en las oficinas centrales de la dependencia en la Ciudad de México.
