Texto y fotografías de María Ruiz
Diez adultos mayores, entre ellos una mujer de 101 años, fueron rescatados del asilo clandestino Santa Sofía, tras una denuncia ciudadana en redes sociales que alertó sobre presunto maltrato físico y condiciones deplorables en el inmueble.
El operativo fue ejecutado de forma coordinada entre la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Procuraduría de Protección del Adulto Mayor y el DIF Estatal. El asilo Santa Sofía, donde ocurrieron los hechos, fue clausurado a las 8 de la mañana por la Coordinación Estatal de Protección Civil.
Posteriormente, los adultos mayores fueron trasladados de inmediato al albergue La Casa de los Potosinos, donde actualmente reciben atención médica, psicológica y social especializada.
La noche del 14 de mayo, el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5) y la Policía Cibernética detectaron un video difundido en redes sociales en el que se exhibía a una persona adulta mayor siendo presuntamente agredida dentro del asilo Santa Sofía.
De inmediato, el titular de Protección Civil Estatal, Mauricio Ordaz Flores, activó un operativo en el que participaron también elementos de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), cuerpos médicos y personal del DIF estatal.
“Es un hecho muy lamentable que nos conmueve a todos. Nos constituimos en el lugar tras la denuncia, y al verificar el riesgo para la vida de los adultos mayores, actuamos de forma oficiosa, como lo permite la ley”, explicó Ordaz.
Durante la inspección, Protección Civil detectó que el lugar funcionaba como un asilo improvisado en una casa habitación sin permisos oficiales, ni personal médico, rampas de acceso, ni condiciones mínimas de salubridad o seguridad.
“El gas estaba instalado dentro de la cocina sin las medidas mínimas de seguridad. Solo había dos sillas de ruedas para diez personas, no había salidas de emergencia ni higiene. Era un espacio inhabitable, completamente clandestino”, denunció Ordaz Flores.
Los adultos mayores fueron hallados en condiciones preocupantes: algunos con dificultades de movilidad, otros con signos de deshidratación o padecimientos médicos no atendidos. Se utilizaron ambulancias y sillas de ruedas para su traslado al albergue Los Potosinos.
En el centro de atención del DIF estatal, los adultos mayores —seis mujeres y cuatro hombres, incluyendo una pareja de esposos— ya reciben atención integral.
“Se encuentran en valoración médica. Algunos presentan padecimientos como demencia senil, por lo que se requieren también estudios psicológicos y psiquiátricos”, informó Julio César Martínez Vázquez, director de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del DIF estatal.
De acuerdo con Martínez, por el momento ninguno de los adultos mayores puede ser entregado a sus familiares sin que se lleve a cabo un proceso legal de verificación y protección jurídica. A la fecha, solo tres o cuatro familiares se han acercado.
¿Abandono familiar? Se investigan los antecedentes
Uno de los principales retos jurídicos tras el rescate es determinar el contexto que llevó a estas personas mayores a permanecer en un asilo que no contaba con autorización, supervisión ni condiciones adecuadas.
“Estamos entrevistando a los familiares para entender cómo fue su ingreso a esta institución privada. No podemos asumir abandono por parte de las familias hasta que concluyamos los estudios sociales y se integren los expedientes administrativos”, señaló Martínez Vázquez.
En uno de los casos, la hija de una residente expresó su preocupación:
“Cada que venía le traía ropa nueva y nunca se la ponían. Ahora entiendo por qué”.
El ingreso de los adultos mayores al albergue La Casa de los Potosinos fue posible gracias a una medida de protección emitida por la Fiscalía General del Estado (FGE) a partir de la evidencia en redes sociales y la intervención de autoridades sanitarias y civiles.
La Procuraduría de Protección del Adulto Mayor ya trabaja en la integración de un expediente por cada persona rescatada, el cual servirá para definir su situación legal y su posible reintegración familiar.
Además, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación contra los responsables del asilo Santa Sofía, quienes podrían enfrentar cargos por maltrato, negligencia y operación de un establecimiento sin permisos sanitarios ni de protección civil.
Tanto el DIF estatal como Protección Civil reconocieron que no existe un padrón confiable de asilos operando en la entidad, especialmente aquellos de carácter privado.
“No tenemos certeza de cuántos hay. Si no cuentan con permisos, son clandestinos para nosotros. Hemos solicitado información al Ayuntamiento de la capital, pero no hemos tenido respuesta. A partir de ahora, vamos a reforzar las inspecciones en función de denuncias ciudadanas”, afirmó Mauricio Ordaz.
Para las autoridades, el rescate no solo fue urgente, sino vital. La gravedad de las condiciones en las que vivían los adultos mayores motivó una respuesta inmediata.
“Fue anoche cuando nos llegó el reporte y hoy ya están a salvo. Aunque suene drástico, estaban en peligro de perder la vida”, concluyó Ordaz Flores.
El caso Santa Sofía ha abierto un nuevo frente en la agenda de derechos humanos y atención a personas adultas mayores en San Luis Potosí.
La falta de supervisión sobre centros privados, el abandono familiar y la urgencia de políticas de prevención y monitoreo son ahora temas prioritarios para autoridades estatales y sociedad civil.
