Ciudad de México, 21 de marzo.- El proyecto del canal de Nicaragua es una obra interoceánica que busca competir con el de Panamá y que según el presidente de ese país, Daniel Ortega, ofrecerá muchos beneficios económicos. Pero aún no ha quedado demostrado si será provechoso para los ciudadanos.
Además, algunos consideran que el proyecto podría tener un impacto negativo para el ecosistema del lugar y una posible pérdida de la soberanía nacional.
A pesar de que aún no se conoce con precisión la ruta para la construcción del canal, ya que el gobierno no ha hecho público ningún estudio de factibilidad y hay muy poca información, se tiene previsto que atravesará el Lago Cocibolca que es la reserva de agua dulce más grande que tiene Centroamérica, aseguró en entrevista con Excélsior la directora de la organización no gubernamental de defensa de la democracia Movimiento por Nicaragua, Violeta Granera Padilla.
La construcción del canal está concesionada a la empresa asiática HKND Group y tiene el objetivo de conectar el océano Pacífico con el Atlántico, con una longitud aproximada de 278 kilómetros.
El proyecto requerirá de una enorme excavación que atravesará importantes áreas de selva virgen que, según Granera, afectará los ecosistemas, los recursos acuíferos y la erosión de los suelos que podría convertirse en un gran desastre ecológico.
Además del tema ambiental, la posible construcción del canal abrió un gran debate político, ya que en junio de 2013 se envió el proyecto a la Asamblea Nacional para su revisión y fue aprobado rápidamente, debido a que la mayoría de los votos a favor provenían de la bancada del Frente Sandinista, partido al que pertenece el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
Diputados opositores intentaron frenar la aprobación del proyecto de ley, pero no fue suficiente y logró pasar con 61 votos a favor, 25 en contra y una abstención. Finalmente, días más tarde, la Ley del Gran Canal Interoceánico (ley 840) y el Acuerdo Marco para su construcción se publicó en la Gaceta Oficial de Nicaragua.
Granera explicó que el plan para construir el canal se ha dado en un contexto totalmente autoritario y que la ley 840 fue aprobada sin informar a la población “casi sin que nos diéramos cuenta y sin respetar los procedimientos legislativos”. Finalmente se le otorgó a la empresa asiática HKND Group una concesión por 50 años para construir el canal y manejarlo, con la posibilidad de ampliar el periodo.
Con la aprobación de la ley 840, Granera aseguró que se otorgó de manera ilimitada y de forma incondicional el territorio nacional a la empresa HKND Group, ya que en la concesión se estipuló la obligación del Banco Central de Nicaragua (BCN) de responder con sus bienes y las reservas internacionales del país ante una eventual
disputa entre las partes, “lo que es una violación directa a la soberanía nacional”.
Debido a que el pasado 22 de diciembre el gobierno de Nicaragua dio inicio a las obras para la construcción del canal, los campesinos afectados por el proyecto mantuvieron cortadas las principales vías de acceso a la capital del país, Managua, y el gobierno de Ortega reprimió las protestas que dejaron decenas de heridos y 46 detenidos.
Al frente de la compañía está el millonario chino Wang Jing, un hombre que, según la firma de inteligencia Stratfor, se interesó en un canal interoceánico en Nicaragua, ya que vio en él la oportunidad de que puedan atravesar buques de carga que son demasiado grandes para el Canal de Panamá.
Además, Stratfor aseguró que los planes de Wang Jing incluyen también la expansión de los puertos de Nicaragua para el establecimiento de nuevos lugares turísticos aprovechando los bajos costos laborales, pero Granera explicó que los nicaragüenses de la zona se dedican a la agricultura y no están preparados para el tipo de trabajo que se haría en el canal.
En un país como Nicaragua, que según el Banco Mundial sigue siendo uno de los menos desarrollados de América Latina, la promesa de que con la construcción del canal se generarán más de 50 mil empleos y habrá beneficios económicos para el país parece ser atractivo para la población, pero Granera considera que “esto va a ser un enclave para dar trabajo a los extranjeros (chinos) y muy poco va a mejorar el empleo en el país, no es más que cantos de sirenas”.
Representantes del colectivo de Organizaciones Civiles y Políticas del Estado de Nicaragua que se oponen al proyecto esperan que se pueda derogar esta ley, por ello pidieron a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), durante la reunión cumbre que se llevó a cabo en Costa Rica el pasado mes de enero, que debatiera los impactos del canal en Nicaragua, aunque no se les dio una respuesta concreta.
De construirse ese ambicioso proyecto sólo el tiempo dirá si fue una buena decisión o sólo servirá para hundir a una nación que ha visto en la construcción de un canal interoceánico un medio para resolver sus problemas.
Fuente: Excelsior.
