Por Victoriano Martínez
Si algo ha logrado exhibir el derecho de acceso a la información pública desde que fue reconocido y regulado con la primera Ley de Transparencia, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 20 de marzo de 2003, es la forma en que los funcionarios se escudan en la opacidad, que se vuelve un reactivo que revela la escasa vocación que tienen como servidores públicos.
Desde el gobernador Juan Manuel Carreras López, pasando por el secretario de Seguridad Pública, Jaime Ernesto Pineda y el rector de la UASLP, Manuel Fermín Villar Rubio, es raro el funcionario que atienda a cabalidad sus obligaciones de transparencia, como si los asuntos que trataran no incumbieran a toda la comunidad.
Si Carreras López fuera un auténtico servidor público sabría que no tiene por qué felicitar a una Fiscalía General del Estado por haber cumplido con su obligación legal de aclarar un crimen, cuando como gobernador no se ha pronunciado por los miles de casos sin resolver, las denuncias ciudadanas contra ex diputados y ex alcaldes congeladas, ante las que ha optado por el silencio cómplice.
Pero el mandatario prefiere dar la espalda a la población y que de esos temas no se hable y, si se hace, que sea como si su gobierno no contara con datos sobre la gravedad de la situación local porque a fin de cuentas somos vecinos de un estado como Guanajuato, que es a donde hay que voltear a ver… ¡allá sí tienen problemas!
Si el jefe quiere condecorar al Fiscal por una que otra golondrina, no tiene porqué extrañar que su secretario de Seguridad Pública lleve al extremo del burocratismo, en su acepción más denigrante, su obligación de trabajar de cara a sus jefes reales, la ciudadanía: los temas de seguridad se darán a conocer a través de comunicados.
Poco faltó para que Pineda Arteaga solicitara a los reporteros presentar sus solicitudes de información y someterse a un trámite formal, que pone orden en el ejercicio de un derecho, pero que de ninguna manera es el ideal de transparencia porque éste –como vocación– es estar dispuesto a cualquier comparecencia pública en todo momento. Son servidores públicos.
Lo lamentable: el mal ejemplo cunde desde la cabeza de la Alma Mater, la UASLP. Para colmo, sobre el mismo tema: la seguridad. Y en el exceso: un rector que evade informar –su obligación como servidor público– con una expresión en tono de burla: “Ah, bueno, pues espérense al siguiente”, con lo que remite a la prensa a buscar los datos en el informe que presentará en unos meses.
Villar Rubio se finge ignorante, o lo es. “Hay también derecho de datos personales de las personas, no podemos publicar los nombres”, argumenta como si fuera incapaz de distinguir entre cifras estadísticas y una relación desglosada caso por caso.
Una insensibilidad para tratar el tema del acoso con la que avala la opaca respuesta a la solicitud de información en la que remiten a un informe que no informa, mucho menos muestra esas estadísticas.
Un “espérense al siguiente”, como si el que se acumulen denuncias por acoso fuera algo trivial. Una actitud que recuerda el letrero ¿y si fuera su hijo? en zona escolar dirigido a los automovilistas para sensibilizarlos para disminuir su velocidad: Señor Rector, ¿y si la siguiente acosada fuera su hija?
Ah, bueno, espérese a la siguiente.
