Desiree Madrid
El alcalde de Vanegas, Jerónimo García Ruiz, salió a defender públicamente la decisión de su cabildo de separar al síndico municipal José Héctor Coronado Reyna, y al mismo tiempo reconoció que su propio exsecretario particular, Arturo Puente, incurrió en presuntos malos manejos con recursos de ciudadanos que buscaban tramitar visas.
Ambos casos salpican a una administración que, según García Ruiz, intenta hacer las cosas “como se marca” y con la frente en alto, aunque enfrenta ya cuestionamientos legales que el Congreso del Estado deberá resolver.
En declaraciones ofrecidas al programa Razones, García Ruiz describió dos situaciones que, a su juicio, justifican las medidas tomadas contra cada uno de los funcionarios. Del síndico afirmó que dejó sin resolver una cuenta bancaria congelada que impide al Ayuntamiento recaudar recursos, y que tampoco atendió en tiempo y forma laudos laborales heredados de administraciones anteriores.
“Se pudieron haber arreglado con 600 mil pesos de unas administraciones pasadas y también las dejó pasar”, señaló el alcalde, quien atribuyó esas omisiones como afectaciones directas a un municipio que ya de por sí carece de recursos suficientes.
Sobre el proceso formal que llevó al acuerdo de cabildo, García Ruiz explicó que antes de llegar a esa instancia buscó una salida negociada.
“Se habló con él y esto y lo otro, él no aceptó firmar su renuncia, su licencia para meter al suplente, entonces pues por eso fue que se tomó lo de Cabildo”, dijo el presidente municipal.
Aclaró que el Ayuntamiento no tiene la última palabra en este asunto y que el expediente ya fue remitido al Poder Legislativo:
“Si en el Congreso nos dicen que hay que reinstalarlo, sin problema, yo no tengo pleito contra él ni nada más, lo único que se pide pues es la chamba”.
Lo que el alcalde no mencionó en esa entrevista, pero que quedó documentado en la nota publicada por este medio el 24 de junio, es que la separación del síndico se concretó sin que existiera un procedimiento previo y sin garantizarle el derecho de audiencia, en contravención de lo que establecen tanto la Constitución Política del Estado como la Ley Orgánica del Municipio Libre.
Estas disposiciones son claras: la suspensión o revocación del mandato de un integrante de un ayuntamiento sólo puede ser decretada por el Congreso del Estado mediante mayoría calificada y previa sustanciación de un procedimiento, en el que el afectado pueda rendir pruebas y alegatos. El artículo 57 constitucional, fracción XXVII, otorga expresamente esa facultad al Poder Legislativo, no al cabildo.
El síndico Coronado Reyna, por su parte, denunció que al salir de la sesión de Cabildo encontró cambiada la cerradura de su oficina, y que también fueron retiradas las llaves a su secretaria.
“Me están despojando de un bien del cual tengo la posesión para ejercer mis funciones”, señaló durante la conferencia de prensa que ofreció horas después de la sesión, en la que también compareció el propio Arturo Puente.
Coronado Reyna anticipó que agotará todos los recursos legales disponibles para impugnar la decisión.
Fue en esa misma conferencia donde Puente, el exsecretario particular, cuestionó el proceso desde su propia posición de inconforme con el Ayuntamiento, aunque el alcalde ofreció una versión distinta sobre los motivos de su separación.
García Ruiz afirmó que Puente fue designado como enlace para gestiones de visas y que durante ese encargo recibió dinero de ciudadanos que nunca llegó a su destino.
“Yo tengo todos los recibos firmados por él, donde él recibió el dinero a las personas y allá donde tuvo que haberse entregado, no se entregó”, declaró el presidente municipal, quien añadió que ya presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
“Era de mi confianza, yo lo puse a él y por él yo tengo que responder, porque la gente de Vanegas qué culpa tiene de que la defrauden de esa manera”.
Sobre las acusaciones de motivos políticos detrás de las destituciones, que tanto el síndico como el exsecretario han lanzado en los medios, García Ruiz descartó que haya una motivación política en este conflicto.
“Cada quien es libre y soberano de irse para donde sea, si ellos traen otras intenciones, por otro lado, sin problema, siempre y cuando cumplan con sus trabajos”, respondió.
Insistió en que la rendición de cuentas de su administración está publicada en el Periódico Oficial y que cualquier ciudadano puede consultarla:
Sin embargo, el hecho de que el conflicto con el síndico se haya resuelto con un cambio de chapa antes de que el Congreso emitiera ninguna resolución dibuja un escenario que difícilmente puede leerse sólo como apego al procedimiento.
El expediente de Coronado Reyna quedó en manos del Congreso del Estado, que deberá determinar si la actuación del cabildo invadió atribuciones exclusivas del Poder Legislativo o si existen elementos suficientes para avalar la separación por la vía formal que marca la ley.
