María Ruiz
Ante el aumento de fraudes inmobiliarios en San Luis Potosí, la abogada Raquel Charqueño, especialista en litigios en áreas familiares, civiles y mercantiles, compartió su experiencia y recomendaciones para proteger a la ciudadanía frente a estafas en la compra, venta o renta de propiedades.
Según Charqueño, la clave está en combinar la prevención con acciones legales, especialmente el amparo como herramienta para frenar despojos ilegales. Para la abogada, el amparo es el mecanismo más efectivo cuando se detecta un intento de despojo.
“Hay que decir que hay una vía, que es la vía de amparo, que inmediatamente tendríamos que buscar a un abogado o abogada experta para que trate de paralizar el desalojo y a su vez presentar una denuncia por despojo. Los jueces federales lo que tienen que hacer en esos casos es detener todo acto tendiente a despojar a una persona de su inmueble hasta en tanto no se demuestre que lo hizo de manera legal quien realizó ese despojo”.
Explicó que este recurso es útil tanto para prevenir el despojo como para detener procesos iniciados mediante documentos falsos como pagarés apócrifos, y que requiere asesoría especializada.
“Aquí lo que se pudiera hacer es argumentar que sabemos de una orden judicial o que iniciaron actos tendientes a despojarnos y que desconocemos de qué trata, porque sí sucede; no sabemos de qué trata el asunto o de qué orden. En el amparo nos tendrían que arrojar los litigios para que nosotros podamos decir que los desconocemos, y ahí, por ejemplo, desconocer la firma”.
Charqueño identificó varias señales que pueden indicar un riesgo de fraude: precios fuera del mercado, depósitos anticipados sin contrato formal, documentos falsos o dudosos, presión para cerrar el trato rápidamente y la presencia de intermediarios sospechosos.
“Hay que identificar muy bien los costos en una zona específica de la ciudad. Cuando encontramos en internet una oferta muy por debajo del promedio, sabemos que algo anda mal”.
Respecto a los depósitos, enfatizó: “Todo contrato de arrendamiento y de compra-venta requiere un contrato entre las partes. Aconsejo que se lleve a cabo en una notaría de confianza y que antes de realizar cualquier anticipo solicitemos a la persona con quien vamos a celebrar estos contratos”.
En cuanto a documentos dudosos, advirtió que “si nos dan copias simples que no sean claras, documentos que no estén debidamente certificados en una notaría o sellos que parezcan falsos, ahí hay que tener cuidado”.
Finalmente, sobre la urgencia para cerrar un trato, detectar señales de urgencia por parte del vendedor podrían ser una llamada de atención o alerta.
“Cuando vemos urgencia por cerrar un trato, es un foco rojo. Los vendedores o arrendadores legítimos también buscan confianza y no actúan de manera apresurada”.
La especialista destacó varias medidas preventivas para reducir el riesgo de ser víctima de fraude, entre ellas verificar la titularidad del inmueble al solicitar escritura y certificado de libertad de gravamen, celebrar contratos formales ante notarios de confianza, revisar periódicamente en el Registro Público de la Propiedad el estatus del inmueble, y conservar toda evidencia digital como capturas de pantalla, mensajes de WhatsApp, comprobantes de depósitos y publicaciones en redes.
“Yo sugiero que periódicamente identifiquen en el registro público de la propiedad si hay algún embargo o anotación marginal que desconozcan, porque esto significa que el inmueble es sujeto a un procedimiento legal”, indicó.
En caso de ser víctima de fraude, Charqueño aconseja actuar rápidamente mediante denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), evaluar la nulidad de contratos verbales o la devolución de dinero en acción civil, y recurrir al amparo para suspender desalojos ilegales.
“Si ya nos despojaron, se requerirá demostrar la falsedad de los pagarés y preparar un trámite más complejo ante el juzgado o mediante un amparo indirecto, por lo que es fundamental asesorarse bien”, explicó.
La abogada advirtió sobre las consecuencias de no actuar con cautela: pérdida patrimonial directa, despojo de inmuebles y problemas derivados de documentación falsa.
“La pérdida patrimonial directa es uno de los riesgos más graves; recuperar dinero entregado puede ser muy difícil si no se actúa con cautela desde el inicio”, afirmó.
Finalmente, Charqueño insistió en que la prevención y la asesoría especializada son esenciales para protegerse frente a los fraudes inmobiliarios.
“Mientras no haya contrato, aconsejo que no se hagan depósitos. Pero más allá de eso, el amparo y la asesoría jurídica son claves para detener cualquier despojo ilegal y buscar la restitución de la propiedad”.
