Desiree Madrid
Los amparos promovidos contra obras que han generado afectaciones al medio ambiente en San Luis Potosí continúan su trámite, pese a los recursos legales interpuestos para retrasar algunas diligencias, afirmó Luis González Lozano, activista ambiental y director de la organización civil Cambio de Ruta.
El activista sostuvo que existe una práctica por parte del gobierno estatal para alargar los procedimientos judiciales, aunque aclaró que los procesos siguen avanzando.
“Lo que hemos encontrado es ya una mecánica natural por parte de la gallardía para ir interrumpiendo, alargando los juicios, pero los juicios caminan”.
Como ejemplo, mencionó los procesos relacionados con Dinoasis (antes llamado Splash) del Tangamanga, en los que, dijo, se interpuso un recurso de queja que impidió que se realizara una inspección que estaba programada.
También señaló el caso de Bulevar Río Santiago, donde inicialmente se presentó una queja que evitó una diligencia, aunque posteriormente fue desechada por improcedente.
González Lozano informó que el próximo viernes 4 de septiembre está programada una inspección judicial relacionada con uno de los amparos ambientales.
“Es una inspección judicial que ordenó el juez en razón de una confesión que hace la titular del Seduvop donde derribaron 201 árboles saludables, sanos, así dice el oficio, que tenían esa apariencia”, señaló.
El activista cuestionó que el derribo de árboles pueda considerarse una medida de mitigación o recuperación del daño ambiental, debido a que algunos ejemplares tienen años de crecimiento y no pueden ser sustituidos fácilmente.
“Tumbar 201 árboles en un programa de mitigación o de recuperación del daño ambiental… es una decisión que yo creo que nos afecta a todos los que vivimos aquí”, expresó.
Además de este procedimiento, indicó que continúan otros amparos ambientales, entre ellos los relacionados con el río Axtla y la Presa de San José, los cuales, aseguró, ya cuentan con resoluciones favorables y con órdenes judiciales para realizar determinadas acciones.
González Lozano aclaró que las resoluciones no necesariamente implican detener todas las obras, sino evitar que continúen las afectaciones al arbolado, así como a la flora y fauna.
Explicó que si una obra puede realizarse en una zona donde no existen árboles que deban ser afectados, los trabajos pueden continuar; el problema se presenta cuando la construcción implica derribo o una poda que resulte excesiva o inadecuada.
La inspección prevista para el 4 de septiembre tendrá entre sus objetivos identificar las zonas donde existe arbolado urbano y aquellas donde no lo hay, de acuerdo con el activista. Señaló que la discusión no consiste en impedir todas las obras, sino en determinar en qué condiciones pueden ejecutarse sin incrementar el daño ambiental.
Como ejemplo, mencionó la construcción del nuevo Puente de la Familia, donde, dijo, se han conservado los árboles ubicados en la zona de trabajo.
“Ellos pueden hacer esa obra sin ningún problema, el problema viene cuando se derriba el árbol o hay una poda excesiva que no es adecuada para el tipo de árbol y para la obra”, afirmó.
