Astrolabio

Por Victoriano Martínez

La escena que se vivió ayer por la mañana en la sesión del pleno del Congreso del Estado (…), (la protagonizaron grupos que) no dejaban de llamar a los diputados “sinvergüenzas”, “rateros”, “serviles” (con) un objetivo común: mostrar su descontento por la actitud y entreguismo de los legisladores a favor del gobierno estatal…

Son los términos con los que los periódicos La Jornada San Luis y El Sol de San Luis del 6 de agosto de 2009 describían una sesión extraordinaria de la LVIII Legislatura, a poco más de un mes de concluir su trienio.

Aquellos diputados aprobaron, con dos accidentadas intervenciones, el dictamen que aprobó el crédito que por mil 500 millones de pesos se le autorizó a Marcelo de los Santos Fraga, 46 días antes de que concluyera su mandato.

Momentos antes de que concluyera aquella sesión, cayó entre los diputados un puño de morralla.

Este viernes, a una semana de concluir su gestión, los diputados que integran la LXI Legislatura fueron blanco prácticamente de los mismos calificativos, aunque en esta ocasión sobresalió el de corruptos.

En esta ocasión no le autorizaron un crédito por mil 500 millones al gobernador, sino que tal vez le autorizaron algo que podría resultar peor: afectar hasta en 2.5 por ciento mensual el Fondo General de Participaciones para cubrir el pago de cuotas de maestros al ISSSTE por mil 225 millones 906 mil 77 pesos “más intereses, actualizaciones y recargos”.

Si Marcelo de los Santos Fraga pidió el crédito para tapar los hoyos de una administración que en su momento se calificó como botarate, el gobernador Juan Manuel Carreras López hoy afecta los ingresos del estado, pero no dice por cuántos años (podrían prolongarse indefinidamente), y lo que queda claro es que es para tapar el hoyo que el propio Carreras dejó en la SEGE.

Los diputados de la LXI Legislatura resultaron, pues, igual de serviles y un poco más que los de la LVIII Legislatura. En esta ocasión les cayeron encima dos huevos…

Un favorcillo adicional al gobernador Carreras y a los entes fiscalizables (con lo que superan a la LVIII Legislatura) fue la aprobación, en un solo dictamen, de los informes general e individuales que la Auditoría Superior del Estado le presentó con trabajos forzados que generaron inconformidades entre su personal por las jornadas interminables a las que los tuvieron que someter.

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas da a la ASE hasta el 31 de octubre para presentar los informes. La instrucción fue entregarlos a los actuales diputados para que los aprobaran fast-track, y lograron hacerlo, aunque en el trabajo se vieran en la necesidad de omitir los anexos necesarios. Es decir, la Comisión de Vigilancia dictaminó sin los expedientes completos.

Tal vez eso explique en parte las pifias en el dictamen aprobado sin cambios en el Pleno y también el argumento de los tocados.

Si Héctor Mendizábal Pérez asegura que los facultaba a violar la Constitución el hecho de que a cada Legislatura le toca aprobar los informes de tres ejercicios anuales, quienes los sucederán en el cargo ¿tendrán que hacer la misma maniobra inconstitucional para lograr que les toquen tres?

A la LXII Legislatura le correspondía en el primer periodo ordinario del primer año de ejercicio (2018) aprobar los informes de las cuentas 2017, en primer periodo del segundo año (2019) los de las cuentas 2018 y en el primer periodo del tercer año (2020) los de las cuentas de 2019. El primer periodo de 2021 ya le corresponde a la LXIII Legislatura.

Tan convenenciero fue el argumento de Mendizábal Pérez, como servil a quienes le están haciendo el favor con usurpar facultades que la Constitución ya no les otorga, según la reforma que ellos mismos le hicieron.

Conforme al texto constitucional (artículo 53) los diputados que están por iniciar su gestión comenzarán con sus atribuciones mutiladas porque sus antecesores les usurparon una de sus funciones iniciales… y solo les dejaron el genial argumento de los tocados para que le apliquen la misma medida a la siguiente Legislatura.

O en tres años violan la Constitución porque les toca… o toman medidas contra quienes usurparon su derecho.

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