Fernanda Durán
El Congreso del Estado aprobó este lunes el aplazamiento de la entrada en vigor de los impuestos ecológicos, mejor conocidos como “impuestos verdes”, pasando del 1 de abril al 10 de junio con una modificación al decreto 0898.
La propuesta fue planteada por los 27 diputados y diputadas, y recibida apenas este día en el Pleno, por lo que en una votación anticipada, dos terceras partes de los congresistas presentes confirmaron el cambio de fecha sin necesidad de analizarlo en comisiones.
De acuerdo con la iniciativa, el objetivo de retrasar la fecha establecida en los artículos transitorios de la Ley de Ingresos 2024, es para que el Gobierno del Estado cuente con mayor tiempo “para promover el conocimiento y formas de aplicación del nuevo impuesto y sus reglas de operación ante los sujetos obligados”.
En días pasados, la Alianza Empresarial, en coordinación con cámaras empresariales nacionales e internacionales, celebraron la propuesta con lo cual mostraron su disposición para trabajar con el Poder Ejecutivo, pues han estado en contacto constante con las y los legisladores para acercar información y propuestas a fin de enriquecer el marco jurídico del impuesto, con el objetivo de robustecer las disposiciones legales y administrativas del impuesto ambiental, además de que se tomen en consideración las circunstancias de cada rama empresarial.
Según las autoridades y los empresarios, los diálogos se han mantenido desde enero, pero hasta ahora no han emitido o propuesto mayores modificaciones.
El decreto estableció que los impuestos ecológicos son: impuesto por la remediación ambiental en la extracción de materiales; impuesto por la emisión de gases contaminantes a la atmósfera; impuesto por la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua; impuesto al manejo y depósito por almacenamiento de residuos contaminantes.
Además, el impuesto será aplicado en el momento que los contribuyentes realicen emisiones a la atmósfera, gravadas por este impuesto que afecten al estado y su demarcación territorial, aplicando una cuota impositiva por el equivalente tres Unidades de Medida y Actualización (UMA) por tonelada emitida de bióxido de carbono o la conversión del mismo, establecida en la Ley de Ingresos.
