Leticia Vaca

Pese a los señalamientos y acusaciones en contra del diputado Pedro César Carrizales Becerra por no haber acreditado su ascendencia indigena, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó su candidatura indígena para el cuarto puesto de la segunda circunscripción federal.

A través de un comunicado, Carrizales Becerra aclaró que el resolutivo del INE se trató de un apercibimiento para subsanar deficiencias en la solicitud de inscripción de la candidatura.

“Derivado de lo anterior, surgió el rumor de la existencia de documentos falsos; con ello aprovecharon personas y grupos que respaldan la candidatura de la coalición “Sí por San Luis” para amenazar y presionar a diversos servidores públicos, al grado de orillar bajo amenaza al director de Asuntos Indígenas de San Antonio, el señor Gaudencio Martínez a presentar una denuncia en mi contra, sustentada en hechos falsos”, señaló en el  comunicado.

Cabe mencionar que el director de Asuntos Indígenas del municipio de San Antonio presentó una denuncia por ia supuesta falsificación de su firma, por lo que Carrizales Becerra aseguró tener los documentos originales que “trataron de descalificar, mismos que serán presentados ante la Fiscalía General de la República y se harán públicos para que sea la autoridad y ustedes quienes juzguen su veracidad”.

Dijo, además, que presentará diversas denuncias por posibles delitos electorales, pues “dar información falsa a autoridades y violencia política, en contra del señor Gaudencio Martínez, de los líderes de diversas organizaciones y en contra de quien o quienes, resulten responsables”

Aparte, luego de que se diera a conocer que el INE aprobó la candidatura de Carrizales Becerra, Juan Felipe Cisneros Sánchez, representante del Observatorio Indígena Mesoamericano, publicó en su perfil de Facebook el siguiente mensaje:

“Si un individuo que NO ES INDÍGENA utiliza argucias “legales” para postularse a un cargo de elección popular que le correspondería como acción afirmativa a una persona indígena y este individuo continúa siendo un farsante, que usurpa un derecho político electoral en perjuicio de una población vulnerable.

Si ante el cuestionamiento de su cobarde infamia, el farsante se hace la “víctima”; es sólo parte de una dramatización que busca encubrir su abuso, su deshonestidad y cobardía. Ademas, si el INE como garante acepta tales prácticas, es porque la norma no sólo es inútil como acción afirmativa, sino también discriminatoria y contribuye a la violación de los derechos político electorales de los pueblos y comunidades indígenas. Así que la lucha de la memoria contra el olvido sigue”.