Abelardo Medellín

Luego de que fuera aprobada la desaparición de 109 fideicomisos federales en octubre del 2020, entre ellos los destinados a familiares de víctimas de desaparición forzada, la asociación Voz y Dignidad por los Nuestros SLP, A.C., informó en días pasados que ha conseguido un amparo que les otorga medidas cautelares que las proteja de la desaparición de mecanismos como el de “Familiares de desaparecidos, Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI)”.

El amparo elaborado por el defensor y abogado Ricardo Preciado expone que “con fundamento a lo dispuesto en los artículos 128, 132, 136, 138 y 139, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional respecto a los actos reclamados. […] Para el único efecto de que se continúe pagando los recursos de lo que refiere en su calidad de víctima, lo anterior hasta que se notifique a los responsables la resolución”, mismo que beneficiaría a los familiares de víctimas de desaparición que continúan buscando a sus desparecidos con grupos como el de voz y dignidad.

Según lo que han expresado recientemente víctimas del delito de desaparición, la forma en que el Gobierno Federal extinguió los fideicomisos de apoyo a familiares de desaparecidos, es un “retroceso a los derechos ganados por familias y familiares de víctimas”.

De igual manera, señalaron que, derivado del amparo, la justicia federal les ha dado la razón en lo que concierne a sus derechos como víctimas: “si bien no es un logro jurídico completo, es un buen camino”.

Cabe recordar que la desaparición de fideicomisos de apoyo a víctimas inició cuando el 7 de octubre del año pasado la Cámara de diputados aprobó la extinción de fondos de dinero público gestionados por entidades privadas que financiaban actividades de investigación, cultura o ayuda humanitaria; esto, en respuesta a las políticas de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador que buscaba conseguir un ahorro de 68 millones de pesos que serían para enfrentar la crisis sanitaría de COVID-19.

Sin embargo, la desaparición de fideicomisos dejó sin recursos a actividades como localización de personas, asistencia, alojamiento, traslado, alimentación, que están comprendidas dentro de los protocolos que enmarca la Ley General de Víctimas y que son trabajo de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas.