Por Victoriano Martínez

La tragedia comenzó el 17 de junio en Santo Domingo y terminó como una atrocidad más del crimen organizado con los cuerpos de los dos policías desaparecidos la semana pasada colgados de un puente en territorio de Zacatecas con una manta como señal inequívoca de que la violencia no distingue límites territoriales.

Justificaciones, antes que explicaciones, por parte de la autoridad local le dan vuelta a los mismos argumentos relacionados con enfrentamientos entre los grupos criminales, situaciones que vienen de fuera y otras… aunque esta vez fueron policías potosinos los que aparecieron más allá de la frontera del Estado.

Independientemente de que es claro que el territorio de la violencia no distingue fronteras estatales, lo preocupante es que las autoridades que por casi seis años no han logrado una estrategia efectiva de contención insistan en poner la atención en que se trata de algo que llega como si no estuviera presente aquí y hasta de manera alarmante.

Al menos así lo deja ver el recuento de atrocidades por parte de la ONG Causa en Común, sobre los casos de “uso intencional de la fuerza física o poder para causar maltrato, desfiguración extrema o destrucción del cuerpo; para causar la muerte de un alto número de personas; y/o para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político”.

De enero a noviembre de 2020, esa organización contabilizó 65 casos de atrocidades, en tanto que entre enero y mayo de este año ya son 53 los casos registrados. El promedio mensual de atrocidades pasó de 7.2 a 10.6 por mes, un aumento del 47 por ciento.

Como notas resulta pertinente señalar que en ese recuento no se incluye el hallazgo de nueve cadáveres ocurrido el fin de semana en que se realizaron las elecciones, que en todo caso correspondería a la atrocidad número 54 del año; además del cuerpo de un hombre decapitado en Zaragoza la mañana de este miércoles como el caso 55.

Si se compara el territorio de las atrocidades durante 2020 con el de los primeros cinco meses de este año, además del aumento hay un dato que requiere especial atención: los hechos atroces se dispersaron por todo el Estado, dado que en 2020 uno de cada dos crímenes atroces ocurría en la capital y ahora esa proporción es de uno de cada tres.

En otras palabras, si el año pasado la capital del Estado era el territorio de mayor peligrosidad por parte del crimen organizado, ahora esa saña con la que suelen ocurrir los crímenes se ha dispersado hacia el resto de los municipios.

El año pasado los crímenes atroces abarcaron 20 de los 58 municipios del Estado. En los primeros cinco meses de este año ya han ocurrido atrocidades en 22municipios.

En diciembre pasado, cuando por primera vez se dio a conocer el mapa de las atrocidades, se hizo la siguiente observación:

Si uno de los riesgos de la inseguridad es que la población cada vez vea como normal la proliferación de homicidios, la gravedad de la desatención de las autoridades y la impunidad en que deja a los homicidas no será sólo que la población normalice conocer cada vez más de atrocidades, sino que los criminales asuman que cada vez pueden ser más crueles.

El hecho de que ahora los datos arrojen un incremento del 47 por ciento en las atrocidades y sean más los municipios hacia donde se ha dispersado ese tipo de actos sólo muestra la gravedad de la indolencia del gobierno encabezado por Juan Manuel Carreras López que insiste en las mismas justificaciones y en manifestaciones de preocupación sin sentido.

Una combinación macabra de autoridades indolentes con criminales cada vez más crueles de la que no escapan los propios policías.