Fernanda Durán
La Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado aprobó este martes 27 de octubre un exhorto para solicitar a las autoridades laborales federales y estatales que inspeccionen empresas de medios de comunicación y verifiquen que sus trabajadores, especialmente periodistas, cuenten con condiciones laborales dignas, estabilidad en el empleo y prestaciones sociales.
La propuesta, presentada el 13 de julio por la diputada del PRI, Sara Rocha Medina, está dirigida a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal y a su homóloga estatal, para que, dentro de sus atribuciones, inspeccionen las empresas de comunicación y comprueben que cumplen con la legislación laboral.
La segunda petición está dirigida a las instituciones públicas del Gobierno del Estado, a fin de que, durante sus procesos de contratación de servicios con empresas de medios de comunicación, verifiquen que estas cuenten con una constancia de cumplimiento en materia de seguridad social.
Este último planteamiento introduce una relación entre la contratación gubernamental de servicios de comunicación y las obligaciones patronales de las empresas beneficiarias, aunque el dictamen no desarrolla un procedimiento específico de verificación ni establece consecuencias para aquellas que incumplan el requisito.
El dictamen, que contó con la opinión de la Comisión Especial de Atención a Periodistas, plantea atender problemas como la falta de contratos formales, bajos salarios, despidos injustificados y ausencia de prestaciones, además de las dificultades que enfrentan quienes trabajan como colaboradores independientes.
En su justificación, advierte que los cambios en la industria informativa han incrementado las cargas de trabajo, pues actualmente los periodistas deben producir contenidos para distintas plataformas, frecuentemente sin mejoras salariales.
El dictamen retoma referencias académicas sobre estas condiciones y menciona un salario promedio de 11 mil 222 pesos mensuales para comunicólogos y periodistas en México.
También señala que los esquemas de subcontratación y las contrataciones informales pueden facilitar que las empresas evadan responsabilidades laborales y fiscales, dejando a sus trabajadores sin protección social.
La propuesta fue presentada en medio de los foros y reuniones que el Congreso desarrolló sobre la regulación de la inteligencia artificial y sus posibles afectaciones a la libertad de expresión, tras la controversia por la llamada Ley Serrano, así como la creación de la Comisión Especial de Atención a Periodistas.
Aunque el dictamen reconoce estas dificultades, no incluye cifras específicas sobre cuántos periodistas trabajan sin contrato o seguridad social en San Luis Potosí, ni identifica empresas que deban ser inspeccionadas.
Además, no establece sanciones ni obliga directamente a realizar las revisiones, pues se trata de un exhorto dirigido a las autoridades competentes.
Tras su aprobación en comisión, el documento deberá someterse a consideración del Pleno del Congreso para determinar si se emiten formalmente las solicitudes.
