María Ruiz
Integrado por periodistas, personas defensoras de derechos humanos y representantes de 19 asociaciones civiles, comunidades e instituciones locales, regionales y nacionales, el Grupo Ciudadano de Trabajo (GCT), acompañado por organizaciones de la sociedad civil organizada, lanzó un pronunciamiento público ante lo que califican como una preocupante escalada de persecuciones, órdenes de aprehensión y detenciones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos en San Luis Potosí.
Las organizaciones advirtieron que los hechos recientes no pueden analizarse como episodios aislados, sino como parte de un contexto más amplio que amenaza libertades fundamentales y debilita las garantías democráticas.
“El uso del aparato punitivo del Estado para detener a personas comunicadoras genera una censura previa de facto y desincentiva la legítima defensa de los derechos humanos y la libre expresión”, señala el documento firmado por decenas de organizaciones y colectivos.
La preocupación se produce en un momento particularmente sensible: la entrada en vigor del Decreto 0525, publicado el pasado 8 de mayo de 2026, mediante el cual se incorporó al Código Penal del Estado el Capítulo XIII sobre “Mensajes Intimidatorios”.
Aunque la reforma establece excepciones para actividades periodísticas, académicas y manifestaciones sociales, las organizaciones sostienen que la realidad reciente evidencia un peligroso margen de discrecionalidad en la actuación ministerial y policial.
Uno de los puntos más controvertidos es el artículo 170 TIER, que contempla sanciones de entre dos y cinco años de prisión para quienes elaboren o difundan mensajes considerados intimidatorios bajo conceptos que las organizaciones califican como ambiguos. Desde su perspectiva, la redacción abre espacio para interpretaciones subjetivas que podrían utilizarse para criminalizar el trabajo periodístico y la denuncia social.
Las agrupaciones advierten que la preocupación no comienza con esta reforma. Recordaron también los cambios aprobados por el Congreso de San Luis Potosí durante 2025 relacionados con el uso denominado “indebido” de la Inteligencia Artificial y el llamado halconeo digital, normas que especialistas locales y nacionales ya habían señalado por sus posibles riesgos para derechos y libertades.
En el documento, las organizaciones sostienen que el efecto puede ser más profundo de lo que parece: inhibir el trabajo de quienes documentan problemáticas sociales, investigan hechos de violencia o denuncian relaciones de poder que afectan a distintos territorios del estado.
“Procesar penalmente a periodistas y personas defensoras que acompañan, documentan, reportan o denuncian dinámicas de violencia representa un golpe directo al derecho de la sociedad a mantenerse informada”, advierten.
Mecanismo de Protección bajo cuestionamiento
La alerta no se limita al plano legislativo. El pronunciamiento también describe una crisis institucional que consideran igual de preocupante.
El Grupo Ciudadano de Trabajo recordó que desde marzo de 2026 había denunciado públicamente omisiones en el funcionamiento del Mecanismo Estatal de Protección para Periodistas y Personas Defensoras.
Entre las principales irregularidades señaladas destacan la falta de herramientas básicas para acceder a medidas de protección, ausencia de un portal oficial con información pública permanente, inexistencia de canales claros para orientación y solicitudes de apoyo, además de una falta de transparencia sobre informes y estadísticas que por ley deberían difundirse.
A ello se suman cuestionamientos sobre el proceso de renovación de representantes ciudadanos dentro del propio mecanismo.
Las organizaciones sostienen que obstáculos administrativos y procesos poco transparentes derivaron en una representación limitada y en una estructura que dificulta la participación real de periodistas y defensores de derechos humanos.
Piden vigilancia internacional
Frente a lo que califican como una coyuntura regresiva, las agrupaciones solicitaron la intervención y seguimiento de organismos internacionales de derechos humanos.
De manera particular hicieron un llamado a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a redes internacionales de protección de periodistas para observar de manera prioritaria lo que ocurre en San Luis Potosí.
La petición incluye el monitoreo independiente de las detenciones recientes, el análisis de la aplicación del Decreto 0525 y el recordatorio al Estado Mexicano sobre sus obligaciones internacionales en materia de libertad de expresión y defensa de derechos humanos.
Finalmente, el Grupo Ciudadano de Trabajo exigió al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, el Congreso del Estado y a la Fiscalía General del Estado, revisar de manera inmediata los casos recientes, garantizar el debido proceso, fortalecer las medidas preventivas de protección y transparentar los procesos internos del mecanismo estatal.
La advertencia final del documento resume la dimensión de la preocupación:
“Una democracia no puede sobrevivir si se silencia a quienes informan y a quienes defienden la dignidad colectiva”.
