María Ruiz
El Comité de Transparencia del Municipio de San Luis Potosí clasificó como reservada la totalidad de la información técnica, jurídica, presupuestal y social relacionada con el proyecto denominado “Paso Inferior Vehicular El Saucito”, proyectado en la avenida Fray Diego de la Magdalena.
La reserva fue confirmada por el comité de transparencia a través de la respuesta a la solicitud de información con folio 240474426000345, según consta en las actuaciones oficiales del gobierno capitalino.
La solicitud presentada el 5 de julio de 2026, pedía al ayuntamiento un desglose exhaustivo de 14 puntos clave sobre la obra promovida durante las administraciones del alcalde Enrique Galindo Ceballos (2021-2024 y 2024-2027). Entre los requerimientos figuraban copias de proyectos ejecutivos, anteproyectos, planos y memorias descriptivas, así como especificaciones de la longitud, ancho, profundidad de la excavación, número de carriles, tipo de estructura, obras complementarias y sistemas de drenaje pluvial.
De igual forma, Astrolabio Diario Digital solicitó el estado actual de las etapas técnica, administrativa y jurídica, aunado a estudios geotécnicos, hidrológicos, mecánica de suelos, impacto vial, movilidad e impacto urbano. Adicionalmente, el documento remitido al Ayuntamiento capitalino requería un informe sobre los avances, porcentaje de desarrollo y resultados de los estudios elaborados por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), precisando las facultades participantes y copia de los dictámenes entregados al municipio.
La solicitud abarcó también la entrega de autorizaciones o permisos emitidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), las minutas, acuerdos y listas de asistencia de reuniones sostenidas con vecinos y colectivos del Barrio de El Saucito, las modificaciones al trazo original resultantes del diálogo ciudadano, la situación jurídica actualizada del juicio de amparo indirecto 821/2026-III y el presupuesto actualizado del proyecto con sus fuentes de financiamiento.
Previo al pronunciamiento definitivo, el Comité de Transparencia del Municipio aprobó una extensión del plazo de respuesta el 11 de agosto de 2026 mediante el acuerdo CTA-AP-458-037-E/2026, asentado en el Acta 037-E/CT/MSLP/2026. En dicho documento, suscrito por el Jefe de la Unidad de Transparencia, Carlos Eduardo Medina Guerrero, la autoridad fundamentó la prórroga en el artículo 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, señalando de forma textual que “a la fecha la Unidad de Transparencia continúa recabando y determinando la procedencia de la información solicitada por el área competente al interior del Sujeto Obligado; por lo anterior es necesario realizar la ampliación al término de respuesta, esto efecto de contar con la información más precisa y veraz, que pueda brindar contestación a la petición de cuenta”.
Sin embargo, el 26 de agosto de 2026, la dependencia notificó la negativa final con base en el oficio DOP/CJ/1192/2026, emitido por la Dirección de Obras Públicas en atención al similar UT 0639/2026. En dicho informe, el área ejecutora citó sus atribuciones contenidas en el punto 3.2.22 del Manual General de Organización del Municipio de San Luis Potosí, las cuales facultan a la dirección para “Planear, proyectar, promover y construir la obra pública, garantizando calidad y la correcta aplicación del recurso asignado, que atienda una necesidad en materia de infraestructura, equipamiento urbano y movilidad a los ciudadanos, además de vialidades seguras, de conformidad con la normatividad aplicable”.
En el mismo oficio, la Dirección de Obras Públicas establece formalmente el rechazo a la entrega de la documentación, manifestando expresamente que:
“Esta Dirección no está en condiciones de brindar la información solicitada, ya que ésta se encuentra reservada mediante el número de acuerdo CTA-IR-509-040-E/2026; toda vez que se podría otorgar una ventaja injusta a aquellos que estuviesen interesados en participar en un futuro proceso de licitación de la obra, aunado a que se encuentra relacionada con el juicio de amparo 821/2026-III y podría ser perjudicial para el desarrollo del mismo”.
La Unidad de Transparencia ratificó la postura confirmando que la clasificación quedó asentada en el acuerdo CTA-IR-509-040-E/2026 del Acta 040-E/CT/MSLP/2026 emitida formalmente por el Comité de Transparencia municipal.
Cabe señalar que, pese a que el ayuntamiento negó la entrega de información justificandose en el acuerdo de reserva, no entregó ninguna copia de dicho acuerdo que permitiera conocer más detalles de dicha decisión o datos sobre reserva, como por ejemplo, el periodo que la información permenecerá en esa condición.
La reserva de la totalidad del expediente administrativo y técnico ocurre, pese a hacerse pública información sobre el proyecto por el propio alcalde Enrique Galindo Ceballos, quien en continuas ocasiones ha brindado datos sobre el proyecto del paso a desnivel de El Saucito y sobre los obstáculos para su ejecución.
El 16 de julio de 2026, el alcalde acusó un posible “sesgo político” en el retraso para liberar el proyecto, luego de que la Contraloría General del Estado señalara que la obra permanecía sin autorización mientras se revisaban dictámenes técnicos sobre sus posibles afectaciones y se resolvía un juicio de amparo promovido por habitantes de la zona. Galindo sostuvo entonces que el Ayuntamiento atendería los requerimientos adicionales formulados por la dependencia estatal para continuar con el procedimiento.
Cinco días después, el 21 de julio, el presidente municipal informó que su administración ya había establecido contacto con las cinco personas promoventes del amparo y manifestó su confianza en alcanzar un acuerdo mediante el diálogo para continuar con la obra. En esa ocasión insistió en que el proyecto también se encontraba detenido porque la Contraloría no había liberado las bases de licitación necesarias para su contratación.
Posteriormente, el 25 de agosto, el síndico municipal Víctor Hugo Salgado Delgadillo informó que la resolución dentro del juicio de amparo 821/2026-III obligaba al Ayuntamiento a dar a conocer el proyecto a los cinco ciudadanos quejosos, quienes habían argumentado no conocer la propuesta de intervención. El funcionario precisó que, mientras el juzgado resolvía el fondo del asunto, los procedimientos administrativos relacionados con la obra podían continuar.
Es así que la reserva mantiene fuera del conocimiento público los documentos que permitirían conocer la viabilidad de la obra, pese a que el propio gobierno municipal reconoció públicamente que existían requerimientos técnicos y administrativos pendientes y que una resolución judicial ordenó dar a conocer el proyecto a los promoventes del amparo.
