Antonio González Vázquez
El Frente Cívico Potosino (FCP) advirtió al Cabildo del Ayuntamiento de San Luis Potosí que, en caso de aprobar el pago de 12 millones de pesos al ejido Rancho Viejo La Libertad, incurrirían en “actos contrarios de derecho que podrían derivar en procedimientos de responsabilidad administrativa y penal”.
“¿Por qué el Ayuntamiento de San Luis Potosí está dispuesto a pagar 12 millones de pesos, antes de que un juez resuelva, si quiénes dicen ser dueños de los terrenos son o no los propietarios?”, cuestionó el Frente en un pronunciamiento en redes sociales.
Acusó que el presidente municipal, Enrique Francisco Galindo Ceballos, “busca involucrar al Cabildo en un acto ilegal al pretender pagar 12 millones de pesos a los ejidatarios como reparación de un supuesto daño que no ha sido determinado por ningún juez”.
Censuró que el alcalde, “de espaldas a la ciudadanía” firmó un contrato de “promesa de compra-venta, incluyendo una cláusula de confidencialidad con la intención de ocultarle a los potosinos el destino de dichos recursos”.
Aunque han pretendido argumentar que se trata de un acto de justicia y de reparación de daños, en realidad es un asunto con trasfondo político con el cual buscan evitar que el Juzgado de Distrito estudie a detalle el caso y resuelva si el puente construido en la administración 2018-2021 afectó los terrenos ejidatarios o no, precisó.
“Si resulta que no hubo ningún daño, el Ayuntamiento no deberá pagar ni un solo peso”, alertó.
En ese sentido, apuntó que “el equipo de Galindo Ceballos, junto con los ejidatarios intentarán que el Juzgado de Distrito aceptara el contrato de promesa de compra-venta para dar por concluido el caso afectando las finanzas públicas al no existir certeza sobre la propiedad de los terrenos y sentando un mal precedente”.
Por ello, el FCP exigió que “no se utilice a la justicia y a los derechos humanos como escudo para disponer de recursos públicos de forma ilegal con la única intención de golpear políticamente a sus adversarios”.
Advirtió al Cabildo que sesionará este miércoles para tratar el tema del contrato, que “deben saber que los están arrastrando a la comisión de actos contrarios a derecho que podrían derivar en procedimientos de responsabilidad administrativa y penal”.
Concluyen que “los recursos de los potosinos no se pueden entregar arbitrariamente, el Ayuntamiento debe esperar a que los procedimientos que iniciaron desde la administración 2018-2021 concluyan para que sea un Juez y no un político, quien con base en todas las pruebas que aportaron ambas partes, resuelva conforme a derecho y no a capricho o conveniencia”.
