Por Victoriano Martínez
La sobrepoblación de las cárceles estatales no es el único factor que puede explicar la baja calificación que le asignó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 al sistema penitenciario del Estado, dado que la caída en esa evaluación no presenta una relación directa con esa situación.
La caída en la calificación comenzó con el actual sexenio en tanto que la saturación de los reclusorios apareció hasta 2025, de acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional.
Septiembre de 2021 cerró con una ocupación de los reclusorios estatales del 87.69 por ciento, es decir, tenían aún espacio para recibir a 377 presos más. A pesar de no tener sobrepoblación, la calificación de ese año (con los últimos tres meses del nuevo gobierno) de 7.49 en 2020 a 6.66 ese año.
Para diciembre de 2022, el primer año completo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, tampoco había sobrepoblación en las cárceles estatales. Había 928 lugares disponibles que representaban una ocupación menor a las tres cuartas partes de su capacidad. Aún así, la calificación obtenida bajó a 6.05.
En diciembre de 2023 las cárceles comenzaban a llenarse, pero aún estaban lejos de la saturación. La ocupación era del 93.53 por ciento, lo que representaba que aún se tenían disponibles 209 espacios. La calificación cayó a 5.61.
Para diciembre de 2024 las cárceles se acercaron a la saturación. Sólo había 41 espacios libres, lo que significa que se llegó a una ocupación del 98.73 por ciento. No obstante, la calificación subió a 5.95.
En diciembre de 2025 se disparó la sobrepoblación en las cárceles estatales, en las que había recluidos mil 357 presos más de los que tenían capacidad de alojar. La calificación bajó a 5.4 para ese año.
El reporte más reciente en el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional reporta que para agosto de este año la sobrepoblación en las cárceles estatales es de 3 mil 124 presos de más, un 96.72 por ciento más. Las cárceles están ocupadas por casi el doble de los presos que pueden recibir.
Gallardo Cardona aseguró que se encuentran al 120 por ciento de su capacidad cuando en realidad están al 196.72 por ciento, y afirmó que se debe a que cerca de 80 por ciento de esa población corresponde a personas detenidas por narcomenudeo.
“Antes esas personas salían en 72 horas, con los cambios que hemos hecho con el Poder Judicial esas personas ya se quedan detenidas”, dijo. Lo que no dijo es que cada vez las cárceles tienen encerradas a más personas sin ser enjuiciadas.
Cuando llegó a la gubernatura, había 2 mil 492 presos del fuero común, de los cuales mil 55 ya contaban con sentencia. Es decir, el 57.66 por ciento de los presos esperaban a que se definiera su situación.
Para agosto de este año esa proporción se disparó: había 6 mil 58 presos del fuero común y sólo 811 contaba con sentencia. Estaban presas 5 mil 247 personas sin sentencia equivalentes a un 86.61 por ciento.
En otras palabras, mientras en septiembre de 2021 por cada preso sentenciado había 1.36 que esperaban su sentencia, para agosto de este año por cada sentenciado hay en las cárceles 6.47 presos que esperan su sentencia.
El hecho de que se multiplique casi por cinco el número de presos sin sentencia es posible que influya en al menos dos de los indicadores tomados en cuenta para la calificación que impone la CNDH: deficiencias en los mecanismos para presentar quejas por posibles violaciones a derechos humanos y la separación entre personas procesadas y sentenciadas.
Justificar la calificación con la sobrepoblación en las cárceles lejos de esclarecer la situación del sistema penitenciario exige una explicación sobre las razones por las que cada vez hay más presos sin sentencia, especialmente las que tienen que ver con el debido proceso.
