San Luis Potosí, México (16 de abril de 2015).- Ha transcurrido más de un año y cuatro meses de que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) compró el primer equipo de espionaje y más de medio año de que la agrupación Ciudadanos Observando denunció esa adquisición, lo que originó una cascada de declaraciones de diversos actores -empresarios, iglesia, autoridad, partidos políticos, etcétera-, sin ningún tipo de repercusión.

El titular de la PGJE, Miguel Ángel García Covarrubias, argumentó que el equipo fue adquirido para el combate a la delincuencia organizada y los detractores hasta catalogaron la compra como un atentado contra el derecho constitucional a la privacidad. Nada aconteció.

Unos tres meses después de la primera operación, en febrero de 2014, la procuraduría solicitó la compra de otro equipo para el rastreo y localización de comunicaciones. El caso fue también denunciado de manera pública y tampoco sucedió nada. Salvo la repetición de una nueva oleada de declaraciones.

Nada pasaba. Hasta ahora, tras la revelación de la conversación telefónica entre el candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Carlos Velázquez López y el titular de la Dirección General de Seguridad Pública, José Luis Urban Ocampo, surge la sospecha de que fue filtrada.

Así fue lo interpretó el Secretario General de Gobierno, Eduardo González Sierra (para quien de seguro no es sólo una sospecha), pues “hizo hincapié en que más allá del asunto está el tema de la filtración de una conversación telefónica, hecho que constituye un delito como tal”, reportó en su nota informativa el compañero Samuel Estrada. El servidor público hizo referencia con plena y absoluta conciencia de que en ese renglón tampoco sucederá nada.

Todo indica que la conversación entre el actor político y el jefe policiaco fue rastreada y filtrada con el objetivo de “acabar” con Urban Ocampo, sujeto de la ira mediática de directivos de una empresa de comunicación, como lo ha sido en el caso del juicio que emprendió contra una difunta. Nadie, en su sano juicio, asumiría que el servidor público es un santo.

Tampoco resultaría descabellado que la conversación telefónica fue proporcionada a la empresa mediática con la intención de congraciarse, en tiempos electorales, con el dueño y directivos de esta.

No sería el primer funcionario denostado en los medios que por motivos personales renuncia. Pero eso es lo de menos…lo grave es que ello confirma que los potosinos son sujetos de espionaje y que mucho peor, pese a ello no pasa nada.

En tiempos electorales los candidatos bien podrían estar siendo escuchados en sus conversaciones telefónicas. Sin embargo ninguno, lamentablemente, abordará por sí mismo el tema, a menos que alguno de ellos, como Eugenio Govea Arcos, se avive y con hábil oportunismo político le trate de sacar algo de ganancia política, como recién lo hizo con el tema de la Casa de Gobierno.