Derivado de la reforma político electoral se establecieron nuevas normas para el proceso electoral 2014-2015. En una de ellas se incrementó de 2 a 3 por ciento la cantidad de votos que debe acumular un partido político para poder sobrevivir y por ende conservar el flujo de recursos públicos suministrados por los partidos políticos.

El último párrafo de la segunda fracción del artículo 132 de la Ley Electoral del Estado dicta: “En lo que corresponde al financiamiento público estatal, el partido político disfrutará del mismo, siempre y cuando haya obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral anterior”.

La propia ley define como “votación válida emitida”, la que resulta de restar los votos nulos y anulados. El sufragio anulado “es aquel que habiéndose declarado válido en las casillas, las autoridades jurisdiccionales electorales determinan que en su emisión o durante la jornada electoral se actualizaron causales de nulidad”. El nulo es aquél al que la mesa directiva de la casilla le atribuye tal carácter, por no cumplir con las características que la ley establece, en el escrutinio y cómputo, y lo asienta en el acta.

De la última elección, hace tres años, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana reportó la recepción de un millón 106 mil 816. De repetirse el próximo 7 de junio el acopio de la misma cantidad los institutos políticos que no alcancen 33 mil 204 sufragios dejaran de “disfrutar” del financiamiento público.

Lo anterior viene a colación porque, durante lo que va de la campaña de proselitismo, algunos de los candidatos a la gubernatura (de manera especial de los partidos denominados “Morralla”) parecen tener como único objetivo la conservación del registro de su partido y en aras de alcanzar ese objetivo están dispuestos a ofrecer propuestas que en un principio les permiten o justifican ocupar espacios en medios impresos y digitales, así como tiempo en la radio y la televisión.

Antes de incursionar en la política, en el año 1994, Eugenio Guadalupe Govea Arcos trabajó en una casa de cambio en el municipio de Rioverde, en cuyo empleo –seguro- percibía un sueldo mucho muy inferior al que, apenas cuatro años después, obtuvo como miembro de la LV Legislatura local.

En el año 2000 asumió la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, donde permaneció tres años para de allí saltar de regreso al Poder Legislativo, ahora como integrante de la LVII Legislatura, cuyo ejercicio legal fue de septiembre de 2003 al mismo mes del 2006.

Ese mismo año se convirtió en Senador de la República y tres años después renunció al partido blanquiazul, cuya determinación adoptó luego de su fracaso en su intento por alcanzar la candidatura a la gubernatura en ese instituto político. Tras ese episodio retomó su escaño en el Senado, donde se alió a Dante Delgado Ranauro para posteriormente apoderarse aquí de la franquicia del Movimiento Ciudadano, del que ahora funge como candidato a la gubernatura.

Al hombre se le considera un político hábil y por eso no es de extrañar que una de sus primeras propuestas de campaña haya sido reducir las tarifas del transporte urbano, pues cuantos usuarios de ese servicio se opondrían a esa medida. Ninguno y es probable que muchos decidan su voto a favor de Govea gracias a esa propuesta.

Por eso no es de extrañar su último planteamiento: El cierre de la Casa de Gobierno, vivienda residencial en la que según la líder del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado, David Toranzo Ramos, le tiene acondicionadas habitaciones a sus mascotas.

La propuesta sonaría congruente si Govea hubiese declinado, al menos en una de las tres ocasiones que ostentó el cargo de diputado local, a recibir los cuantiosos recursos que tienen asignados los representantes populares por concepto de gestoría, comisiones y apoyo a fracciones partidistas, entre otros. Adicionales a la generosa y abundante dieta.