La endeble procuración de justicia en tiempos de García Covarrubias.
La Procuraduría General de Justicia del Estado vuelve a dar ejemplo de ineficiencia y precariedad en la investigación de los delitos que se le denuncian. Esa no es novedad, la procuración de justicia es uno de los rezagos más graves que deja la administración Toranzo.
En menos de dos meses, dos sacerdotes cayeron a la cárcel como presuntos autores de delitos de abuso sexual: José de Jesús Cruz Rodríguez y Guillermo Gil Torres. Ambos fueron a parar ante jueces que al inicio del proceso judicial, habían dado valoración de prueba fehaciente y contundente a las pruebas mostradas por el Ministerio Público.
Los presbíteros fueron detenidos por agentes de la Policía Ministerial o en un caso y en el otro, por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y luego fueron presentados ante el Ministerio Público.
El representante social actuó previa denuncia en uno de los casos y, en el otro, porque habría flagrancia, pero en esos dos casos por lo delicado de la denuncia y de los detenidos, se supondría un trabajo riguroso, exhaustivo, profesional y, sobre todo, responsable.
Es decir, que el Ministerio Público diera muestras de modernidad y que del mismo modo, diera ejemplo de cómo se realiza la investigación científica de los delitos, al menos eso fue lo que prometió Fernando Toranzo al inicio de su gobierno allá por 2009.
No fue así, el Ministerio Público consignó ante jueces del Ramo Penal a dos sacerdotes como responsables de haber cometido de abuso sexual. Es decir, el Ministerio Público evaluó que tenía pruebas suficientes para que los llevaran a la cárcel. Un año después de esos casos tan difundidos incluso a nivel nacional, los presuntos abusadores están libres porque no se acreditó ninguna responsabilidad.
Para decirlo más claro: no eran culpables lo que los acusó la Procuraduría General de Justicia a través del Ministerio Público.
La detención de esos religiosos se puede entender solamente en el contexto de impunidad que rodea el caso del también sacerdote, Eduardo Córdova, cercano a la pareja Toranzo-Ramos.
Cuando explotó en la mano del gobierno y de la iglesia la granada de fragmentación que fue el caso Córdova, ambos guardaron sepulcral silencio. Dejaron ir a Córdova por así convenir al gobierno o al gobernador y esposa así como a la alta jerarquía católica potosina.
De lo primero que se acusó al gobierno de Toranzo fue de encubrir al pederasta, de no hacer nada por las víctimas y de haber consentido los presuntos ilícitos de Córdova quien sigue prófugo, en el entendido de que en verdad lo anden buscando.
La liberación de los sacerdotes Cruz Rodríguez y Guillermo Gil, confirma que fueron detenidos y procesados como un ardid político a fin de acallar a una sociedad indignada por el caso Córdova.
Se percibe ahora, que los casos que se hicieron públicos de pederastia tras la fuga de Córdoba, fueron solamente para encubrir a ese sacerdote. La consigna fue: detenemos a unos cuantos padrecitos y que nadie hable de Córdoba.
Error de cálculo del gobierno y especialmente del procurador Miguel Ángel García Covarrubias, que como alguna vez lo denunció el doctor Martín Toranzo, ha politizado la procuración de justicia. Justicia para los amigos, dijo el hermano incómodo del mandatario estatal.
Eduardo Córdoba anda libre, eso es lo que querían desde el poder y los sacerdotes utilizados como chivos expiatorios por no decir, distractores, también están ya en libertad. Así se procura la justicia en San Luis Potosí.
