Por Antonio González Vázquez
Es cierto que no se debe votar a cambio de dádivas, pero también es cierto que las autoridades electorales han sido permisivas y han tolerado, en el transcurso de los años, que los partidos y sus candidatos compren voluntades al por mayor.
Es muy cierto que no se debe votar a cambio de un saco de cemento. El voto es un derecho que no puede estar para el mejor postor, pero eso solo es lo deseable, la realidad es otra tan descarnada como vigente.
No se debe tolerar que los potosinos salgan el día de las elecciones y voten porque reciben dádivas. Eso dijo el nuevo consejero electoral, Edmundo Fuentes. Es muy sencillo, será él y el resto del pleno de consejeros no permitir que eso ocurra.
Ya no hay cabida a la retórica, es tiempo de actuar en los hechos y el organismo local electoral ya bien podría haber hecho algo en sus ya próximos 25 años de existencia para eliminar esa táctica deshonesta de los partidos.
Pero no lo han hecho, tan es así que el nuevo consejero dijo que no podemos permitir que la gente vaya a votar porque le dan 200 pesos.
El Consejo Estatal Electoral, en ninguna de sus etapas, ha hecho lo necesario para combatir con eficacia ese tipo de fraudes. Dar una despensa o un Monedero electrónico a cambio del voto es comprar votos, pero ya se hizo y se seguirá haciendo porque no se castiga nada.
Las recientes elecciones en el Estado de México demostraron que el fraude electoral está más vivo que nunca y que las autoridades electorales están más dormidas que nunca. Es probable que eso ocurra también en San Luis.
Desde hace tiempo regalan tortillas y garrafones de agua u ofrecen “pedacitos” de tierra en el cementerio, pero desde la autoridad electoral no se dice nada. Lo saben, pero no hacen nada.
Está por cumplir 25 años y es una pena que se siga hablando de que no podemos permitir que se vote a cambio de dádivas.
Qué penoso que en un cuarto de siglo de vida, una autoridad electoral haya sido incapaz de modificar un ápice el talante fraudulento de los partidos y sus candidatos. Por una parte, por no promover de manera eficaz los valores del voto ante la ciudadanía y por el otro, al permitir que los partidos mantengan intacta su habilidad para engañar.
La burocracia electoral se limita a cobrar sus quincenas y luego a organizar las elecciones, sin dejar de cobrar, para luego dejar pasar presuntos actos ilícitos de partidos y candidatos.
Basta recordar que hace una semana, el fiscal electoral del estado (de cuyo nombre no vale la pena acordarse), reconoció que del último proceso electoral de 2015, se tienen al menos 100 expedientes abiertos, pero ninguno concluido respecto de actitudes presuntamente ilegales de partidos y candidatos.
La impunidad a todo lo que da. Eso lo saben todos los consejeros electorales.
Que un nuevo consejero pida no tolerar que se compre el voto, no deja de ser un acto de ingenuidad; en los hechos, la compra de voto tal vez sea lo más decente que hacen los partidos y sus candidatos.
Hay cosas mucho peores, como secuestrar funcionarios electorales, tomar una comisión electoral e incendiar material electoral. De cualquier modo no pasa nada.
Pero reconociendo sin conceder que la nueva integración de consejeros electorales ya no va a tolerar que se compre el voto, ojalá que lo cumplan, vigilen, denuncien y actúen en su momento; no se les vaya a olvidar el compromiso.
