Por Antonio González Vázquez
La Auditoría Superior de la Federación ha dado un golpe contundente que ha lastimado sensiblemente la populista imagen del alcalde Ricardo Gallardo.
Con solo revisar dos fondos de recursos federales entregados al Ayuntamiento de San Luis Potosí, la Auditoría Superior de la Federación encontró un escandaloso mal uso de los recursos públicos.
No se trata de “noticias viejas” de “temas del pasado”, de “golpes mediáticos”, nada de eso, se trata, de nueva cuenta, de señalamientos directos sobre el ejercicio presuntamente ilegal del erario municipal.
Más de 420 millones de pesos, es el monto de observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación. El Ayuntamiento gallardista está bajo sospecha ¿A dónde se fueron esos 420 millones de pesos?
La administración de Gallardo no soportó una revisión rigurosa al gasto de recursos federales y tal vez, creyendo que sería una revisión de una instancia “barco” como la Auditoría Superior del Estado, se gastó el dinero como si fuera propio y como si por mandato divino, nadie se atrevería a cuestionarles.
La Auditoría Superior de la Federación está mostrando el verdadero rostro del ayuntamiento de la capital: el de la opacidad, el que dice gobernar para los que menos tienen, pero se aprovecha de ellos.
La auditoría y sus resultados son tan contundentes que no hay escapatoria: el municipio debe reintegrar a la Federación el dinero que indebidamente utilizó o dispuso sin haber comprobado nada a los auditores.
Desafortunadamente, hay muchas cosas indecibles que se hacen a nombre de la gente que menos tiene. Como suele suceder, hay gobernantes sin escrúpulos que utilizan los recursos para darles un destino ajeno al que legalmente se le debería dar.
Como siempre ha habido en San Luis una entidad fiscalizadora corrupta, nunca se descubren irregularidades ni se aplican sanciones, es necesario esperar que sea una entidad federal la que lo haga.
Ahora, el gobierno municipal de Gallardo Juárez quien deberá resarcir el daño provocado a la hacienda pública federal.
El ayuntamiento intenta simplificar el grave problema en que está metido hasta el cuello y emitió una comunicación oficial luego de que la Contraloría del Estado reportó que el 95 por ciento de las observaciones de la ASF a los fondos federales en San Luis Potosí, corresponden al ayuntamiento gallardista de la capital.
Esta fue la postura municipal.
El Contralor Interno del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Enrique Alfonso Obregón, informó que en cuanto sea notificado el gobierno capitalino de manera oficial sobre las observaciones contenidas en el informe de resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se iniciará el procedimiento de solventación de las mismas.
Expuso que las instrucciones precisas del Alcalde Ricardo Gallardo Juárez son la de atender las observaciones con profesionalismo y sin demora, porque en esta gestión se cumple con la ley en todo momento y que la rendición de cuentas es un compromiso rector de la administración capitalina.
También señaló que a diferencia de otros ayuntamientos, al de San Luis Potosí se le practicaron tres auditorías, dos por parte de la ASF y otra por la Secretaría de la Función Pública, lo cual no es común pero demuestra la importancia que tiene el municipio para los órganos fiscalizadores.
“Las auditorías son parte esencial de la función pública y en su momento brindamos todas las facilidades para la ejecución de sus distintas etapas, el personal de la ASF acudió a la Unidad Administrativa Municipal, realizó inspecciones físicas, documental, ejecución de obras y pago de nómina”.
Comentó que ya se hizo público el informe de resultados “pero a nosotros aún no se nos ha notificado, cuando se cumpla esta formalidad comenzará a correr el plazo para las solventaciones que vamos a hacer de cada una de las observaciones, todo quedará sustentado y aclarado”.
Enrique Alfonso Obregón dijo que este es un tema que no se debe llevar al terreno político, se trata de manera estricta de asuntos de fiscalización que vamos a atender con el respaldo documental necesario, nuestra obligación es responder a la ASF y no nos distraemos con señalamientos de carácter político.
Ni idea tienen del problema, ya no hay solventaciones, están obligados a reintegrar los recursos, es decir, los 420 millones de pesos observados puesto que representan un probable daño a la hacienda pública federal.
