Astrolabio

Roberto Rocha

Parte 5

El último eje del Plan Estatal de Desarrollo de Juan Manuel Carreras fue el único de los cinco que logró aprobar, con siete rubros con calificación positiva, cinco con notas negativas y uno más considerado incalificable.

Los temas institucionales, como la creación del Sistema Estatal Anticorrupción y el fortalecimiento del uso de Datos Abiertos en la entidad, son las que permiten la aprobación de este eje para el sexenio 2015-2021.

En contraste, la desconfianza de los potosinos, la corrupción, la violencia política y las violaciones a derechos humanos son los puntos negativos que obtuvo la administración Carreras en este eje.

Eje 5: San Luis con Buen Gobierno

Vertiente 1: Gobernabilidad

Objetivo A: Consolidar el sistema democrático a través de la adecuada interlocución con las diferentes fuerzas políticas y organismos de la sociedad civil para fortalecer la gobernabilidad.

Aunque la participación ciudadana para las elecciones de 2021 fue la mayor en los últimos tres comicios para elegir gobernador del estado con un 58.4 por ciento, superior al porcentaje de votación de 2015 y 2009, este objetivo se considera reprobado por la violencia electoral en el estado.

Según el séptimo informe de Violencia Política en México para el proceso electoral 2020-2021, realizada por la empresa consultora Etellekt, en el estado se duplicaron las agresiones o delitos contra políticos durante este proceso electoral, en comparación con los comicios de 2018.

Para el proceso electoral que comenzó en septiembre del año pasado hubo en todo el estado 52 casos de agresiones o delitos contra políticos. Tres años antes, en los comicios presidenciales, se habían registrado 26.

Para este año, San Luis Potosí fue el séptimo estado con más casos de agresiones contra políticos en el país.

Vertiente 2: Prevención y combate a la corrupción

Objetivo A: Promover principios, valores y criterios de conducta de los servidores públicos

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Instituto Nacional de Geografía e Historia (Inegi), en 2019 el 50.2 por ciento de los potosinos consideraban la corrupción como el segundo problema más frecuentemente mencionado, solo debajo de la inseguridad, que tenía un 86.7 por ciento.

En esa misma encuesta, el 38 por ciento de los potosinos considera que la corrupción es “muy frecuente” en el estado y 47.1 por ciento la creen “frecuente”. En cambio, 12.8 por ciento la consideraron poco frecuente y 1.2 por ciento de los encuestados dijeron que nunca se presentaban casos de corrupción en San Luis Potosí.

El gobierno estatal de San Luis Potosí es la cuarta institución, de las que se usan en la encuesta, con más desconfianza de los potosinos, debido a que 79.5 por ciento de los encuestados dijeron que en el Poder Ejecutivo ocurrían actos de corrupción de manera frecuente y muy frecuente. Por todo esto, la calificación también es reprobatoria.

Objetivo B: Disponer de los elementos institucionales para la creación del Nuevo Sistema Estatal Anticorrupción, así como esquemas de auditoría y fiscalización.

El primer acto como gobernador de Juan Manuel Carreras fue la presentación de la iniciativa ante el Congreso del Estado para crear el Sistema Estatal Anticorrupción, misma que fue aprobada en el año 2016.

Para 2017 se crearon las leyes reglamentarias del Sistema Anticorrupción, mismo que obtuvo un titular en 2019 y algunos otros avances desde entonces. Por tanto, se considera un rubro aprobado.

Vertiente 3: Responsabilidad financiera y rendición de cuentas

Objetivo A:  Conducir con responsabilidad y transparencia las finanzas públicas de la entidad.

El gobierno estatal asegura que, de 2014 a 2019, los recursos públicos auditados al Poder Ejecutivo de San Luis Potosí pasaron de 4 mil 272 millones de pesos a 40 mil 386 millones. En el mismo periodo, también señalan que el número de observaciones al gasto del erario pasó de 17.3 a 1.7 por ciento.

Además, la deuda estatal se redujo de 21 mil 264 millones de pesos a 15 mil 187 millones. San Luis Potosí es con esto el séptimo lugar del país con menor deuda y quinto en menor deuda per cápita, con lo que este objetivo se considera aprobado.

Objetivo B: Alinear los ciclos presupuestales de la federación, el estado y los municipios para lograr una gestión pública estable y ordenada.

Aunque el texto del Plan Estatal de Desarrollo en este rubro carece de claridad, el concepto “ciclos presupuestales” no volvió a ser mencionado por el gobierno saliente en los documentos del sexto informe de gobierno. Este objetivo es incalificable.

Objetivo C: Fortalecer los mecanismos de financiamiento que permitan dar viabilidad al proyecto de desarrollo del Estado.

La administración Carreras también presume no haber incrementado la deuda pública estatal y que durante todo el sexenio solo se utilizaron 631 millones de pesos de créditos bancarios, en el 2016.

En cambio, la recaudación de ingresos propios creció un 61.6 por ciento del periodo 2010-2015 al 2016-2020, al pasar de 12 mil 672 millones de pesos a 20 mil 481 millones al cierre de este sexenio. Objetivo cumplido, entonces.

Vertiente 4: Gobierno abierto e innovador

Objetivo A: Impulsar políticas y mecanismos de participación, para fortalecer la confianza del ciudadano en las instituciones del estado.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental demuestra que solo 39.9 por ciento de la población potosina confiaba, en 2019, en el gobierno estatal, cuando el promedio nacional era de 40.5.

En 2017, la confianza de los potosinos en el gobierno estatal era de 33.9 por ciento, pero estaba por encima del promedio nacional, que entonces se encontraba en 29.3 por ciento. Es decir, la confianza de los potosinos creció seis puntos porcentuales, pero en el resto del país el crecimiento fue de 11.2 puntos.

Cuando se preguntó sobre gobiernos municipales, en San Luis Potosí la confianza está solo en 44.2 por ciento de los potosinos, mientras que el promedio nacional es apenas superior, de 44.3 por ciento. Este objetivo se considera reprobado.

Objetivo B: Impulsar procesos de innovación gubernamental.

De acuerdo con las cifras expuestas en el sexto informe de gobierno de Juan Manuel Carreras, en su administración se capacitaron 41 mil 743 trabajadores del gobierno del estado, más del doble que los 17 mil 644 del periodo 2009-2015.

La profesionalización se realizó en los temas de Gobierno Abierto, Honesto e Innovador; Cultura Institucional; Ética en el Servicio; Transparencia; Eficiencia; Eficacia en el servicio; Derechos humanos; Trato digno y respetuoso a la ciudadanía. Los datos son suficientes para considerar este un rubro aprobado.

Objetivo C: Desarrollar sistemas de transparencia en la administración pública estatal.

El Instituto Nacional de Transparencia (Inai) reconoció a San Luis Potosí entre los siete estados líderes del país en materia de instrumentación de la Alianza por un Gobierno Abierto, por las acciones del Plan de Acción Local implementado en el año 2017-2018.

San Luis Potosí es segundo lugar nacional entre la información publicada en la categoría estados de la web federal para Datos abiertos (datos.gob.mx). Por tanto, el objetivo está aprobado.

Objetivo D: Rendir cuentas a la sociedad sobre el uso y manejo de los recursos públicos.

El objetivo se considera cumplido porque la administración de Juan Manuel Carreras tiene un 99 por ciento de cumplimiento en sus obligaciones de transparencia, según califica la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información (Cegaip).

El sexenio de Fernando Toranzo, entre 2009 y 2015, tuvo un cumplimiento de 94 por ciento; y el de Marcelo de los Santos, de 2003 a 2009, registró 86 por ciento.

Vertiente 5: Derechos Humanos

Objetivo A: Lograr la efectiva implementación de la Reforma Constitucional y reforzar la prevención de violaciones de Derechos Humanos.

Mientras que las dependencias del gobierno estatal del sexenio de Fernando Toranzo recibieron mil 375 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por posibles violaciones de derechos humanos, la administración Carreras registró 229. Por lo menos en cifras, este rubro se considera aprobado.

Objetivo B: Garantizar el ejercicio, goce y protección de los Derechos Humanos a través de la implementación de acciones en planes institucionales y mecanismos de coordinación interinstitucional.

El gobierno estatal asegura que durante el sexenio se ha trabajado en el primer diagnóstico de derechos humanos en el estado, además de la creación del Programa Estatal de Derechos Humanos y la Unidad de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.

También se creó la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y se implementó la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).

Aunque estos son avances importantes y se redujo el número de violaciones a derechos humanos en la entidad, el objetivo plantea “garantizar” el goce de estos, por lo que al existir aún las violaciones a derechos humanos por parte de autoridades estatales, no puede considerarse aprobado.

Objetivo C: Crear esquemas de participación social para la construcción de políticas públicas y sistemas de información en materia de Derechos Humanos.

El sexto informe de gobierno de Juan Manuel Carreras, al hablar de la participación social en temas de Derechos Humanos, se refiere únicamente a la existencia del Premio Estatal de Derechos Humanos, pero no habla acerca de cómo eso provocó la mejora de las políticas públicas y los sistemas de información al respecto. Por eso, este rubro fue reprobado.

A+