Antonio González Vázquez
La violencia en San Luis Potosí borda ya en la barbarie.
Urge una estrategia efectiva para proteger a la sociedad, hoy vulnerable e indefensa ante los embates de la delincuencia.
Las autoridades se han enfocado en los delitos de alto impacto relacionados con la delincuencia organizada y han descuidado otros del fuero común.
Se hace necesario un viraje en una estrategia que por años no ha logrado resultados favorables.
El sexenio del gobernador Juan Manuel Carreras López vive sus últimos días, y obvia decir que ha sido un fracaso.
El trienio de Francisco Xavier Nava Palacios en la alcaldía capitalina también dejó mucho que desear, y testimonio de ello es que ocho de cada diez habitantes de la ciudad viven con miedo.
Con la primera luz del día de este sábado 21 de agosto, la policía descubrió en la colonia Los Molinos, municipio de San Luis Potosí, los restos de un hombre sin vida que estaba atado a un poste.
Habitantes de esa zona, lo masacraron a golpes y luego lo colocaron en ese poste como ejemplo mortal para los delincuentes. Encima del cadáver, pegaron una cartulina para dar cuenta de que los ladrones no sobrevivirán si van a robar a Los Molinos.
La gente se reúne, se moviliza y es cada vez más demandante de sus derechos, pero ante la incapacidad de las autoridades, la sociedad se organiza ahora para matar.
Desde hace años, el fenómeno del linchamiento se ha presentado como reacción desesperada de la población cansada de ser víctima de la delincuencia: el tejido social está roto por todos lados.
La información de incidencia delictiva del fuero común que reporta el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es contundente.
De los 29 mil 300 delitos denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en el período enero-julio del año fueron delitos contra el patrimonio.
En los primeros siete meses del año, el acumulado de denuncias por robo en sus distintas modalidades fue de 7 mil 334.
El 45 por ciento de todos los delitos del fuero común denunciados son patrimoniales. El hartazgo de la población tiene como fría razón esa estadística oficial.
Y pueden ser mucho más los delitos, pero no todas las víctimas lo denuncian, pues saben que eso no significa nada.
En el pasado mes de julio, se denunciaron 37.29 delitos patrimoniales diariamente.
En siete meses, mil 936 vehículos de motor han sido robados, es decir, 276.57 mensualmente. De eso se cansa la gente.
En ese lapso, el promedio mensual de robos a negocios fue de 136.42, y el de casa habitación, 99.42.
En lo que va del año, se han cometido linchamientos mortales en las colonias Simón Díaz, Las Flores, Los Limones y en Los Molinos. Todos en la capital del estado.
En el caso de San Luis Potosí, el próximo día 1 de octubre, Enrique Galindo Ceballos asumirá la presidencia municipal. Tiene una trayectoria amplia como mando policíaco. Se supone que del tema algo ha de saber.
Su paso como jefe de la Policía Federal en el gobierno de Enrique Peña Nieto no fue como para alcanzar condecoraciones. Por el contrario, enfrentó momentos muy complicados por sucesos en los que su personal incurrió en violaciones a los derechos humanos.
Su arribo a la presidencia municipal ya genera expectativa por la estrategia a seguir en materia de seguridad.
La ciudadanía reclama atención y eficacia, una estrategia efectiva que permita recuperar la tranquilidad. El reto es mayor y los capitalinos estarán siguiéndole paso a paso, día tras día.
Se viven momentos de barbarie como lo demuestran los linchamientos, y por ello, cualquiera que sea la estrategia a implementar, deberá traer resultados inmediatos. La gente ya no está dispuesta a esperar más.
Por citar solo unos datos: durante julio, en la capital se robaron 242 vehículos, 95 negocios y 48 hogares.
Nava no pudo, veamos que puede hacer Galindo.
