Estela Ambriz Delgado
El Consejo Hídrico Estatal (CHE) hizo un llamado para que se mantengan y fortalezcan las labores de inspección, vigilancia y seguimiento de pozos irregulares en el Altiplano y en las demás regiones del estado, como ya inició la semana pasada la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el municipio de Catorce, donde se concretaron seis clausuras como resultado de la organización y gestión ciudadana.
El presidente del Consejo, Jonathan Abraham Quintero García, expresó que el organismo reconoce y valora las acciones de vigilancia y participación de una ciudadanía informada, organizada y comprometida con la protección del agua, particularmente las realizadas recientemente en el municipio de Catorce, como parte de los acuerdos que se tomaron en el Festival del Agua de Wirikuta
Asimismo, reconoció la atención y acompañamiento de la Procuraduría Agraria, a través de su representante estatal Ricardo Enrique Rivera Sierra, y la respuesta de la Conagua, encabezada en la entidad por Darío Fernando González Castillo, a los reportes y solicitudes canalizados, cuyas acciones de inspección derivaron en la clausura de seis pozos en los que se detectaron diversas irregularidades.
El también investigador consideró que este resultado evidencia la importancia de articular la vigilancia ciudadana, la colaboración interinstitucional y la actuación responsable de las autoridades para la protección de nuestros recursos hídricos.
“Las comunidades y organizaciones sociales son fundamentales para identificar problemáticas en el territorio, mientras que las instituciones deben garantizar su atención mediante procedimientos transparentes, oportunos y apegados a derecho”.
Puntualizó que, desde el Consejo se considera que la justicia hídrica exige garantizar el acceso equitativo al agua, proteger los acuíferos y evitar prácticas que comprometan su sustentabilidad, la biodiversidad y los derechos de las comunidades.
Por ello, reconocen la respuesta institucional y hacen un llamado a mantener y fortalecer las labores de inspección, vigilancia y seguimiento en el Altiplano y en las demás regiones del estado.
“Este caso demuestra que una gobernanza hídrica sostenible requiere corresponsabilidad entre una ciudadanía informada, organizada y participativa, comunidades comprometidas con su territorio e instituciones que escuchen, investiguen y actúen”.
De igual forma, el CHE reafirma su disposición a continuar como espacio de diálogo y colaboración entre ciudadanía, comunidades, academia e instituciones, a través de promover una gestión del agua basada en la legalidad, la transparencia, la participación social, la sustentabilidad y el interés colectivo.
Quintero García concluyó el llamado, señalando que el agua es un bien común y su protección, una responsabilidad compartida. Para lo cual la participación ciudadana y la actuación institucional deben constituir los pilares de una gobernanza hídrica sostenible para San Luis Potosí.
