Estela Ambriz Delgado
El titular de la representación estatal de la Procuraduría Agraria, Enrique Rivera Sierra, y el organizador del evento, Eduardo Guzmán, abordaron diversas aristas de la problemática sobre la sobreexplotación del acuífero Vanegas-Catorce, el acaparamiento de la agroindustria y la tecnología antilluvia que utiliza, a la par que hicieron una invitación al próximo Festival del Agua Altiplano Potosino Wirikuta.
El funcionario y el organizador, en transmisión por redes sociales, trataron el contexto por el que surge este evento, que se realizará los próximos 6, 7 y 8 de agosto en las localidades Estación Catorce y San Antonio de Coronados, y que tendrá diversas actividades artísticas, así como conversatorios en torno al agua en la región.
Rivera Sierra hizo mención de que la defensa del acuífero y del Sitio Sagrado de Wirikuta se puede apoyar en el artículo 27 constitucional, en el que se establece que a partir de que el ejido y la comunidad son propiedad social, tienen la protección especial de que cualquier cambio de uso de suelo, renta o venta para minería, agroindustria u otra, deben pasar por la asamblea ejidal verificada, pues de lo contrario es nulo. Asimismo, mencionó la Ley Agraria y la Ley de Aguas Nacionales.
Indicó que el acuífero Vanegas-Catorce está sobreexplotado, por lo que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no debe dar más concesiones de este tipo y debe revisar las que ya están dadas, para analizar de qué manera estas empresas agroindustriales y hueveras las ostentan.
En cuanto a los recursos legales, agregó el Convenio 169 de la OIT y el artículo 2° constitucional, en los que se establece la obligación de una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe a las comunidades indígenas ante la posibilidad de proyectos en la zona. Aseguró que esto no es un trámite, sino un derecho adquirido plasmado en la Constitución Política.
Aunado a esto, mencionó la existencia del decreto de Área Natural Protegida (ANP) Sitio Sagrado de Wirikuta de 2011, ratificado en 2023 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador como sitio sagrado. Reconoció que el problema no es la falta de leyes o decretos, sino que las autoridades priorizan a las empresas por encima de estos.
Por su parte, Eduardo Guzmán informó que, durante el recorrido realizado para invitar a los núcleos agrarios a participar en el foro, percibieron una necesidad de hacer cumplir la ley en medio de un ambiente de desesperanza e impotencia, debido a que las empresas tomateras y chileras instaladas desde hace décadas han contado, en casi todos los casos, con el apoyo del gobierno estatal.
“Ha habido inversión, no existe un empresario que haya venido solo, han sido apoyados con dinero del gobierno y resulta fascinante la oportunidad que se abre de contar con funcionarios públicos con conciencia de servir a las comunidades, como Enrique y el procurador agrario nacional, Víctor Suárez Carrera”.
Respecto al caso de Wadley, hizo mención de que recientemente la población has detectado la apertura de más pozos y mostró evidencia fotográfica de ello. Dijo que a pesar de que se han hecho las denuncias correspondientes en la dirección estatal de la Conagua, les dicen que no se ha otorgado ningún permiso al ser zona en veda; sin embargo, al revisar en el registro aparece, por lo que hay una clara ilegalidad.
“No tendríamos que estar haciendo estos conversatorios, tendríamos que aplicar la ley, entonces tenemos que hacer este festival para poder atraer la mirada de las oficinas centrales de las distintas dependencias: Semarnat, Conagua, Procuraduría Agraria, para que vengan a ver este sitio sagrado, eminentemente importante por su biodiversidad”.
Guzmán añadió que es necesario proteger la Ruta Wixárika hacia los Sitios Sagrados de Wirikuta, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco, ante la proliferación de pozos ilegales, con el objetivo de que el festival sirva para ejecutar la ley, detener ese proceso y generar fuentes de trabajo por otras vías, como lo propone la Procuraduría Agraria.
En otra intervención, el representante estatal de la PA reconoció que hace falta la aplicación de las leyes y que, si bien el cambio de gobierno en 2018 ha intentado poner fin a las prácticas del periodo neoliberal que han entregado ejidos y comunidades a las transnacionales, no ha sido posible sacar de las dependencias a perfiles que trabajan a favor de las empresas.
Por ello, consideró que se requiere el fortalecimiento de la organización social, comunal y ejidataria para blindarse y que, con el apoyo de funcionarios comprometidos, se empujen los temas de la agenda de la Cuarta Transformación, y aseguró que el tema de Wirikuta está en la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Piden se detenga la agroindustria y su inhibición de la lluvia
Eduardo Guzmán destacó que hay un cambio evidente en la región que, si bien se relaciona con el cambio climático, también obedece a actos provocados, pues se tiene conocimiento de modificaciones climáticas mediante tecnología por la necesidad de tomateros, chileros y la granja industrial de huevo.
Explicó que a estos les afectan las lluvias naturales y dependen del riego extrayendo agua de los pozos, por lo que han modificado el clima utilizando tecnología antilluvia, lo que ha sido denunciado en múltiples ocasiones por comunidades de Cedral, Vanegas y Catorce sin que se haga nada al respecto.
Además de esto, se ha observado que la extracción de los pozos ha bajado el nivel de los mantos acuíferos. En algunas comunidades como Santa María del Refugio, ubicada al poniente de Catorce y que tenía pozos a ocho o diez metros de profundidad, estos ya se han secado por el uso excesivo.
Al respecto, apuntó que una señal positiva para un plan de justicia inmediata (que no necesita mucha inversión ni diagnóstico) es la aplicación de la ley para detener la expansión de la agroindustria de chile y tomate, pues debe negarse por completo la apertura de pozos para estas empresas.
Asimismo, el organizador del evento precisó que otro punto importante es la suspensión de la tecnología antilluvia en la región, ya que no se puede permitir más, y en el caso de los que operan, se les debe exigir la utilización de otras técnicas para protegerse de granizos y lluvia.
Para concluir, se hizo una invitación a asistir al festival, así como a colaborar con donativos económicos, pues se busca que puedan acudir poblaciones de todas las rancherías de la sierra y el bajío, para que sea por y para la gente campesina y habitantes. Se necesitan recursos para apoyarlos con gasolina y traslados, preparar comida para ellos, además del apoyo que ya han recibido de la Secretaría de Cultura y el gobierno federal.
