Texto y fotografías de María Ruiz
Un nutrido grupo de ciudadanos y representantes de centros de rehabilitación se congregaron esta mañana a las afueras del Congreso del Estado para manifestar su rechazo a una iniciativa de ley presentada por la diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas.
La propuesta, que busca prohibir el internamiento involuntario en centros de rehabilitación, ha encendido un debate profundo sobre los derechos humanos, la salud mental y el papel del Estado en el tratamiento de adicciones.
La diputada Aradillas Aradillas plantea reformas a la Ley de Salud Mental, la Ley de Prevención y Control de Adicciones y al Código Penal del Estado. Su objetivo: garantizar que ninguna persona pueda ser internada en un centro de rehabilitación sin su consentimiento o sin el aval de un familiar, tutor o representante legal. De no cumplirse esta disposición, el internamiento podría ser considerado como delito de privación ilegal de la libertad.
Aunque la propuesta se alinea con principios de derechos humanos y pretende homologarse con la Ley General de Salud, organizaciones civiles consideran que ignora la compleja realidad social y médica de las adicciones.
Frente al Congreso, Saúl Montenegro Mendoza, encargado de varios centros de rehabilitación y vocero de un colectivo de más de 150 espacios en San Luis Potosí, expresó la preocupación del gremio.
“Es muy difícil que una persona en consumo activo, o en crisis, tenga la claridad de decidir si quiere recibir atención. Esta ley limitaría el acceso a un tratamiento vital”, advirtió.
Montenegro explicó que los centros operan en condiciones complicadas, muchas veces recogiendo personas abandonadas por sus familias y sin respaldo institucional.
“Lo hacemos, porque nosotros también fuimos recogidos. Hay más de 10 mil personas internadas en estos espacios; todos los centros están llenos. Si esta ley se aprueba tal como está, muchos de ellos quedarían sin alternativas”.
El líder comunitario enfatizó que su postura no es de confrontación, sino de búsqueda de diálogo, por lo que hay una cita programada con la diputada Aradillas para discutir posibles modificaciones a la iniciativa.
“No pedimos que nos hagan un monumento, pero sí que se reconozca nuestro trabajo. Somos una sociedad civil organizada que está cubriendo una deuda histórica del Estado”, expresó.
También destacó la necesidad de políticas públicas integrales que consideren la salud, la educación, la cultura y el empleo como herramientas fundamentales para la reinserción social.
Otro punto crítico señalado por Montenegro es la falta de programas de reinserción efectiva para personas rehabilitadas.
“Muchos salen de los centros y lo primero que escuchan es: ‘No lo juntes, acaba de salir del anexo’. Hay un estigma brutal”, lamentó.
En ese sentido, propuso que los centros no solo ofrezcan tratamientos, sino también educación formal y formación técnica.
“Varios centros ya ofrecen primaria y secundaria. Con apoyo gubernamental, podríamos ampliar a preparatoria y carreras técnicas. También podrían crearse centros de día donde los jóvenes trabajen, ganen su dinero y regresen a sus hogares”.
Montenegro fue tajante al señalar que la propuesta legislativa carece de diagnóstico profundo.
“Parece que algunos diputados solo están copiando iniciativas. No se trata de copiar, se trata de entender una problemática que está creciendo sin freno: menores de edad que consumen drogas, familias colapsadas, comunidades sin acceso a salud mental.”
Recordó que el propio gobernador Ricardo Gallardo Cardona reconoció al inicio de su gestión la existencia de más de 40 mil personas con problemas de adicción en el estado.
“Si tenemos 10 mil en centros y quizá otros cinco mil en instituciones públicas, ¿qué pasa con los 25 mil restantes? ¿Quién les garantiza su derecho a la salud, a la educación, al trabajo?”, cuestionó.
