María Ruiz
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 183VG/2025, en la que reconoce violaciones graves a los derechos humanos cometidas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en diversos estados, incluyendo un caso particularmente grave en San Luis Potosí: la detención arbitraria, tortura y violencia sexual contra una mujer embarazada, identificada como QV-5.
De acuerdo con el documento, los hechos ocurrieron el 22 de febrero de 2011, cuando elementos del Ejército ingresaron por la fuerza a un domicilio donde se encontraba la víctima.
La mujer relató que fue golpeada, agredida sexualmente y amenazada, incluso después de advertir a los militares que se encontraba embarazada. Uno de ellos le respondió que “más valía que el bebé no naciera”.
Tras su detención, fue trasladada a un cuartel militar donde continuaron las agresiones físicas, incluyendo tocamientos, golpes en la cabeza y amenazas de muerte. Luego, fue trasladada por vía aérea a otra ciudad y puesta a disposición del Ministerio Público Federal.
Detenida y torturada: un proceso penal injusto
Aunque QV-5 fue acusada de delitos federales, su detención estuvo rodeada de irregularidades y fue obtenida bajo tortura, como lo confirmaron peritajes médicos y psicológicos posteriores.
En un dictamen de julio de 2013, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) concluyó que presentaba un trastorno por estrés postraumático derivado de tortura física y psicológica.
También se documentó una amenaza de aborto producto de las agresiones, por lo cual fue hospitalizada.
Después de años de proceso judicial, fue absuelta en 2019, lo que evidencia que las acusaciones carecían de fundamento legal sólido.
La CNDH subraya que, independientemente de su condición legal durante el proceso, QV-5 fue víctima de tortura, violencia sexual y tratos crueles, lo cual constituye una violación inaceptable a sus derechos humanos.
La Comisión también criticó que la Sedena, al ser requerida para colaborar en la investigación, negó tener información sobre los hechos o registros de su participación.
Exigen justicia y reparación del daño
La recomendación solicita a las autoridades involucradas reconocer públicamente su responsabilidad, brindar atención médica y psicológica especializada, así como reparación integral del daño a la víctima.
También exige investigaciones penales y administrativas contra los agentes responsables.
Este caso se suma a una preocupante serie de abusos documentados por la CNDH durante los años en que las Fuerzas Armadas participaron de manera activa en tareas de seguridad pública bajo un modelo que, en muchos casos, derivó en detenciones arbitrarias y violaciones a derechos humanos.
