Por Victoriano Martínez
Gabriel Rosillo Iglesias, contralor General del Estado, no se equivoca: la renuncia de Jorge Vera Noyola a la Fiscalía Anticorrupción no afecta ni compromete el combate a la corrupción por una simple razón… no existe. Se trata de una simulación que arrancó con el discurso de toma de protesta del gobernador Juan Manuel Carreras López, el 26 de septiembre de 2015.
Durante un año, la definición legal del Sistema Nacional Anticorrupción le permitió navegar con la bandera del “estamos esperando a ver cómo viene la Nacional para presentar la nuestra y que sea acorde”.
Incluso llegó a ofrecer, el 23 de agosto de 2016, a distintas organizaciones civiles que se reunieron con él en Casa de Gobierno, que sólo esperaba la aprobación de esas leyes para actuar en contra de los Gallardo porque conocía las pillerías que le reportaron… “y muchas otras más”, según les dijo.
Para hacer creíble su bandera, Carreras López aprovechó la existencia de la iniciativa preferente para simular prisa en integrar el Sistema Estatal Anticorrupción y mandó el 29 de septiembre de 2016 la iniciativa de ocho reformas y leyes al Congreso del Estado, que tendría que definirlas en un periodo de 45 días naturales.
No obstante, no fue capaz de hacer valer aquella prerrogativa y, en lugar de exigir a los diputados cumplir con su obligación, vencido el plazo el 13 de noviembre de ese año, optó por encubrir la violación constitucional por parte de los legisladores (los que después darían fama a la ecuación corrupta) y a petición de éstos, envió un oficio para quitar el carácter de preferente a sus iniciativas.
La iniciativa preferente aún sigue vigente en el artículo 61 de la Constitución local, pero desde entonces Carreras López no utiliza esa opción.
Con aquella maniobra, Carreras López ya no dejó lugar a dudas de que su bandera anticorrupción es falsa y todo lo que actúa en torno a ella es mera simulación. Los 45 días de la iniciativa preferente se convirtieron en 189, y fue hasta el 6 de abril de 2017 cuando los diputados aprobaron, incompleto, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), por la presión de cumplir plazos federales.
Dos meses y seis días después de aquella aprobación, en el Congreso estalló el escándalo de la ecuación corrupta. Carreras López evitó hacer pronunciamientos públicos al respecto pero, fuera de reflectores, operó para controlar los daños y salvar a uno que otro personaje involucrado. A la fecha no hay una sola sanción por ese caso.
El accidentado proceso para integrar el hoy todavía incompleto SEA dio cuenta del timing carrerista cuyo único objetivo, según se puede notar en la secuencia de hechos, es aplazar lo más posible el funcionamiento del Sistema, o de plano que nunca funcione. (Ver Caja Negra del 28 de julio de 2018 y Caja Negra del 13 de noviembre de 2019)
Por eso tiene mucha razón Rosillo Iglesias, quien en 2017 ejerció 2 millones 150 mil 368.60 pesos en un Sistema Estatal Anticorrupción inexistente: El combate a la corrupción no se ve comprometido con la renuncia de Vera Noyola porque el compromiso real lo tienen con la protección de la impunidad.
Además, la renuncia de Vera Noyola viene a fortalecer su actitud de impedir el funcionamiento de Sistema que, aunque este año se le asignó un presupuesto de seis millones de pesos, ni siquiera se ha integrado el órgano responsable de ejercerlos… a menos que los vuelva a ejercer el señor Contralor.
