Por Victoriano Martínez
Lo más destacado que ha logrado el Sistema Estatal Anticorrupción desde su creación en 2017 es que, cual reactivo, deja ver que tanto los de la herencia maldita como su heredero lo usan exactamente para lo mismo y el principal indicador está en el nombramiento del Fiscal Anticorrupción que, de brazo sancionador lo convierten en manto protector.
Jorge Alejandro Vera Noyola renunció el 9 de enero de 2018 como subsecretario de Enlace Interinstitucional del gobierno de Juan Manuel Carreras López como preparativo para poder ser nombrado como el primer Fiscal Anticorrupción 17 días después, el 26 de enero.
De empleado de Carreras López pasó a ser quien investigaría las eventuales denuncias de corrupción contra su anterior jefe y sus compañeros de trabajo, en un esquema que recibía un nombre: fiscal carnal.
Tanta era la sumisión del nuevo funcionario que soportó trabajar 207 días sin oficina propia. Un día ocupaba un escritorio muy cerca de las oficinas del Fiscal General, otro día algún rincón entre las mesas de los ministerios públicos, o entre los cubículos del área de “atención temprana”.
Cuando por fin el 21 de agosto de 2018 entró en vigor la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, quedaron definidas las facultades del fiscal anticorrupción, se le asignaron oficinas y un raquítico presupuesto.
Eran los tiempos de la ecuación corrupta y de voraces diputados que saqueaban el presupuesto del Congreso del Estado para presuntas ayudas sociales, y de denuncias del Frente Ciudadano Anticorrupción en contra del entonces alcalde Ricardo Gallardo Juárez por compras simuladas de medicamentos y por enriquecimiento inexplicable.
Por alguna razón, Vera Noyola comenzó a dar señales de avances en algunos de los casos que investigaba, al grado de que para enero de 2020 se comenzaron a filtrar versiones de presión por parte de Carreras López para proteger a los diputados y a Gallardo Juárez.
La presión provocó su renuncia el 31 de enero de ese año. Siete días después se nombró a Juan Alberto Camarillo Zavala como encargado de despacho de la Fiscalía Anticorrupción.
Camarillo Zavala llegó de Guanajuato presuntamente a reforzar las investigaciones y judicializar la carpeta de investigación sobre el caso de Sandra Sánchez Ruiz, la proveedora fantasma de más de 66 millones de pesos en medicamentos para el personal de confianza del Ayuntamiento encabezado por Gallardo Juárez.
No obstante, ni Vera Noyola ni Camarillo Zavala concluyeron ni judicializaron el caso que fue remitido a la Fiscalía General de la República, donde tampoco avanzó. Lo mismo pasó con las denuncias en contra de los diputados de la LX Legislatura.
Fue hasta el 6 de mayo de 2021 cuando se eligió a Felipe Aurelio Torres Zúñiga como Fiscal Anticorrupción después de que el Congreso del Estado lo había rechazado al votar una primera terna. Carreras López envió una nueva terna en la que lo volvió a incluir y en esa ocasión se concretó el nombramiento, una vez más, con la marca de ser un fiscal carnal.
Torres Zúñiga, cumplió con su papel de fiscal carnal, incluso ante la presión del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien en un momento pretendió utilizar la Fiscalía Anticorrupción como su aparato justiciero contra la herencia maldita.
“Si se va a quedar que entregue resultados, hemos presentado muchas denuncias, hay mucho material ahí en su oficina que hay que sacar, hay que empezar a trabajar y hay que empezar a pegar”, expresó Gallardo Cardona el 24 de abril de 2023, tras pedir la renuncia de Torres Zúñiga por falta de resultados.
Torres Zúñiga se mantuvo en el cargo hasta el pasado 31 de marzo, lo que podría tomarse como el alcance que tuvo el manto protector que Carreras López se garantizó al imponerlo cuatro meses y 20 días antes de concluir su sexenio.
Este miércoles, el Congreso del Estado nombró a Benjamín Pérez Álvarez, quien se desempeñaba como secretario general del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, nuevo Fiscal Anticorrupción. Una trayectoria ligada al gallardismo que, una vez más, reúne las características de un nuevo fiscal carnal.
No obstante, su nombramiento concluye el 5 de mayo de 2028, lo que lo convierte en manto protector para Gallardo Cardona apenas ocho meses más allá de la conclusión de su sexenio. O confía en que su grupo político continuará en la gubernatura o en que se trata de una fiscalía tan inoperante que se siente cubierto.
