Abelardo Medellín

El 6 de enero del 2020, la magistrada Olga Regina García López resultó electa por mayoría para ocupar el cargo como presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) y del Consejo de la Judicatura; sustituiría a Juan Paulo Almazán Cué en sus funciones como representante del Poder Ejecutivo y ocuparía el cargo en el periodo 2020-2021; hoy, a casi un año de cumplir su término como presidenta, García López presentará su informe de labores en la sala de pleno del Poder Judicial a la 1 de la tarde y, antes de que esto ocurra, en Astrolabio Diario Digital presentamos algunas claves para entender cómo ha sido el mandato de Olga Regina García.

¿CÓMO ENCONTRÓ EL PODER JUDICIAL?

De acuerdo con la información contenida dentro del portal Brújula ciudadana por el estado de derecho, que mide “los indicadores relacionados con la erradicación de la impunidad y la efectividad del derecho de acceso a la justicia en la entidad”, San Luis Potosí cerró el año 2019 con cifras poco halagadoras en lo que al Poder Judicial y sus atribuciones respecta.

En el apartado de “Hallazgos 2019, seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal”, se muestra que el estado ocupó el penúltimo lugar del país en lo que respecta a número de jueces por cada 100 mil habitantes.

De igual forma, se puede consultar el índice de confianza en el sistema de justicia penal, el cual, para la entidad potosina en 2019, fue de -5, lo cual la posicionó en el lugar 18 de los 32 estados del país.

Asimismo, el sistema judicial en el estado ocupó el lugar 27 en lo que respecta a porcentaje de sentencias condenatorias, información contenida en el apartado de “índice de impunidad”.

A las cifras del portal ciudadano, podemos agregar que la magistrada tuvo que enfrentar el reto de aplicar en el Poder Judicial local las reformas a la Ley Federal del Trabajo aprobadas en 2019 que contemplaban el reto de habilitar espacios específicos para que los procedimientos judiciales de este rubro fueran desahogados en etapa escrita (donde la demanda debe ser presentada por escrito e integrando las pruebas que el trabajador presente en juicio), y en etapa oral (donde el procedimiento da comienzo con la “audiencia preliminar”, la cual tiene por objeto determinar los hechos controvertidos, admitir las pruebas y citar a la “audiencia de juicio” dentro de los 20 días en tribunales laborales especializados).

EN PALABRAS DE QUIENES SABEN

María Elena Treviño Salinas es la secretaria general de la Organización de Trabajadores Sindicalizados de las Instituciones de Gobierno del Estado de San Luis Potosí (OTSIGE), grupo de trabajadores de gobierno con mayor número de sindicalizados en el Poder Judicial de la entidad potosina; Ella comentó en entrevista con Astrolabio Diario Digital que: “hemos visto el trabajo de la presidenta [Olga Regina] de una manera buena y eficaz, el de ella, pero al delegar el trabajo administrativo de sus subordinados, pues deja mucho que desear”.

Señaló que los trabajadores administrativos durante la gestión de Olga Regina García López han mostrado “mucha resistencia” en lo que respecta a los trámites que requieren los trabajadores: “te voy a dar un ejemplo, yo para hacer un trámite en el área de recursos humanos, si bien la magistrada ha dicho que los administrativos deberán hacer rápido movimientos como descuento para la caja de ahorro, pues sí descuentan rapidísimo, pero yo cuando intento sacar la caja de ahorro para los compañeros, resulta que son 15 días o 20 días y no la depositan, dicen que no hay dinero, pero es dinero de los trabajadores”.

Apuntó también que el trabajo de las áreas administrativas ha sido muy lento y de poca disposición, situación que no puede ser disculpada por la pandemia; sin embargo, insistió en que el desempeño de la magistrada como presidenta del Supremo Tribunal ha sido adecuado, ya que “se prestó al diálogo, soluciona los problemas, tiene propuestas, pero al momento de delegar, tiene la voluntad, pero hay resistencia de parte de los trabajadores de confianza”.

Agregó que el hecho de que ya estén funcionando, desde el 18 de noviembre, los juzgados de materia laboral en el estado, es una muestra de “la buena labor de la magistrada, así como la decisión de no cerrar los juzgados durante la pandemia, lugares donde muchos abogados postulantes tienen su trabajo, son muy acertadas esas políticas, deberá seguir funcionando el Poder Judicial de la manera en que ha funcionado”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí, Postulantes, Especialistas En Oralidad A.C., Efraín Torres Salazar, expuso que el gremio de abogados ha visto una buena disposición y apertura con los abogados: “primero para escuchar las demandas de los abogados y escuchar propuestas que tenemos al respecto, aunque lógicamente no se han concretado algunas de ellas, quizá por falta de tiempo, no lo sabemos, pero no es por mala fe”, destacó.

Al igual que Treviño Salinas, el presidente de la asociación de abogados remarcó la buena labor que se ha hecho con la aplicación del nuevo sistema de justicia laboral en el estado: “en materia laboral, ya hay juzgados, les falta mayor estructura y quizá más jueces, pero al menos le dieron cumplimiento a la reforma y en los términos establecidos […] pero sí es necesario que den entrada a más jueces y más personal para que operen como deben, están en proceso y pues, al menos respeto eso”.

Refirió, por igual, que en lo que respecta a juzgados civiles, familiares y mercantiles, estos están trabajando con un personal de a penas 60 por ciento, lo cual ha provocado un rezago considerable: “nosotros hablamos esto con la presidenta y ofreció entablar puntos de acuerdo con cada grupo de jueces, pero aún no se hacen las reuniones para lograr rescatar el atraso que se sufrió por la pandemia […] entonces debe de haber un mecanismo que acelere el renovar o subsanar este rezago que hay en todos los juzgados del poder judicial”.

Opinó que Olga Regina ha demostrado ser “buena” en su encargo durante este año de gestión, aunque “aún requiera de más espacio, más voluntad y dinamismo para que se ejecuten propuestas en beneficio, no nada más de los abogados sino también de la ciudadanía, porque si se retrasa el Poder Judicial se atrasa a la ciudadanía”.

Finalmente, ante la posibilidad de que Olga Regina García ocupe el puesto como magistrada presidenta por otro año para que pueda cumplir con sus encargos y pendientes, Torres Salazar consideró que su trabajo avalaría otro periodo: “al menos hasta ahorita sí da para eso […] la experiencia no es abundante, pero no desconoce el tema, si hasta ahorita trabajó con una actitud como para abrir juzgados y que se activaran los trabajos en todo el estado a pesar de la pandemia, eso es una decisión que llevaba responsabilidades y riesgos, pero la tomó y la sacó adelante, lo valoró en específico y no vemos que sea una mala decisión, en eso me apoyo para decir que puede seguir adelante”.

Cabe señalar que, de quedarse en el cargo como magistrada, Regina García tendría un 2021 complicado, ya que el Congreso del Estado determinó esta semana que el Poder Judicial no recibiría el 23 por ciento de aumento presupuestal que la presidenta había solicitado para mejorar el trabajo de los nuevos tribunales laborales, situación que provocará que la apertura de centros de justicia laboral en Matehuala, Rioverde y Ciudad Valles, sean pospuestos, así como tendrá que ser revalorada la posibilidad de construir una ciudad judicial en el municipio vallense.