Estela Ambriz Delgado
La Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina, A.C. (COCIHP) denunció la falta de apertura al diálogo del Ayuntamiento de Xilitla para con autoridades de 18 comunidades indígenas, quienes han solicitado que el presupuesto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) se ejerza de manera transparente y equitativa.
La COCIHP informó que las autoridades comunitarias reprueban la actitud del presidente municipal Oscar Márquez Plascencia, y del director de la Coordinación de Desarrollo Social (Codesol), Juan David Almaraz, debido a que no han dado respuesta a su solicitud de diálogo para que el presupuesto, que ronda en los 169 millones de pesos, se ejerza de manera transparente, justa, equitativa, proporcional y compensatoria, de acuerdo con el artículo 2 constitucional.
Lo que buscan las comunidades de Pilateno, Petatillo, Amayo de Zaragoza, El Cristiano, La Victoria, Miramar, El Sabino, San Rafael, Coronel José Castillo, Itztacamel, Apetzco, Cuartillo Viejo, Tierra Blanca, San Antonio Xalcuayo 2 y La Trinidad, es poder determinar las obras que se proyecten en cada una de sus demarcaciones, pero las autoridades no les responden a pesar de que hace más de tres meses les aseguraron que se establecerían mesas de trabajo.
El 31 de mayo recibieron una respuesta oficial firmada por el secretario general del Ayuntamiento, Luis Alberto Salinas, en la que se indicó que se llevarían a cabo mesas de trabajo con Codesol, pero a la fecha esto no ha sucedido. Además, han intentado buscar al alcalde, quien ya sea que no lo encuentren, caiga en contradicciones y afirme que pronto se fijarán fechas.
“Pareciera que buscan que comunidades se desistan a ejercer sus derechos, a fin de tener manos libres para manejar a su antojo los recursos públicos como lo han hecho en el pasado trienio, y que hoy repiten. Pero las comunidades están resueltas a continuar su lucha legal y legítima”, manifestó la COCIHP.
De igual forma, apuntó que de 2022 al 2025, Xilitla ha recibido poco más de 1mil 278 millones de pesos, principalmente del Ramo 28 y 33; de estos, los recursos del FAIS acumulados son poco más de 630 millones de pesos, de los cuales sólo se ha aplicado por lo mucho el 13 por ciento en las comunidades indígenas, cuya población representa el 70 por ciento del total municipal.
“Estos funcionarios aparecen en todo tipo de eventos de parafernalia, pero no se les encuentra en sus oficinas y desatienden sistemáticamente las necesidades de la población. No tienen el menor empacho en violentar los derechos de la población y comunidades indígenas. No respetan los acuerdos de asamblea en cuanto a la aplicación del presupuesto en obras de infraestructura. Hacen lo que les viene en gana con los recursos públicos”.
Por ello la Coordinadora considera que las comunidades indígenas tienen toda la razón para exigir que el presupuesto del FAIS se aplique de acuerdo con el número de habitantes, a fin de garantizar que todas las comunidades, localidades y la zona urbana tengan obras en el monto que les corresponde.
Explicó que dicho monto se calcula multiplicando 3 mil pesos por su número de habitantes, y citó algunos ejemplos, como el de la cabecera municipal con 7 mil habitantes, lo que correspondería a 21 millones de pesos en obras; el ejido El Cristiano con 11 mil 757 habitantes, su equivalente en obras es de poco más de 35 millones de pesos; y Pilateno, que tiene cerca de 700 habitantes, le tocaría un monto aproximado de 2 millones 100 mil pesos en obras.
Sin embargo, ven difícil que en este año el presupuesto pueda ser destinado en esas cantidades a obras de infraestructura social sumamente necesarias como depósitos comunitarios y familiares para almacenamiento de agua, pavimentación de calles y caminos, mejoramiento de centros de salud, mejora de la vivienda, alumbrado público, construcción de galeras y oficinas comunitarias.
“Es claro que entre menos información tenga la ciudadanía, a estos funcionarios les es más cómodo mediatizarla a través de migajas y pachangas para quedarse con la mayor parte del presupuesto público que desde la Federación se destina a obras de infraestructura social”.
