Estela Ambriz Delgado
El Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM) señaló que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Bienestar han retrasado las ministraciones, desinformado y violentado los derechos de las comunidades.
Esto pese a las afirmaciones del INPI, que niegan que San Luis Potosí haya sido excluido del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM).
Juan Felipe Cisneros Sánchez, integrante del observatorio, apuntó que a la fecha en que fue elaborado el documento Coordinación fiscal, infraestructura social y pueblos indígenas: Los pendientes que nos deja el PPEF 2026 del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP), en el mes de agosto, efectivamente las comunidades del estado no habían recibido ni un centavo de los recursos del fondo, por lo que no se puede hablar de información falsa.
Fue hasta el mes de septiembre y octubre cuando comenzó la ministración de recursos provenientes de la Tesorería de la Federación, tras cinco meses de retraso y quedando sólo tres meses para su ejercicio, pues los lineamientos del FAISPIAM estipulan que se debe cerrar en el mes de noviembre su ejercicio.
El activista consideró que el INPI y Bienestar no pueden acusar de desinformación, cuando quien ha desinformado son ambas instituciones, además de que han abusado y violentado los derechos de las comunidades. Igualmente apuntó que sus titulares a nivel federal y estatal están más ocupados en usar los recursos públicos para sus pretensiones políticas.
Hizo mención de que, sumado al retraso en la ministración de recursos para San Luis Potosí, el decreto inicial del 13 de marzo daba un monto de 502 millones de pesos para las más de 536 comunidades indígenas. Sin embargo, Bienestar emitió un segundo decreto en el que se disminuyó el presupuesto 56 millones 736 mil 536 pesos, lo que se debió al error de Bienestar e INPI de no tomar en cuenta el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas para determinar inicialmente la cobertura del programa y su consiguiente distribución presupuestal.
Tal omisión dejaba fuera a diversas comunidades, por lo que en lugar de solicitar una ampliación presupuestal, se decidió emitir una fórmula que permitiera “estirar” el presupuesto inicial y redistribuirlo.
Cisneros Sánchez recordó que por esta razón diversas comunidades indígenas tenek y náhuatl, decidieron ampararse para defender el presupuesto asignado inicialmente. Puntualizó que estos juicios no hubieran sido admitidos sino existiera materia en el reclamo, y tan es así que los juzgados Quinto y Séptimo de Ciudad Valles otorgaron suspensiones definitivas y provisionales para protegerles de tal recorte.
“La Secretaria de Bienestar e INPI, en lugar de reconocer que sus omisiones provocaron un recorte, decidieron litigar contra las comunidades, sabiendo que ellas tienen la razón para tratar de ocultar su ineptitud. No sólo litigan contra las comunidades, sino además les han bloqueado sus cuentas, presionado por diversas formas y vías para que se desistan, emprendiendo campañas de desinformación y criminalización contra autoridades y representantes indígenas, lo cual es un abuso del poder público”.
Señaló también que por esta razón el pasado 2 de diciembre, Ma. Lucrecia Martínez Galván, jueza séptima de Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad Valles, resolvió multar a la titular de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, por haber incumplido con la suspensión decretada.
Esta se concedió para efecto de que las autoridades responsables se abstengan de aplicar la reducción del presupuesto del FAISPIAM, lo que no implica que no se realice la entrega de dichos recursos a las comunidades quejosas, contrario a los mandamientos de reserva que ha emitido la responsable.
